En un ejemplo de lawfare el empresario fue condenado a 12 años. El Tribunal Oral Federal número 2 emitió una dura sentencia en la causa que los grandes medios llamaron Ruta del Dinero K, en la que no hubo ningún K, ni se encontraron cuentas, sociedades, bóvedas ni dinero oculto de los Kirchner.
En otra jornada signada por el lawfare y tras una intensa presión mediática sobre una de las juezas, el Tribunal Oral Federal número 4 dio a conocer ayer mediodía otro fallo que se inscribe en la persecución orientada principalmente contra Cristina Kirchner. Como se preveía, hubo una dura sentencia en la causa que los grandes medios llamaron Ruta del Dinero K, en el que finalmente no hubo ningún K, ya que no se encontraron ni cuentas ni sociedades ni bóvedas ni dinero oculto de los Kirchner. El empresario Lázaro Báez, principal imputado, fue condenado a 12 años.
Entonces, lo que no se pudo conseguir con pruebas se intentó con el fallo: sin que siquiera haya aparecido alguna evidencia en el juicio, dos de los tres jueces dijeron que el origen del dinero de Báez fueron ilícitos en la obra pública. Lo asombroso es que, en paralelo, se está haciendo el juicio específico sobre la obra pública en Santa Cruz y la acusación está recibiendo una descomunal paliza: hasta los propios testigos de la fiscalía sostienen que es falsa la imputación.
Uno de los jueces del TOF 4 está claramente alineado con el macrifascismo, Néstor Costabel, por lo que la presión se ejerció sobre otra jueza, Adriána Pallioti, para que votara con Costabel. Tras dos feroces notas de grandes medios contra ella, la magistrada cambió su decisión.
El saldo fue una dura condena para Báez y la mayoría de los imputados. Las condenas se conocieron, luego que por la mañana los últimos imputados digan sus palabras finales. La lógica era que la otra magistrada, Gabriela López Iñiguez, votara en disidencia, no respecto a las condenas, sino a lo que se llama “el delito anterior”. El lavado de dinero consiste en que se “blanquea” plata proveniente de un delito, pero pese a que en el juicio no apareció nada vinculado a la obra pública, los dos jueces alineados con el macrifascismo igual dirían que el delito precedente fue la obra pública de Santa Cruz. Es la forma de apuntar contra Cristina Fernández de Kirchner, sea como sea.
Las maniobras de este expediente baten records. Presionaron al juez Sebastián Casanello para que dictamine que Báez era testaferro de los Kirchner, pero como no se encontró ni una prueba, intentaron sacarlo de la causa con dos testigos falsos, armados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que declararon que el juez estuvo en Olivos hablando con CFK. Ambos testigos ya reconocieron la falsedad y se está definiendo la condena. Pero, por supuesto, el aparato de Inodoro Py frena la investigación sobre quién los mandó, es decir la AFI y la alianza de derecha Cambiemos.
Fue en este expediente que tuvieron a Báez cuatro años en la cárcel, con prisión preventiva, pero sujeto a una descomunal presión para que declare contra CFK. Encarcelaron a sus hijos, le grabaron los diálogos con sus abogados y con su pareja, los difundieron en los programas amigos. Todo el objetivo fue quebrarlo y que se convierta en "arrepentido".
En el juicio, la defensa de Báez admitió que el constructor sacó fondos a Suiza, a través de sociedades armadas en Panamá, pero sostuvo que el dinero se originó en las ganancias que retiró oficialmente de Austral Construcciones. Lo asombroso es que Báez trajo de regreso la mayor parte del dinero escondido en el exterior y lo hizo para participar de la licitación por las dos grandes represas de Santa Cruz. En ese concurso, Báez se presentó en asociación con Angelo Calcaterra, titular de Iecsa, del Grupo Macri. La alianza no pudo ganar aquella licitación.
A lo largo del juicio, la defensa de Báez, encabezada por Juan Villanueva, presentó los boletos de venta de terrenos de un country que, a través de un fideicomiso, Báez puso en marcha en un enorme terreno comprado al colegio Northlands en Escobar. El barrio, llamado Norhville, fue loteado y Báez sostiene que ese dinero, en dólares como ocurre en la Argentina, fue el que se contó en SGI, una financiera que usaban muchísimas grandes empresas. Después, Báez compró SGI y gran parte del conflicto por el que se ventilaron aquellas imágenes, provino de que supuestamente no pagó la mitad de lo comprometido. Había dudas acerca de cómo abordarían los jueces esta cuestión. Pero como el objetivo es CFK, lo que más importa es la obra pública.
En el juicio sobre las rutas de Santa Cruz, la acusación está recibiendo una demoledora paliza. Ya se comprobó -incluso en una auditoría hecha por el propio macrifascismo- que no se pagó nada que no se hubiera construido; que es falsa la versión de que las rutas llevaran a alguna parte; también es falso que existieran demoras en las obras distintas a lo que ocurría en otras partes del país. En las audiencias de este lunes y martes, declararon Omar Riveros y Julio César Romero, ambos integrantes de la Comisión Permanente de la Verificación de la Deuda de la Dirección Nacional de Vialidad.
Ambos sostuvieron que los pagos adelantados de obras no fueron ninguna irregularidad, no fueron exclusivos de Santa Cruz sino que se otorgaron en casi todas las provincias y están contempladas en la legislación. En el juicio también declararon los dueños de otras constructoras de Santa Cruz que fueron absorbidas por Báez y contaron que no hubo ninguna presión, que el pago fue lento pero que les terminaron pagando y que vendieron sus empresas por razones familiares. Todos eran testigos de la fiscalía y terminaron declarando a favor de la defensa. En todo el juicio no hay mención alguna a Cristina: las obras se votaron en el Congreso y las licitaciones, adjudicaciones y control los hizo cada provincia, no el estado nacional.
A lo largo del juicio sobre lavado de dinero no hubo referencias a la obra pública. Sólo alguna declaración del arrepentido Leonardo Fariña, pero está probado que desde la AFI, a través de un grupo de abogados, le guionaron lo que tenía que decir, porque Fariña no tuvo nunca relación con la obra pública, no sabía de licitaciones ni adjudicaciones y fue manejado por Cambiemos para meter por la ventana una acusación contra CFK. El aparato judicial-político-mediático de Inodoro Py se dedica a eso.
Fuente: nota de Raúl Kollmann para Página/12
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