"Es muy difícil imaginar que funcionen brigadas de civil y que lo sepan periodistas y no lo sepan autoridades políticas o policiales", argumentó Leandro Santoro, quien presentó la denuncia junto a su par Victoria Montenegro.
Leandro Santoro y Victoria Montenegro presentaron ayer ante los tribunales federales una denuncia para investigar la posible existencia de una asociación ilícita entre policías y funcionarios del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tras del crimen de Lucas González en el barrio de Barracas en un presunto caso de gatillo fácil.
Con el patrocinio letrado de Miguel Ángel Pierri, los legisladores porteños del Frente de Todos presentaron la denuncia penal para que se investigue "la existencia de una asociación ilícita integrada por policías y funcionarios, que opera en el sur de la Ciudad, con el objetivo de cometer delitos tales como extorsión, cohecho, exacciones ilegales y encubrimiento, entre otros a determinar por la Justicia Federal junto a las responsabilidades".
La denuncia tiene como número de expediente CFP 7386/2021 y recayó en el juzgado federal correccional y criminal N° 2 a cargo del juez Sebastián Ramos.
En declaraciones a la prensa tras la presentación en Inodoro Py, Santoro explicó que la denuncia surge a partir de la investigación del periodista Nahuel Gallotta publicada en el pasquín envuelve huevos Clarín, en relación a las circunstancias en las que, el miércoles pasado, se produjo el asesinado del adolescente.
"La denuncia se da en el marco de una investigación realizada por el periodista Nahuel Gallota, publicada este lunes 22 de noviembre en el diario Clarín, donde se detalla el 'modus operandi' de las brigadas policiales ilegales que operan en el sur de la Ciudad de Buenos Aires", precisó.
Sostuvo que "la policía de la Ciudad es una fuerza de seguridad seria y muy profesional", pero advirtió que aún así, "hay cosas que están funcionando mal". Agrego en ese sentido que "sin generalizar ni hacer uso político, el Gobierno porteño tiene que resolver estas cosas y responder al pueblo de la Ciudad".
"No estamos politizando la causa, hemos venido a denunciar los acontecimientos", dijo y añadió que "es muy difícil imaginar que funcionen brigadas de civil y que lo sepan periodistas y no lo sepan autoridades políticas o policiales. Nosotros no hacemos 'caranchismo' y no vamos a imputar particularmente a nadie porque eso le corresponde a la justicia".
"La que tiene que resolver esto es la justicia y lo que nosotros le pedimos a la justicia es que le diga a los vecinos porteños qué es lo que está pasando con la Policía de la Ciudad", agregó el diputado nacional electo.
En ese sentido, Santoro, quien estuvo acompañado por Victoria Montenegro, aclaró que "nosotros estamos denunciando un hecho y no una persona, ni al jefe de policía ni al ministro de Seguridad".
Luego, en declaraciones a C5N, Santoro especificó el motivo de su denuncia y rechazó que tenga un trasfondo político. “A partir del asesinato de Lucas, la opinión pública tomó conocimiento de que existen brigadas de civil de la policía de la Ciudad que actúan de manera ilegal en los barrios del sur”, señaló.
En esa línea, dijo que “ayer (por antes de ayer), salió una nota en el diario Clarín en la que se denuncia que no es la única brigada sino que existen 2 o 3 móviles más no identificados, sin chapas patentes y que son ocupados por policías de la Ciudad vestidos de civil que se dedican a extorsionar a vecinos del sur: hablan que les cobran coima a los comerciantes que venden sin ticket, a los feriantes y a los vendedores y consumidores de droga”.
“Entonces, lo que nosotros hicimos es presentar una denuncia para pedirle a la Justicia que investigue y determine si existe o no una asociación ilícita que realiza estas operaciones”, remarcó.
Santoro recordó además que “en la nota del diario Clarín, un testigo afirma que ese sistema de recaudación va para los comisarios de la Policía de la Ciudad" y, por eso, "no me puedo quedar sentado en mi casa, es necesario denunciarlo para que se investigue y se aclare esta situación que a priori es grave”.
“La mayoría de la gente no es la primera vez que escucha que hay un sistema de recaudación ilegal, pero en esta oportunidad se debe saber si es así, si tiene encubrimiento político y si estamos dispuestos a tolerarlo como sociedad”, manifestó.
Al respecto, el legislador enfatizó que “hace 3 años y medio que venimos denunciando junto con Montenegro que grupos de policías de la Ciudad integraban células de espionaje ilegal en el marco de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri”.
“Por eso, lo que hoy hicimos con esta presentación es pedirle a la justicia que dictamine si estas situaciones que denuncia la nota del diario Clarín ocurren o no, porque es impensado que este tipo de cosas puedan suceder sin protección política”, concluyó.
Por su parte, en declaraciones radiales, la diputada porteña Victoria Montenegro dijo que "es necesario que la justicia investigue la responsabilidad de los jefes de la policía porteña, pero también la responsabilidad política".
Montenegro se preguntó "para dónde mira la política" mientras "los policías recolectan dinero, y para quién lo hacen" y añadió que "entendemos que las bandas de la policía de la Ciudad no son cuentapropistas; alguien habilita a que trabajen de esa forma".
Además, remarcó que "la policía de la Ciudad cumplió recién cinco años" y que "fue creada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta", con lo cual desde la administración porteña "no le pueden echar la culpa a nadie".
Al insistir en la importancia de "analizar el control político de la fuerza", resaltó también el hecho de que, "por primera vez, se rompe el blindaje comunicacional que tiene el jefe de Gobierno" luego de recordar que "las primeras noticias -tras la muerte de Lucas- hablaban de un enfrentamiento".
"Nos preocupa cómo se construyó un relato que no había sucedido. Si el club no se comunicaba y dejaba claro que los chicos habían salido de ahí, yo no sé si hoy teníamos la posibilidad de pedir justicia", cerró.
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