La medida judicial se suma a una serie de reveses políticos y legales que viene sufriendo mientras crece su enfrentamiento con la corte suprema y el Congreso.
El ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonazi sufrió ayer una nueva derrota en el Supremo Tribunal Federal, cuando el magistrado Alexandre de Moraes determinó que el nombramiento de Alexandre Ramagem para el puesto de director general de la Policía Federal fuese anulado.
Ha sido la respuesta de la corte suprema a la primera de una serie (más de una docena) de pedidos para que el nombramiento de Ramagem fuese tornado sin efecto. La razón: la Policía Federal deberá investigar a los tres hijos de Bolsonaro que actúan en la política, y Ramagem es íntimo amigo de la familia presidencial.
De Moraes atendió específicamente a un pedido del Partido Democrata Laboral (PDT, en su sigla en portugués), del derrotado candidato presidencial Ciro Gomes. En su petición, el partido alegó que el nombramiento constituya un acto de “abuso de poder por desviación de finalidad”, es decir, usar el poder de nombrar para proteger a los hijos.
Bolsonazi, cada vez más enfrentado no solo al Congreso pero también a la corte suprema, reivindicó el derecho de elevar para el puesto a alguien de su confianza. Oyó como respuesta que una cosa es alguien de su confianza y otra, muy distinta, a alguien de la intimidad de los que serán investigados.
Por la tarde, y dejando claro su malestar, el ultraderechista anunció que volverá, más adelante, a intentar el nombramiento del amigo de sus hijos. “Estoy seguro de que este sueño brevemente se concretará, para bien de nuestra Policía Federal y de nuestro país”, dijo en la ceremonia de juramento del nuevo ministro de Justicia, el pastor evangélico André Mendonça, quien sustituye al ex juez Sergio Moro, que renunció estrepitosamente el pasado viernes.
Todo eso ocurrió en el día en que el número de víctimas fatales y de contaminados por el covid 19 explotó (poco más de 78 mil contaminados y casi 5.500 muertos), indicando que la situación está al borde del descontrol también en San Pablo y Río de Janeiro, además de lo que ya ocurre en Manaos y Fortaleza.
A propósito de Manaos, donde la situación alcanza niveles de tragedia, con un promedio superior a cien entierros por día, ayer el régimen de Bolsonazi se negó a facilitar un avión militar para llevar dos mil ataúdes a la ciudad, donde su existencia está punto de agotarse.
El sorete mal cagado sigue oponiéndose ferozmente a medidas de aislamiento y cuarentena, mientras su nuevo ministro de Salud, Nelson Teich, un oncólogo cuya especialidad es administrar hospitales privados y carísimos, no sale de la inercia. Ni siquiera un estudio del Imperial College, de Londres, indicando que entre los 48 países estudiados por la institución Brasil es el que tiene la mayor tasa de contaminación en el mundo, sirvió para remover a Bolsonazi de su obsesión y al ministro Teich de su silencio.
Lo que más sorprende es que frente a todo ese pandemónium causado por la pandemia sondeos de opinión pública indican que bajó el porcentual de entrevistados que defienden las medidas de aislamiento, mientras que el contundente desgaste de Bolsonazi junto a la clase política no ha sido suficiente para que el número de sus defensores deje de permanecer estacionado en alrededor de un cuarto de la opinión pública. Este último dato sirve de justificativo para que el presidente de la Cámara, el derechista Rodrigo Maia, diga que es todavía temprano para votar uno de los más de veinte pedidos de destitución recibidos contra el ultraderechista mandatario.
En medio a un escenario cada vez más tenso y al borde del descontrol, la derrota de Bolsonazi en la corte suprema se suma a otras, anteriores, todas relacionadas a la pandemia. El payasesco jefe de Estado había intentado sobreponerse a las medidas de aislamiento de gobernadores y alcaldes, y el Supremo Tribunal Federal o tribunales regionales se lo impidieron. Luego la corte suprema determinó que gobernadores y alcaldes tienen autonomía para decidir las medidas a ser adoptadas tanto en ámbito municipal como provincial. Entonces Bolsonazi pretendió bajar un decreto obligando a que todos vuelvan a su trabajo, e intentó incluir a las casas de lotería y los templos religiosos en la lista de actividades esenciales para el país y que, por lo tanto, que deberían ser autorizadas a funcionar. Pero un juez federal anuló la decisión presidencial. A tiempo: un hermano de Bolsonazi tiene una lotería en el interior de San Pablo.
Ya antes, el magistrado de la corte suprema Luis Roberto Barroso había prohibido la campaña publicitaria “Brasil no puede parar”, que incitaba a la población a desobedecer medidas municipales y provinciales. La lista es larga e incluye iniciativas absolutamente insensatas de parte de Jair Bolsonazi, quien, a propósito, parece incontrolable y esparce muestras claras de que tiene una única obsesión: mantenerse en guerra contra todo y todos, con tal de preservar su imagen junto a la base de apoyo más incondicional, todo eso con la mirada puesta en las elecciones de 2022. Para alcanzar ese objetivo poco importa ir rompiendo puentes y cerrando vías de diálogo, lo que disminuye a cada día lo muy poco que le queda de condiciones de gobernabilidad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario