Hay un rasgo común: parece que las investigaciones se mueven, que pasan cosas pero en el fondo pasa poco y nada. Algunas de ellas son las de Correo Argentino, Parques Eólicos, Peajes y Ausol, Espionaje, D'Alessiogate, FMI, Mesa Judicial, Odebrecht, FGS, aportantes truchos y Paseo el Bajo. El rol de la Corte.
Desde hace un tiempo asistimos a un acto de sinceramiento repetido: el hijo bobo de Franco Macri y sus ex funcionarios/as desean, piden, ruegan y hacen todo lo posible para que las causas judiciales que los comprometan tramiten en Inodoro Py. Luego logran su cometido, porque siempre hay alguien en esos tribunales dispuesto a recibirles. ¿Por qué tanto cariño por los tribunales federales porteños? Parte de la respuesta está en un conjunto de causas cuyos nombres son casi tan conocidas como marcas comerciales: Correo, Parques Eólicos, Peajes y Ausol, Espionaje, D'Alessiogate, FMI, Mesa Judicial, Odebrecht, Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), aportantes truchos, Paseo del Bajo.
Un grupo abarca los meganegocios de la familia Macri al calor del infame régimen de la alianza de derecha Cambiemos y los de un abanico de CEOs amigos que participaron de la gestión. Otro, revela la maquinaria de armado de acusaciones penales contra opositores, de denuncias contra jueces/as no funcionales al macrifascismo así como el uso de espionaje, todas operatorias que, a fin de cuentas, comprometen al propio sistema que las juzga. Son casos de enorme relevancia con un rasgo común: parece que las investigaciones se mueven, que pasan cosas pero en el fondo pasa poco y nada.
En los últimos años el comportamiento del fuero federal -donde claro que siempre hay excepciones- pasó por un ciclo devastador de uso político de causas en trámite, que atacó todo lo que pareciera signo de populismo, llevó gente a la cárcel y se alimentó de la espectacularidad mediática interesada. En la fase actual, las investigaciones contra el macrifascismo mezclan parsimonio, medidas de prueba rutilantes y efímeras y recursos dilatorios, de ahí que sus referentes busquen los tribunales de Retiro como si fuera su hogar dulce hogar.
El resultado es el blindaje, no siempre en los juzgados de primera instancia. En todo caso, hay que mirar a la Cámara Federal, anuladora serial de procesamientos, donde tres de sus cinco integrantes fueron nombrados por Macri Blanco Villegas: Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los dos últimos a dedo. La Cámara de Casación también merece atención: cinco (Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone) de sus 12 miembros fueron designados por Cambiemos. En la Corte Suprema, que cierra el círculo, tiene dos cortesanos del régimen anteiror, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El muestrario de expedientes en cuestión ofrece una síntesis de lo que pasa cuando se juntan los factores de poder económico, los intereses de la derecha y los mismos actores judiciales: Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, El operador judicial del ex hijastro de Flavia Palmiero, se fugó a Uruguay hace más de un año y nadie lo toca; Llorens y Bertuzzi pulverizaron la megacausa de espionaje que mostraba una clara trama para hacer inteligencia ilegal con fines políticos con epicentro en la Casa Rosada; los pocos procesamientos que hubo por negocios como los peajes terminaron nulos. Es fácil advertir cuánto más "expeditivos" fueron los juicios contra Cristina Fernández de Kirchner y otros.
Peajes y autopistas
Es una causa sobre un negociado del régimen macrifascista para beneficiar Autopistas del Sol, de la que los Macri tenían el 7%.
El Estado les pagó 499 millones de dólares por un supuesto retraso tarifario y renegociaron el contrato hasta 2030 sin licitación. Sus acciones, que valían 4 pesos en 2015 llegaron a 75,50 después de un aumento de los peajes del 270%. Ahí SOCMA -eje del grupo- vendió su parte a 20 millones de dólares a una empresa sin antecedentes en el rubro.
El ex juez ya jubilado Rodolfo Canicoba Corral calculó un fraude al Estado de 746 millones de dólares y dictó procesamientos y la Cámara (Bruglia y Martín Irurzun) los anuló. Los beneficiarios: Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frías y Javier Iguacel. La jueza María Eugenia Capuchetti dictó faltas de mérito y ordenó una pericia. Hoy el juez es Daniel Rafecas.
Parques eólicos
La sospecha es que el régimen de Macri Blanco Villegas favoreció a empresas de su grupo en la compra y venta de seis parques eólicos en Chubut y en Miramar con una ganancia mayor a 70 millones de dólares.
Los proyectos de energías renovables fueron comprados a la española Isolux a través de tres empresas (Usir, Sidsel y Sideli) ligadas a SIDECO con terminal en la firma Raimbow Luxemburgo, manejada por Gianfranco Macri. Luego los vendieron a Goldwind y a Genneia. La causa data de enero de 2018.
Mariano Macri, el menor de los hermanos, había dicho en el libro "Hermano", de Santiago O'Donnell, que fue un negocio de Miauricio con Gianfanco de testaferro, pero ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi declaró que no tenía pruebas.
El juzgado acumuló documentación de la trama, pero espera hace meses sin éxito el testimonio de Mariana Nannis, quien involucró a su ex marido, Claudio Paul Caniggia con el domador de reposeras. Nunca hubo indagatorias. Los imputados son Mariano Payaslián, Gianfranco Macri y Energía Juan José Aranguren.
El Correo y el Grupo Macri
En 2016 el Correo Argentino, del grupo Macri, firmó un acuerdo con el Estado nacional, con Macri Blanco Villegas ya en la Casa Rosada, para licuar el 98,87 por ciento de la deuda millonaria, que lleva más de 20 años sin pagar. La fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, denunció y logró que el pacto no se ejecutara.
También se abrió una causa penal. El primer fiscal del caso, Juan Pedro Zoni, incluyó entre los imputados al idiota confeso. Rápidamente lo sacaron de Inodoro Py y pasó a una fiscalía ordinaria.
El fiscal que siguió, Gerardo Pollicita, imputó al ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, a su exdirector de asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, al presidente del Correo, Jaime Cibils Roboriosa y al apoderado Jaime Kleidermacher.
El juez Ariel Lijo los indagó en marzo de 2019, pero nunca resolvió su situación procesal. Dos informes técnicos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) ratificaron que el acuerdo del Correo fue "ruinoso" y "abusivo" y que el intento de quita fue mayor al 92%. El Correo habla de un 45%. En noviembre declararon técnicos pedidos por las defensas. Cinco mese antes había sido declarada la quiebra. No pasó más nada.
Mesa judicial
El día que la jueza Casación Ana María Figueroa contó que el ex subsecretario de Justicia, Juan Mahiques, le pidió que apurara un fallo para confirmar la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán, se abrió una caja de pandora y una causa. "Fui la primera víctima del lawfare”, declaró. Están identificados ataques y presiones a otros jueces como Alejo Ramos Padilla, Eduardo Freiler, Martina Forns, jueces laborales y la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, entre otros.
La pesquisa reconstruye esa persecución desde una "mesa judicial" con "Pepín" Rodríguez Simón, el ex ministro Germán Garavano, el ex secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, y hay una línea de investigación que involucra a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por espiar a Gils Carbó, y podría llegar a Macri Blanco Villegas. Varios organismos estatales juntaban información patrimonial sobre jueces, jueces y la exprocuradora, a quien "Pepín" le mandó a decir que si no renunciaba irían presas ella y sus hijas. En 2021 la Cámara se dedicó a revocar medidas del fiscal Franco Picardi como el pedido de ingresos a la Casa Rosada y Olivos; la jueza María Eugenia Capuchetti excluyó un informe de la DAJuDeCO sobre expresiones públicas de funcionarios macrifascistas para hostigar.
La acción de la mesa judicial aparece en la causa por extorsión y amenazas a los accionistas del Grupo Indalo -que estuvieron presos dos años y al final fueron absueltos- por la que Rodríguez Simón huyó a Uruguay en diciembre de 2020 y pidió refugio político. Allí está irresuelta su situación. Están imputados el propio Macri Blanco Villegas, los ex titulares de la AFIP, Leandro Cuccioli y Alberto Abad, José Torello y Mario Quintana, entre otros. La jueza indagó a hombres de la AFIP y procesó a uno de ellos, Sebastián Paladino pero la Cámara Federal lo revocó. En el análisis de los celulares aparecieron, por ejemplo, 59 llamados del supremo Carlos Rosenkrantz con Rodríguez Simón.
Los vínculos de ciertos jueces con Macri Blanco Villegas y las decisiones funcionales a lo que buscaba aquel régimen son investigados: una causa analiza las visitas de los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Mariano Llorens a Macri, pero sin grandes novedades.
Espionaje ilegal
El espionaje ilegal sobre opositores, dirigentes propios, sindicalistas, organizaciones sociales, empresarios, periodistas y dentro de la cárcel de Ezeiza, fue una matriz del gobierno de Macri.
Lo revelaron dos causas que llegaron a enormes resultados por fuera de Inodoro Py: una en Lomas de Zamora, a cargo de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, y otra en Dolores, a cargo de Ramos Padilla y luego Martín Bava.
La segunda mostró, además, el entramado con agentes inorgánicos, como Marcelo D'Alessio, y las conexiones con la justicia, y en el caso puntual con los fiscales Carlos Stornelli y Juan Bidone. En la rama que investigó el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, fue procesado el mismo Macri Blanco Villegas.
Otro tramo que desnudó el proyecto AMBA, las bases de la AFI en territorio bonaerense, cobró relieve con la aparición del video de la "Gestapo" antisindical. Todo este paquete consiguió, como buscó Macri Blanco Villegas, mudarse a Inodoro Py.
La causa que llegó de Lomas, donde desde el ex director de la AFI, Gustavo Arribas, para abajo, estaban todos procesados, fue destrozada por los camaristas Llorens y Bertuzzi que dijeron que fue un sunto de cuentapropistas. La causa la tiene Martínez de Giorgi, que también instruye el caso del espionaje a periodistas en el G20, con pedidos de indagatoria de la fiscalía sin resolver. El D'Alessiogate lo tiene Julián Ercolini y los camaristas son Bertuzzi, Bruglia y Llorens.
El acuerdo con el FMI
El acuerdo del régimen macrifascista con el FMI y sus consecuencias también se investigan: rastrea la violación de normas para suscribirlo y busca identificar a los responsables aumento de la formación de activos externos (fuga de dólares), con la desregularización de controles cambiarios y a los beneficiarios.
Picardi pidió un equipo interdisciplinario del Banco Central y la AFIP para analizar a qué se destinó el dinero, que sigue en veremos; espera respuestas de la Comisión de Valores; la Procuración del Tesoro pidió citaciones a los funcionarios del FMI que participaron en la aprobación del megacrédito.
Más causas casi perdidas
En el viejo caso del soterramiento del Tren Sarmiento, el fiscal Picardi dio por probado que las empresa Iecsa, del primo de Macri Blanco Villegas, Àngelo Calcaterra, pagó coimas.
Hubo procesamientos, también a funcionarios, pero la Cámara anuló todo. El fiscal insistió, pero hace tres años que no pasa nada.
Iecsa era la beneficiara de la megaobra del Paseo del Bajo, por la que Horacio Rodríguez Larrata tuvo una causa, cerrada sin siquiera indagarlo.
Otros casos desvanecidos: el de los aportantes truchos para justificar aportes de campaña de la alianza de derecha Cambiemos, el espionaje a comunidades mapuches donde fue señalada Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, los manejos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS de Luis María Blaquier, desprocesado por la Cámara.
La marca suprema
La Corte Suprema marca el paradigma de arte de manejar los tiempos, a veces en resguardo de los jueces/zas inferiores. Un ejemplo claro, la última semana, lo marcó Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, cuando denunció que en la causa de espionaje donde ella es querellante los supremos dejaron pasar ocho meses sin decir nada subre su planteo contra la sala de Casación (Carbajo y Borinsky) que llevó el caso a Inodoro Py y al cabo de ese tiempo ¡Se excusaron!
En el medio, la causa se mudó y nació la teoría del cuentapropismo. La Corte estila retener temas para aplicar lo que el fallecido Carlos Fayt llamaba "cronoterapia" (que el tiempo resuelva) o como forma de presionar política y económicamente (como una vieja demanda colectiva de jubilados o las causas por coparticipación). Beraldi contó que CFK tiene más de una decena de recursos en la Corte por causas en su contra hace años. Uno es el que cuestionaba el inicio del juicio de Vialidad.
El alto tribunal nunca resolvió nada, y el juicio ya lleva más de dos años. En cambio, ante el pedido de Bruglia y Bertuzzi para evitar que los saquen de la Cámara, aceptó un per saltum. El dúo sigue ahí, con una función central en toda esta maraña.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
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