Lo hizo después de que el régimen porteño suscribiese convenios con obras sociales y empresas de medicina prepaga para entregarles dosis para sus afiliados. A última hora de la tarde se llevó a cabo un allananiento en el Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires.
El fiscal Carlos Stornelli requirió ayer que se investigue la denuncia contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrata, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, por la presunta "privatización" de la vacunación contra el coronavirus en el distrito luego de que se suscribieran convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresa de medicina prepagas para uso exclusivo de sus afiliados.
Rodríguez Larrata y Fernán Quirós fueron denunciados penalmente el martes, en dos presentaciones en paralelo, por la presunta "privatización de la vacunación contra el coronavirus" al "entregarles dosis a algunas obras sociales y medicinas prepagas para uso exclusivo de sus afiliados".
Además, fueron acusados de la aplicación de vacunas a "militantes de Juntos por el Cambio en una asociación vecinal de Parque Chacabuco cuya referente es una dirigente radical", según detallaron ambos denunciantes.
La primera denuncia fue realizada por la abogada laboralista Natalia Salvo, quien acusa a las autoridades del régimen porteño por la "privatización del acceso a la vacunación contra el coronavirus" debido a "los contratos con prepagas y obras sociales, a las que se les entregó dosis para el uso exclusivo de sus afiliados".
La otra denuncia fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi y refiere al presunto armado de un centro de vacunación paralelo en la CABA llevado adelante por la Asociación Civil "Encuentro Vecinal Sur" en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en Picheuta 1517-, donde se estaría "vacunando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos", según la denuncia presentada por el letrado.
El allanamiento al Ministerio de Salud
La Gendarmería está realizando un procedimiento en el Ministerio de Salud del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires después de que se denunciara que Horacio Rodríguez Larrata había decidido privatizar la vacunación en el distrito que gobierna.
La medida, ordenada por el juez federal Ariel Lijo, se realizó para secuestrar información que sirva a la investigación. Un procedimiento similar se ordenó en un comité de la Unión Cívica Radical que funcionaría como vacunatorio.
Después de que el fiscal Carlos Stornelli pidiera que se investigue al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de Salud, Fernán Quirós, el juez Lijo ordenó una serie de procedimientos en el Ministerio de Salud.
Allí, la Gendarmería fue con una orden de presentación para que le entreguen los convenios suscriptos con establecimientos sanitarios privados y de carácter social, los listados de los lotes entregados a cada centro de vacunación, los listados de los centros de vacunación habilitados, así como las dosis que ya fueron entregadas, consignando los nombres de las personas y los centros vacunatorios en las que fueron aplicadas.
Más allá de lo pedido por Stornelli, Lijo ordenó también que la Gendarmería realice otro procedimiento en la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur, que correspondería a un comité radical. Allí también quieren la documentación de las dosis que recibieron y aplicaron.
Además, el juez ofició al Ministerio de Salud de la Nación para que en el plazo de 48 horas informe todos los lotes de vacunas que le envió al régimen de la CABA.
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