Se rechazó el pedido para continuar la demanda en tribunales locales. Así, el juicio retornará a la difícil Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde ya tiene dos fallos contrarios.
En un nuevo revés judicial contra la Argentina en el exterior, la Corte Suprema de los Estados Unidos desestimó el pedido para que el juicio por el caso YPF continúe en tribunales locales y ahora retornará a la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Se trata de un distrito históricamente contrario a los intereses nacionales que ya emitió dos fallos adversos en relación a este diferendo. Es la misma Corte que supo comandar el ya fallecido juez Thomas Griesa y que ahora está a cargo de la jueza Loretta Preska.
Dadas las particularidades del caso y la mala experiencia local en la Corte de este distrito, lo más probable ahora es una sentencia definitiva desfavorable que implicará desembolsar unos 3.000 millones de dólares al fondo buitre Burford Capital, propietario de los derechos para litigar del Grupo Petersen.
Las acciones de este fondo se dispararon tras el fallo e inmediatamente anunciaron la venta del 10% de estos derechos por unos 100 millones de dólares. Según el analista financiero especializado Sebastián Maril, Buford ya ha vendido cerca del 30% de los derechos por un total de 235 millones de la misma moneda, cuando en el 2015 compró el 70% por solo 15 millones.
Sin embargo, el fallo no implica un pago inmediato. Argentina podrá seguir litigando e incluso se espera que pida la suspensión del caso hasta que se expida el Tribunal Supremo de España.
El origen del problema fue no haber hecho una oferta pública de adquisición (OPA) por el 49% no expropiado en el momento de la nacionalización de la compañía, tal como marca la legislación en todo el mundo.
El argumento argentino se amparaba en que Ley de Inmunidad Soberana Extranjera al sostener que la expropiación de una compañía es un acto soberano. La jueza Preska, por el contrario, considera que la demanda de Burford está basada en la violación de los estatutos de YPF.
La noticia no sorprendió a las autoridades locales que ya habían perdido las esperanzas de una resolución favorable luego de que el propio Procurador General de Trump -la principal carta para influir en los supremos- recomendó continuar la demanda en territorio estadounidense.
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