En tribunales creen que la demanda al presidente por supuesto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público será desestimada por tratarse de un caso “no judiciable”, ya que dicha expropiación aún no sucedió.
Juntos por el Cambio fue a la Justicia en defensa de Vicentin, investigada por defraudación al Estado por los créditos irregulares y millonarios otorgados por el Banco Nación.
Dirigentes del macrifascismo presentaron una denuncia en Inodoro Py contra el presidente Alberto Fernández por el proyecto de expropiación de la empresa que fue el principal aportante de la campaña de Miauricio Macri Blanco Villegas y que se benefició con los fondos otorgados por el ex director de la entidad bancaria, Javier González Fraga.
Tras el sorteo de rigor, la denuncia recayó en el Juzgado Federal 1, a cargo de María Servini. Con las firmas de Waldo Wolff, Pablo Torello, Gisella Scaglia , Federico Angelini Álvaro de Lamadrid, Marcela Campagnoli y Luis Petri el planteo es por supuesto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se trata de la primera denuncia contra Alberto Fernández desde que asumió la presidencia. “Dejen de usar la Justicia con fines políticos y aprendan a hacer política”, fue el mensaje que les envió el Jefe de Estado.
La demanda de los globoludos fascistas se da luego del Decreto presidencial 522/20, que estableció la intervención de la firma por sesenta días. Sin embargo, la denuncia es sobre un hecho que aún no sucedió, es decir, la expropiación de Vicentin, que deberá ser establecida por una ley del Congreso. Por eso, en tribunales creen que será desestimada por tratarse de un caso “no judiciable”, ya que dicha expropiación aún no sucedió.
"El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley", argumenta el breve texto de tres páginas que ingresó a Inodoro Py en forma electrónica.
Según señala, además, la Constitución "prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de personas o gobierno alguno". Los y las dirigentes opositores se animaron, incluso, a decir que quienes tomen una decisión como la de expropiar a una empresa, que según ellos es inconstitucional, “serán considerados infames traidores a la patria”.
Para los denunciantes no hay motivos que “justifiquen la intromisión del Poder Ejecutivo en un procedimiento concursal, más que como parte, si tuviera un interés legítimo”. El Presidente Alberto Fernández expresó en las últimas horas que ese argumento “es un disparate” jurídico.
Lo cierto es que no sólo la ley no impide un procedimiento de este tipo, sino que hay ejemplos de empresas concursadas que fueron expropiadas por el Congreso. El caso más emblemático fue el del Hotel Bauen. Recuperado por sus trabajadores y en proceso de quiebra, el Parlamento votó su expropiación, ley que luego fue vetada por el hijo bobo de Franco Macri.
De esta manera los/as Diputados/as de Juntos por el Cambio salieron a defender en los tribunales a una empresa que está denunciada por fraude al Estado. El juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita tienen en sus manos la denuncia del actual Director del Banco Nación, en la que está imputado su antecesor Javier González Fraga. Es porque la cerealera obtuvo créditos millonarios por parte de esa entidad, a pesar de no haber tenido los avales correspondientes y en medio de su proceso de quiebra. En total, recibió más de dieciocho mil millones de pesos, de los cuales casi seis mil millones les fueron otorgados en diciembre de 2019, días antes de la salida del nefasto régimen macrifascista. Además de González Fraga están imputados los dueños de la empresa que fue aportante de la campaña de la alianza de derecha Cambiemos, Gustavo Nardelli y Alberto Padoán.
En paralelo el Estado nacional concretó, este jueves la intervención de Vicentín. El subinterventor Luciano Zarich ingresó a la sede administrativa de la empresa en la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, junto al escribano oficial Carlos Gaitán y directivos de la compañía que en diciembre pasado entró en cesación de pagos.
Además, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo viajaron a la localidad santafesina de Reconquista para reunirse con el juez en lo Civil y Comercial, Fabián Lorenzini, quien tiene a su cargo el concurso de acreedores.
Fuente: nota de Sofía Caram para Página/12
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