Tras 19 años en la Justicia Nacional, ahora Miauricio Macri Blanco Villegas y su familia quieren que expediente por su deuda con el Estado tramite en la ciudad, cuyo Poder Judicial encabezan la candidata del retrasado mental a la Procuración y Mahiques, el hacedor del lawfare.
La familia Macri realizó una nueva maniobra para que el expediente del Correo Argentino por su multimillonaria deuda con el Estado pase a la Justicia porteña. Presentaron un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para insistir con el pase luego de que su pedido fuera rechazado por la Cámara Comercial. La cuestión de fondo es que no pudieron desplazar a la fiscala Gabriela Boquin, que frenó la condonación de la deuda y no se amilanó ante las presiones de todo tipo que recibió. La jugada no tiene sustento legal pero sí real: el TSJ fue cooptado por Miauricio Macri Blanco Villegas durante su gestión como jefe de Gobierno de la CABA.
El objetivo de esta maniobra es evidente: tras 19 años de demoras en la órbita nacional a los Macri se les acabaron los caminos para continuar con el letargo de este expediente y quieren que el caso pase a un Poder Judicial colonizado por jueces y fiscales a quienes pueden controlar.
El TSJ lo preside Inés Weinberg, a quien el subnormal propuso en su momento para ocupar la Procuración General de la Nación. Lo integra también Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia durante el nefasto régimen de la alianza de derecha Cambiemos. Lo completan Luis Lozano, Alicia Ruiz y Marcela De Langhe. Son un tribunal que baila al ritmo PRO.
Para complementar el TSJ está el jefe de los fiscales porteños, que no es otro que Juan Bautista Mahiques. Fue el ariete de la persecución judicial durante el macrifascismo, que ante la derrota electoral encontró cobijo en la ciudad. Hace unas semanas, un grupo de jueces porteños alertó sobre las medidas que tomó Mahiques para tener bajo control todas las causas que puedan preocupar a Macri Blanco Villegas o Rodríguez Larrata. Si el caso Correo cae en la Justicia porteña pasará por su escritorio.
El planteo ya fue rechazado por las juezas Maria Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini, que digitan el expediente desde la sala B de la Cámara Comercial. Pero ahora los Macri presentaron un recurso de queja ante el TSJ porteño.
En el rechazo, las camaristas Gómez Alonso y Ballerini escribieron: "El recurso de inconstitucionalidad interpuesto en la presentación a despacho no se encuentra previsto en la normativa del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, de aplicación a la materia y litigios ventilados en este fuero y la específica cuestión concursal de este proceso, por lo que corresponde su rechazo en forma liminar". Cabe recordar que estas juezas son parte esencial del letargo de este expediente e incluso Gómez Alonso visitó la Casa Rosada durante el régimen macrifascista en pleno desarrollo de este caso.
Los Macri planteaban que es inconstitcional la decisión de las camaristas de rechazar la recusación contra la fiscala Boquin. La recusación a Boquin fue parte de la embestida que incluye aprietes mediáticos y del procurador interino Eduardo Casal, pero no prosperó ya que los fiscales del fuero comercial no pueden ser recusados.
Al recusarla, los Macri llegaron al extremo de plantear que vio afectada su objetividad porque “se siente presionada”. Una clara inversión de la carga de la prueba: es un hecho que la presionaron mediática y judicialmente, que hubo sospechosas fallas en su custodia, que le robaron papeles del caso Correo de su auto, que su gato apareció muerto en la puerta de su casa, que le armaron una falsa denuncia por violencia laboral.
El escrito de la recusación presentado por los abogados de los Macri dice que “el desasosiego personal (e incluso familiar) del que da cuenta la propia Dra. Boquin, y que lo atribuye a su intervención en la presente causa y el ‘hostigamiento y presiones’ (sic.) que siente haber sufrido desde el propio ex Presidente Macri y/o de sus allegados explican, por un lado, la parcialidad de sus opiniones y, lo que es más importante aún, la imposibilidad que siga actuando en la presente causa”. O sea, la presionaron y luego pidieron que se aparte.
Ahora dicen que es inconstitucional el rechazo a su intento de apartar a la fiscala Boquin, que fue quien frenó la condonación de más de 70.000 millones de pesos que intentó Macri Blanco Villegas desde la Casa Rosada y luego descubrió distintas maniobras de vaciamiento de Correo Argentino. Y quieren que intervenga el TSJ porteño así todo queda bajo control.
Fuente: nota de Ari Lijalad para El Destape web
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