La oposición abandonó el recinto al momento de tratar el proyecto pero el Frente de Todos pudo convertirlo en ley. Previamente, la Cámara alta convalidó también la ley de educación a distancia.
Pese a las trabas opositoras, el Senado sancionó por unanimidad la nueva Ley de Alquileres. Empecinados en que sólo se presentarán para debatir proyectos vinculados a la pandemia del coronavirus, los legisladores de Juntos por el Cambio abandonaron el recinto virtual y no se dispusieron a tratar la iniciativa.
La sesión especial fue convocada para las 14 pero comenzó a las 14:37 para el debate no sólo de este proyecto sino del de educación a distancia en tiempos de excepción y la suspensión por 180 días de la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), incluidas en la Ley macrista de Apoyo al Capital Emprendedor.
La semana pasada, la oposición bloqueó el tratamiento de la nueva Ley de Alquileres al esgrimir que el dictamen de comisión tenía sólo dos días y no siete. Es lo que se conoce como un tratamiento sobre tablas. Ingresar al temario del debate con menos de una semana de aprobado el dictamen. Para habilitar su tratamiento es necesario contar con los dos tercios de los votos y es lo que Juntos por el Cambio no quiso dar, por lo que los nueve millones de inquilinos debieron esperar un siete jornadas más.
El debate en torno a los alquileres comenzó cerca de las 18:30, después de haber sancionado por unanimidad la ley de educación a distancia. La senadora Ana Clara Almirón puntualizó las claves del proyecto y aseguró que la normativa busca brindar garantías mínimas para los inquilinos y regular la relación entre éstos, los propietarios e intermediarios. "Estamos demostrando que no solamente la salud es un derecho, sino también el acceso a la vivienda y debe ser el Estado quien lo garantice", sostuvo y destacó que "quedarse en casa", como estipulan los cuidados ante la pandemia, sólo será posible si se regula y brindan mayores herramientas de acceso.
Almirón se lamentó por la ausencia de la oposición, sobre todo por parte del radicalismo, teniendo en cuenta que el proyecto había generado mucho consenso. De hecho, la Ley de Alquileres ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados, que la aprobó en noviembre del año pasado con 191 votos afirmativos, cero negativos y 24 abstenciones. "Entiendo que no puedan sentarse a votar esta ley porque es una ley que amplía derechos", resumió.
La senadora Silvina García Larraburu fue una de las autoras del primer proyecto de ley de alquileres, aprobado por mayoría en el Senado en 2016 pero que "por una decisión de Mauricio Macri fue cajoneado" y mantuvo en incertidumbre a millones de inquilinos. "Necesitamos terminar la jornada con la aprobación de este proyecto que es tan esperado por una gran cantidad de personas que está viviendo situaciones dramáticas y que no tiene más opción que pagar el alquiler", sostuvo y agregó que "este Senado va a ampliar derechos".
Por su parte, Beatriz Mirkin aseguró que "el tema de la vivienda, la comida, el trabajo y la educación no pueden ser dejados de lado en un momento de tanta incertidumbre" para todos los argentinos. Un claro mensaje para la oposición que decidió retirarse argumentando que la ley de alquileres no estaba vinculada a la pandemia.
En sintonía con sus compañeras de banca, la senadora Nancy González aseguró que la Cámara Alta tiene que "dejar en claro que la oposición, habiéndose levantado del recinto, está en contra de los nueve millones de inquilinos" y apuntó que "a Cambiemos no le importan las necesidades de la gente". Ni ahora ni en los últimos cuatro años porque "este proyecto de alquileres estuvo cajoneado porque no les importó darle una vivienda digna a quienes no podían tener un techo propio".
Con la sanción de la ley, los inquilinos tienen ahora una nueva norma de referencia. Sin embargo, no hay que olvidar que ésta regirá para los nuevos contratos y que continúa vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández en contexto de cuarentena. Por eso llama mucho la atención que la oposición haya determinado, de forma arbitraria, que los alquileres no forman parte del temario de pandemia.
El DNU estipula que hasta el 30 de septiembre los contratos no podrán registrar aumentos, las inmobiliarias o propietarios deben proporcionar un medio electrónico de pago (en caso de no hacerlo, el inquilino puede optar por no pagar en efectivo), se suspenden los desalojos y se prorrogan automáticamente los contratos. La medida es temporaria y busca darle una respuesta al sector compuesto por nueve millones de argentinos pero no es definitiva, por eso la importancia de la sanción.
La sesión estuvo signada por cruces importantes en torno a la suspensión de la constitución e inscripción de las SAS, una iniciativa que fue presentada por el senador neuquino del Frente de Todos, Oscar Parrilli. Desde la oposición se esgrimió que el proyecto no está vinculado a la pandemia y que recorta posibilidades de generar nuevos empleos.
Las SAS fueron creadas por iniciativa del gobierno de Mauricio Macri para que los emprendedores pudieran registrar sus Pymes en menos de 24 horas por Internet. Sin embargo, eso generó la creación de sociedades "sin control del Estado", según argumentó el actual oficialismo.
Las claves de la Ley de Alquileres
• Regular el precio por un promedio entre inflación y salario. Las actualizaciones serán anuales y no semestrales. Además, el promedio terminará con la arbitrariedad de los aumentos que pueden llegar, a veces, hasta a duplicar el valor previo de la propiedad.
• Regular expensas. Los inquilinos no pagarán los arreglos que no les corresponden. Las expensas extraordinarias deben ser abonadas por el propietario.
• El contrato pasa de dos a tres años. Para generar mayor certidumbre a la hora de realizar una mudanza, se extiende el período de vigencia de los contratos. Ésto también evita hacer grandes desembolsos de dinero en cortos plazos de tiempo.
• Obligatoriedad de registrar todos los contratos de alquiler por AFIP. El objetivo es terminar con la clandestinidad de los convenios y que todos estén registrados ante las autoridades, con los impuestos correspondientes.
• El depósito será de sólo un mes. Será válido por los tres años de alquiler al valor del primer mes de éste, con el fin de evitar el pago de altas sumas de dinero al ingresar a una vivienda.
• Se facilita la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer los arreglos y descontarlos del alquiler. Si el caso no es urgente, el propietario tiene diez días para hacer la reparación. Si es urgente, los inquilinos pueden avanzar con las refacciones y cobrárselas directamente del valor del alquiler.
• El inquilino no está obligado a pagar tasas e impuestos que gravan la propiedad. Hace referencia a tributos como el ABL, ARBA u otros que graven la propiedad, que no es del inquilino.
• Aviso con tres meses de anticipación si deciden no renovar el contrato. Los propietarios deberán informar esta decisión con el tiempo necesario para que el inquilino pueda buscar otra propiedad. Hasta el momento, podían hacerlo cuando quisieran.
• Crean organismos de control y defensa de los derechos de los inquilinos en todo el país.
• Desalojos expess y el ingreso de los bancos a la intermediación del alquiler como garantes. Si bien se contarán con mayores opciones para garantías, hay cuestiones que generan controversias. Son puntos incorporados por Juntos por el Cambio en la media sanción de Diputados. En caso de registrar demoras en el pago, el propietario puede intimar al inquilino y darle diez días corridos para abonar. En caso de no hacerlo, se lo podrá desalojar. Por otra parte, el aval bancario ingresa como posible garantía a ser pedida por el dueño del inmueble a la hora de firmar un contrato.
Ley de educación a distancia
Más temprano, la Cámara alta por unanimidad la ley de educación a distancia en una nueva sesión virtual en la que la oposición votó a favor de la norma, pero se desconectó luego de la videoconferencia tras objetar la inclusión de temas no vinculados a la pandemia de coronavirus.
La primera normativa sancionada ayer busca regular la modalidad de enseñanza a distancia implementada desde el comienzo del aislamiento dispuesto el 20 de marzo pasado.
En representación del Frente de Todos, la senadora del Frente de Todos por San Juan Cristina López Valverde explicó que lo que se busca con esta iniciativa es "darle un marco legal a las decisiones que se ha visto en la obligación de tomar el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en el marco de la pandemia".
"Con esta ley se refuerza el derecho a la educación individual y social", sostuvo la legisladora del oficialismo y remarcó la característica de "excepcionalidad" que tiene esta modalidad de enseñanza al señalar que "la educación presencial es irreemplazable".
Por Juntos por el Cambio, Silvia Giacoppo (Jujuy) expresó que la propuesta "es necesaria" porque "garantiza continuidad al derecho a la educación" y señaló que "se debe garantizar el efectivo cumplimiento para los más vulnerables para que esto no sea solo un canto de sirena".
La nueva normativa de educación a distancia establece como "una excepcionalidad" a la modalidad de enseñanza en situaciones de emergencia.
Deberá contar con una declaración previa del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación o con la jurisdicción según corresponda, cuando la escolaridad presencial sea inviable, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos.
En el marco de esta excepcionalidad, deberán adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente.
Asimismo, deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad y la adopción de condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
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