El TOF 2 condenó a Lo Fiego y Marcote, por primera vez, por delitos sexuales en el marco del terrorismo de Estado. Otro de los represores, Héctor Gianola, tuvo su primera condena, a 22 años de prisión. Hubo, además, seis perpetuas en la causa Feced III y IV.
Faltaron los abrazos. Por videoconferencia, el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario condenó a prisión perpetua a José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Scortecchini y Ernesto Vallejos en la causa Feced III y IV que juzgó delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar y eclesiástica en el centro clandestino de detención Servicios de Informaciones, que funcionó en pleno centro de Rosario, por donde pasaron alrededor de 2000 detenidos-desaparecidos.
Lo Fiego y Marcote fueron condenados, además, por haber violado a dos detenidas, en la primera condena por delitos sexuales en el marco del terrorismo de estado. En esta causa, que juzgó delitos de lesa humanidad contra 188 víctimas, también fueron condenados Héctor Gianola y Eduardo Dugour, a 22 años; Julio Héctor Fermoselle, a 18 años y Lucio Nast a 16 años de prisión. El único que no contaba con ninguna condena previa era Gianola.
Antes de leer el veredicto, y en consonancia con lo solicitado por las querellas, la jueza Lilia Carnero leyó un breve texto redactado por "la mayoría" del Tribunal que preside -y que integran también Eugenio Martínez Ferrero y Aníbal Pineda- en el que calificó a esta sentencia como una "reparación histórica a las víctimas enumeradas en el veredicto, contra quienes se encuadraron de forma combinada casi todas las instituciones en aquella nefasta época de la historia de nuestro país".
La misma jueza, poco antes había recordado que "las fuerzas de seguridad, iglesias, poder judicial, medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos, etc." habían formado parte del entramado de "una de las etapas más oscuras" de la historia de la República.
Lo Fiego había sido condenado a prisión perpetua en 2012, en la causa Díaz Bessone, y si bien todos contaban con condenas anteriores, la decisión del Tribunal tuvo en consideración los pedidos de la Fiscalía, a cargo de Adolfo Villate, y de las querellas de HIJOS y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
"Es una sentencia muy buena, muy positiva", consideró la fiscal ad hoc, Ana Oberlin, quien celebró que por primera vez se condenaran también los delitos sexuales, y que la condena a Lo Fiego hubiera sido promovida por la Fiscalía, que pidió que se ampliara la acusación, a partir de los testimonios de una de las víctimas, quien denunció que ya había contado lo ocurrido pero no había sido escuchada.
Oberlin destacó también la condena por el homicidio de Luisa Tita Marciani, quien falleció mientras estaba detenida en la Alcaidía de Rosario, al lado del SI, con un embarazo a término, a quien le negaron atención médica pese a sus reclamos y a los pedidos de sus compañeras de prisión.
En este juicio también se castigaron las privaciones ilegales de la libertad que padecieron los integrantes de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Vigil, del barrio Tablado, en la zona sur de la ciudad, intervenida el 25 de febrero de 1977.
Entre las víctimas de la patota de Feced, así llamada por quien fue interventor de la policía rosarina, el gendarme Agustín Feced, muerto oficialmente en 1986, se encuentra el actual ministro de Gobierno de la provincia, Esteban Borgonovo, cuya privación ilegal de la libertad fue juzgada en este mismo proceso.
El juicio, que empezó en abril de 2018, originalmente tenía 14 imputados pero uno de ellos, el capellán policial Eugenio Zitelli, murió pocos días antes del inicio del juicio oral y público. Durante los dos años del debate, fallecieron también Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitia y Daniel González.
El Tribunal presidido por Lilia Carnero decidió, por mayoría, condenar a seis de los imputados por homicidio triplemente calificado, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos agravado por tratarse de perseguidos políticos.
Por Sonia Tessa para Página/12
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