"El Poder Ejecutivo no puede ni debe meter preso ni liberar a nadie", advirtió Cafiero

La declaración del jefe de ministros se conoció en una jornada marcada por la presentación ante la Suprema Corte bonaerense de un recurso de queja por el otorgamiento de prisiones domiciliarias durante la pandemia de coronavirus y por el pedido de juicio político contra un juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reafirmó ayer que "el Poder Ejecutivo no puede ni debe meter preso ni liberar a nadie", debido a que esas son decisiones que competen al Poder Judicial, con lo que rechazó cualquier intento por relacionar al gobierno con el debate abierto sobre las prisiones domiciliarias en medio de la pandemia de coronavirus.

La declaración del jefe de ministros se conoció en una jornada marcada por la presentación ante la Suprema Corte bonaerense de un recurso de queja por el otorgamiento de prisiones domiciliarias durante la pandemia de coronavirus y por el pedido de juicio político contra un juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca.

"Nadie puede estar tranquilo si hay un genocida o un violador en libertad. A la gente le provoca angustia y eso es aprovechado por un sector opositor con mucha mezquindad", consideró Cafiero en declaraciones radiales.

El funcionario hizo referencia a los intentos por vincular al gobierno con una función que es de la órbita de la Justicia y que tiene que ver con otorgar prisiones domiciliarias a presos en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Lo que tiene que quedar claro es que el Poder Ejecutivo no puede ni debe detener, ni meter preso ni liberar a nadie" y por ende "no es real vincular al gobierno con decisiones judiciales", insistió el jefe de Gabinete, quien advirtió que "si hubo errores o ligerezas en generar alivio en detenciones" los que lo hicieron deben "dar respuestas" y recordó que "los jueces son responsables de las decisiones que toman".

Ante el avance del coronavirus en el país y las medidas de aislamiento social dispuestas para mitigar la propagación del virus, en sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), abogados defensores de personas privadas de su libertad elevaron a la Justicia pedidos de prisión domiciliaria.

Ante estos pedidos, la Cámara Federal de Casación fijó posición y recomendó que se analicen los casos de presos que integran la población de riesgo de contagio, es decir mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con enfermedades preexistentes, que estuvieran vinculadas a delitos leves.

Abogados defensores de reclusos elevaron en los últimos días a la Justicia pedidos de prisión domiciliaria, requerimientos que la Cámara Federal de Casación recomendó analizar en el caso de presos por delitos leves y con riesgo de contagio.

En tanto, el fiscal de Casación bonaerense Carlos Altuve preparó un recurso de queja ante la Suprema Corte provincial para que se declare inconstitucional a la acordada del Tribunal de Casación que habilita la prisión preventiva de quienes estén dentro de grupos de riesgo.

El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, afirmó que esta presentación busca "revertir un pronunciamiento que provocó el desequilibrio del sistema" y explicó que el máximo tribunal de la provincia deberá primero tratar su admisibilidad y luego "considerar si el fallo fue correcto".

"Si el hábeas corpus fuera dejado sin efecto, se revertirá la decisión y las personas deben reingresar al sistema hasta que los jueces naturales y fiscales de la causa resuelvan otra cosa y el fallo quede firme", detalló Conte Grand.

Además, planteó que, si se detectaran irregularidades, "se abren tres alternativas", que implica una "investigación disciplinaria" si se tratara de un integrante del Ministerio Público, una "presentación ante la Corte Suprema", en el caso de que fuera un juez, que además, "de considerarse necesario" podría derivar también en una "denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento".

De hecho, en las últimas horas, un pedido de juicio político contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca Claudio Brun, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones, fue presentado formalmente en las últimas horas por la abogada María Fernanda Petersen, con el respaldo del Observatorio de la Víctima de Delitos que depende de la Cámara de Diputados de la Nación.

Se trata del magistrado que había concedido el beneficio de arresto domiciliario un hombre que, en 2015, había sido condenado a siete años de prisión por el abuso sexual a una menor con retraso madurativo, y que, durante el último fin de semana, tras el rechazo que cosechó su resolución, dispuso que volviera al penal en el que se encontraba alojado.

El pedido de juicio político en su contra fue presentado anoche ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, y se convirtió así en la primera denuncia formal realizada por el Observatorio, que funciona en la órbita del Congreso y depende del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

La presentación adjudica al magistrado haber incumplido sus funciones al "omitir notificar y oír a la víctima antes de resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria".

También ayer dos querellantes en la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar pidieron que se revoque la prisión domiciliaria concedida al represor condenado Carlos Capdevila, en un escrito acompañado con firmas de Madres de Plaza de Mayo, referentes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.

Los querellantes pidieron que se "deje sin efecto" la prisión domiciliaria que otorgó el Tribunal Oral Federal 5 al ex médico militar que atendió partos de secuestradas y supervisó torturas en la ex ESMA.

En este contexto, sin embargo, Conte Grand aclaró ayer que, desde 2015, "entre el 5,5 y 6% de la población carcelaria es beneficiada mensualmente por prisiones domiciliarias, porcentaje que no se excedió hasta ahora, aunque hay una gran cantidad de pedidos en curso que generarán un exceso respecto del promedio habitual, en caso de prosperar".

En otro orden, la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires habilitó desde hoy la denuncia de funcionarios judiciales a través de escritos enviados por correo electrónico, durante la vigencia del aislamiento social y obligatorio por el coronavirus.

Los dichos de Parrilli

En tanto, el senador nacional del Frente de Todos y ex secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli adelantó ayer que pedirá la nulidad del fallo en la causa en la que fue acusado por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

"No es novedad que (Juan Bautista) Mahiques era el operador preferido, el Messi de Macri para presionar a los jueces para perseguir opositores", blanqueó el legislador y advirtió que "habría que preguntarle a (Horacio Rodríguez) Larreta por qué premió a Mahiques, si lo premió por la persecución".

"Yo estoy acusado en la causa donde votó Figueroa y voy a pedir la nulidad del fallo porque fue viciada la voluntad de los jueces", adelantó el también ex titular de la AFI en declaraciones a El Destape Radio.