El juez federal sostuvo que los casos de espionaje que involucran a la AFI macrista y hoy se sustancian en Dolores, Lomas de Zamora, Mar del Plata e Inodoro Py deben juzgarse de manera conjunta. En los distintos expedientes se repiten acusados, víctimas y modus operandi. Espera las respuestas de las partes.
El juez federal Alejo Ramos Padilla planteó que un único tribunal unifique todas las causas de espionaje político que llevó adelante el macrifascismo. Lo hizo en un escrito que firmó el lunes y giró a todas las partes del D’Alessiogate.
El magistrado de Dolores -que pasará en los próximos días a La Plata- considera que para que exista un verdadero “Nunca Más” relativo a estas prácticas es necesario que se lleve adelante un solo juicio donde se analicen todas las investigaciones juntas (que incluya los casos de Dolores, Lomas de Zamora, Mar del Plata e Inodoro Py).
Al fin y al cabo, el espionaje ilegal se coordinó y ejecutó desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que comandaron Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y en los distintos expedientes se repiten acusados, víctimas y modus operandi.
“Frente a la evidencia de que en todos los casos nos encontramos ante maniobras de espionaje político desarrolladas en un mismo período de tiempo, con idénticos y similares actores, víctimas y modus operandi, lo más adecuado es investigar la red de espionaje ilegal de manera conjunta y no a través de compartimientos estancos”, señaló Ramos Padilla en la resolución que se conoció ayer.
En el documento, que se giró a todas las partes del caso D’Alessio, el magistrado sostuvo que “corresponde poner en debate a esta altura de las investigaciones si la reiteración, vinculación, conexidad, finalidad, coexistencia temporal, etc,. no impone llevar adelante un proceso de unificación, conexidad o acumulación que permita la intervención de un único tribunal oral que juzgue estas conductas; más allá de que la instrucción o parte de ella haya sido llevada adelante por distintos juzgados de primera instancia”.
En esa línea consideró que “corresponde requerir una amplia certificación de los expedientes que aparecen vinculados a estas investigaciones, y evaluar la necesidad y conveniencia de que intervenga un único tribunal en el análisis de todas las conductas de espionaje político que se han acreditado en estos expedientes”.
Ramos Padilla enumeró las causas que podrían unificarse. Mencionó al D’Alessiogate y el caso de las bases AMBA (ambas tramitan en el juzgado de Dolores). Los dos expedientes que se sustancian por ahora en los tribunales de Lomas de Zamora (la de los Super Mario Bros y el espionaje a CFK y el Instituto Patria). El espionaje al Ara San Juan, que se instruye en los juzgados federales de Mar del Plata. El caso Traficante que tramita en Inodoro Py (una parte fue elevada al TOF 2 y otra aún se encuentra en el juzgado federal N° 9). Y el espionaje a jueces que también se encuentra en los tribunales de Retiro.
Todos los casos tienen muchos puntos de contacto con lo que se investiga en el D’Alessiogate. Por ejemplo:
• En todos está involucrada la AFI macrifascista. Y en dos casos ya fueron procesados Arribas y Majdalani (en el caso de las bases AMBA, que se investiga en Dolores y en las causas de Lomas de Zamora).
• En el D’Alessiogate consta el espionaje al actual presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, lo que podría tener puntos de contacto con el espionaje a jueces que se investiga en Inodoro Py.
• Algo similar pasa con el espionaje en las cárceles, que se sustancia en Lomas de Zamora: cuando la investigación del D’Alessigate salió a la luz, se montó una operación desde la AFI para obstaculizar la pesquisa. Se trató de la Operación Puf Puf, que se realizó con escuchas ilegales tomadas en el penal de Ezeiza. Esas intervenciones telefónicas y su filtración se investiga en los tribunales de Lomas de Zamora. Por esos hechos ya fue procesada la cúpula del Servicio Penitenciario Federal durante el macrifascismo y directores de Jurídicos de la AFI. Entre las víctimas se encuentran “objetivos” de la banda de Marcelo D’Alessio en la operación GNL.
• El caso Traficante (el nombre se debe al empresario Gabriel Traficante, quien sufrió una extorsión por parte de la banda de D’Alessio) se investigó una parte en los tribunales de Retiro (aún debe resolverse la situación procesal del operador periodístico de Clarín, Daniel Santoro) y otra en Dolores.
• Algo semejante ocurre con el espionaje que se realizó desde la base AFI de Mar del Plata a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. La misma base es investigada en Dolores en el marco de la causa de las bases AMBA (donde, recordamos, ya fueron procesados Arribas y Majdalani).
Ante este escenario, Ramos Padilla indicó que “se certificarán las investigaciones señaladas a fin de que se informe su fecha de inicio, imputados, querellantes, operaciones de espionaje investigadas, modus operandi, y el estado actual de la causa y cualquier otro elemento que pueda ser útil para la sustanciación de la presente”.
El planteo del juez de Dolores se da con todas las investigaciones avanzadas (lo que permite entrever el común denominador entre los expedientes) y cuando la puja por la cuestión de competencia se multiplica en distintos procesos.
Si hay algo que quedó claro en la discusión por la competencia de las causas es “la conveniencia de concentrar en un único tribunal el juzgamiento de todos los hechos vinculados al espionaje político-judicial”. Por ejemplo, el caso que se investiga por ahora en Lomas de Zamora llegará a la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir si aborda o no el tema de la competencia. Pero la Cámara Federal de Casación Penal ya consideró que debía investigarse en conjunto y no fragmentada como se había resuelto en la instancia inferior. Además, señaló que eso debía hacerse en Inodoro Py.
Para el magistrado, “el interrogante que se plantea, es si frente al avance de las investigaciones por espionaje ilegal y los reiterados planteos para que se traslade total o parcialmente estas causas de un Tribunal a otro; no es necesario generar un debate para que de una vez y de manera definitiva se determine cuál o cuáles habrán de ser los tribunales que deben intervenir en estos procesos conexos o afines; y si no es precisamente a través de un proceso de unificación o acumulación el mejor modo de superar todos los obstáculos que se planteado frente al avance de este tipo de investigaciones”.
Ramos Padilla entiende que este “incidente puede llegar a constituirse en una solución judicial para dar por finalizados los permanentes y aún vigentes reclamos realizados para que estos expedientes o parte de ellos sean trasladados de una jurisdicción a otra”.
Entre otras cosas, el magistrado considera que un “análisis conjunto contribuiría a la comprensión de la sistematicidad y dimensión de los hechos investigados, y nos permitiría conocer de manera más precisa la amplia red de espionaje ilegal que se desarrolló en la Argentina en los últimos años”.
Las razones
Entre otras razones, Ramos Padilla enumeró una serie de beneficios que implicaría unificar todas las causas en un tribunal:
■ “Un análisis fragmentado de todas las operaciones podría afectar la adecuada investigación, el conocimiento de los patrones comunes, el debido proceso legal de los imputados y de las víctimas, los derechos de las partes a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable y sin duplicación de investigaciones, entre muchas otras cosas”.
■ “La intervención de un único tribunal evitaría un dispendio de recursos humanos y los permanentes y reiterados planteos de cuestiones incidentales que demoran el avance de la investigación”.
■ “Por otro lado, permitiría graduar en su justa medida los distintos aportes que pudieron haber realizado cada uno de los involucrados, entender adecuadamente las finalidades que tuvo cada uno al efectuar ese aporte, como así también el conocimiento que algunos pudieron tener en relación al plan o red criminal vinculada al espionaje político que se ha desarrollado. De este modo también podrán eventualmente superarse las reiteradas y permanentes controversias en torno a la competencia”.
■ Un único y gran juicio permitiría “dar un profundo y amplio debate de cara a la sociedad, que contribuiría en los hechos a que delitos de estas características, que pueden afectar gravemente el funcionamiento de las instituciones, no se reiteren”.
Por todo esto, consideró “una obligación legal de los jueces adecuar los procesos a los acontecimientos y los avances que se verifican en las distintas investigaciones y advertir el daño que se podría producir si se realizan análisis parcializados o segmentados que en definitiva afectan la mejor y más adecuada administración de justicia”.
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