Los envases plásticos representan el 25 por ciento de la basura y solo el 8 por ciento se recicla. El macrifascismo se presta a la estrategia de los empresarios.
La ley de Envases, que desde un principio había avanzado ágilmente por las distintas instancias parlamentarias para ser tratada en la Cámara de Diputados, se enfrenta ahora a un obstáculo: el lobby empresarial.
Los diputados de la alianza de derecha Juntos por el Cambio se prestaron a esta estrategia al organizar una especie de audiencia pública para que numerosas cámaras empresariales denuncien en el Congreso que el sector no resistía una mayor presión tributaria.
Este es precisamente el argumento de la coalición opositora para rechazar el proyecto del oficialismo al sostener que la tasa ambiental (destinada a las empresas que elaboran envases que no se pueden reciclar) funcionaría como un nuevo impuesto que tendría consecuencias inflacionarias. Sin embargo, la iniciativa lo que busca es hacer responsables a los productores del proceso de reciclaje de los envases que colocan en el mercado, ya que representan el 25 por ciento de la basura que produce el país (y que sólo el 8 por ciento se recicla). Lo que el Frente de Todos denuncia es que la oposición, en línea con el fuerte lobby corporativo, tergiversa el eje de la discusión en defensa de los intereses de las grandes empresas. Juan Grabois, incluso, denunció que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos había estado circulando por el Parlamento repartiendo pasajes a Washington a modo de convite para sumar voluntades contra la ley.
Una vez pasadas las elecciones, el bloque del Frente de Todos en Diputados se concentró en agilizar el trámite parlamentario del proyecto de "Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de Envases y Promoción del Reciclado con Inclusión Social". El objetivo era que la ley, respaldada por Máximo Kirchner y el ministro de Ambiente Juan Cabandié, fuera aprobada lo antes posible en la Cámara Baja, idealmente en la primera sesión post 14-N. Sin embargo, inmediatamente después de que el proyecto consiguiera dictamen en la comisión de Recursos Naturales y de Presupuesto la semana pasada, numerosas empresas y legisladores de la oposición pusieron el grito en el cielo. El caso más claro fue el de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) que, unas 24 horas después de que el proyecto hubiera sido dictaminado, sacó un comunicado denunciando que era "una propuesta anacrónica que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo".
"Hay un lobby muy fuerte contra la ley. La Cámara norteamericana estuvo presionando sobre algunos sectores y, evidentemente, hay diputados y diputadas que no responden a los intereses argentinos sino a los de las multinacionales. No solo hacen lobby sino que también desinforman y mienten diciendo que esto es un impuesto, cuando en realidad es una tasa ambiental que está regulada por las leyes ambientales", sostuvo el diputado Federico Fagioli (Frente de Todos), uno de los principales impulsores del proyect. Fagioli se refería así a la convocatoria que Juntos por el Cambio organizó con representantes de cámaras patronales en el Congreso. La audiencia no oficial, que tenía como objetivo darle eco periodístico al rechazo opositor al proyecto, giró en torno a que la tasa era "un impuesto disfrazado" que impactaría en el precio de los productos.
"No vamos a acompañar ni un impuesto más", arengó el todavía jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, al comienzo de la audiencia, en la que estaban presentes representantes de la UIA, la COPAL, el Círculo de Políticas Ambientales, la AmCham, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el Estudio Lisicki, Litvin y asociados, el Estudio Orlando Ferreres, entre otros. "Decidimos convocar la audiencia porque el oficialismo no permitió un trámite parlamentario acorde a la complejidad del tema", indicó el diputado radical Gustavo Menna. "El proyecto del oficialismo busca crear un tributo, llamalo tasa o impuesto, que va a implicar un costo que se va a trasladar a los consumidores. Eso es uno de los temas principales pero, además, no representa una respuesta ambiental adecuada a la gestión de envases porque con este esquema se le quita la responsabilidad al productor, que puede pagar la tasa y seguir llenando el mercado de envases", explicó Menna, quien hace unos meses presentó su propio proyecto de gestión de envases, también basado el principio de responsabilidad extendida del productor, y que obtuvo dictamen de minoría la semana pasada.
"Existe una manipulación sobre cuál es el contenido del proyecto. La tasa es un valor que se va a definir en función del tipo de envase producido que, según lo que señale la ley, va a tener un tope máximo del 3 por ciento. La incidencia concreta sobre el precio final va a ser menor al 1 por ciento. El proyecto no tiene un fin recaudatorio, sino que incentiva a la industria a que utilice envases reciclables o que genere su propio sistema de reciclado y de esa manera no pagar la tasa", detalló del diputado del Frente de Todos, Itai Hagman. Uno de las objeciones de Juntos por el Cambio, sin embargo, es que el productor, en vez de modificar su esquema de reciclaje, va a terminar prefiriendo pagar la tasa y trasladar el costo a los consumidores, convirtiendo así la ley en una iniciativa inútil. Al respecto, Hagman respondió: "Si la industria decidiera no cambiar su sistema de reciclado de envases los fondos de esa tasa van a estar, de todas maneras, destinados a financiar el sistema de reciclado de los municipios, lo cual redunda también en un beneficio ambiental y en puestos de trabajo".
Las presiones contra el proyecto, mientras tanto, continúan. El dirigente del MTE, Juan Grabois, denunció que la AmCham había estado repartiendo invitaciones en el Congreso para participar de la Convención del Centro de Estudios Americanos, con pasajes y estadía incluida. Según una nota que publicó en elDiarioAr, este obsequio representaría un total de 617.599 pesos. Desde Juntos por el Cambio rechazaron la denuncia y declararon que era "una estupidez". "Son macanas. Yo no recibí ningún pasaje. Las opiniones sobre el proyecto son transparentes y las entidades que expusieron lo hicieron a la luz del día", declaró Menna. En la vereda opuesta, el Frente de Todos manifiesta preocupación. "El lobby que está haciendo la AmCham, que aprovecha los encuentros que realiza en su país para llevarse diputados en el mismo momento que se está intentando tratar la ley de Envases, me parece nefasto. Nosotros fuimos electos por el pueblo para legislar en favor de la soberanía argentina, les pedimos a los diputadas y diputados que no caigan este tipo de presiones", finalizó.
Fuente: nota de María Cafferata para Página/12
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