Desde la oposición expresaron sus reparos al proyecto enviado ayer a la mañana al Congreso por el Poder Ejecutivo.
Reunión del interbloque de Juntos por el Cambio, ayer a la tarde |
Luego de que el Gobierno enviara ayer a la mañana al Congreso el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que contempla mayores facultades para administrar el Estado hasta el 31 de diciembre de 2020, desde Juntos por el Cambio plantearon su rechazo a la extensión de los “superpoderes” y tras una reunión de interbloque anoche anunciaron que no darán quórum en la sesión prevista para este jueves en la Cámara de Diputados.
"El interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio está reunido en plenario y decidió por unanimidad no acompañar una ley que significa anular el Congreso Nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional", comienza el comunicado.
"A poco más de un mes de las elecciones del 27 de octubre en la que más de un 40% del electorado nos eligió para defender los valores republicanos que se conjugan en Juntos por el Cambio, no podemos traicionar a la ciudadanía delegando el mandato popular que hemos recibido en el Gobierno nacional", continúa el texto.
"Además, por unanimidad, el Interbloque resolvió no dar quórum en la sesión del próximo jueves", concluye el comunicado.
En tanto, vía Twitter el diputado Luciano Laspina, elegido ayer a la tarde como vicepresidente de la comisión de Presupuesto que mañana deberá debatir la iniciativa enviada al Congreso por el Ejecutivo sostuvo que "el Interbloque Juntos por el Cambio no dará quórum ni apoyará una ley que pretende darle la suma del poder público al nuevo gobierno, ignorando la representación que nos dio más del 40% de los argentinos".
Más temprano, el titular del interbloque Mario Negri había expresado que “nos sorprende semejante delegación de facultades porque no estamos atravesando una crisis como la que se inició en 2001. Observamos, con preocupación, que quieren llevarse facultades hasta prácticamente desguazar al Congreso. Además, advertimos que, en muchos casos, las pretendidas cesiones de algunas facultades establecidas en el proyecto de ley son rayanas con la inconstitucionalidad”.
En un comunicado difundido por el radical se cuestionaba puntualmente la suspensión de la fórmula de movilidad previsional, la intervención de los órganos reguladores de los servicios públicos -como Enargas o ENRE- y las facultades que pide el Ejecutivo en el artículo 85 para rediseñar los organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional -que según la oposición superan a las facultades de la Ley Dromi durante el menemismo-.
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