Se presentará este martes en Diputados y se trataría el jueves. Negri le pidió a Massa demorarla. El kirchnerismo confía en aprobarlo con votos de Lavagna, Schiaretti y el bloque de Ramón. Si lo logran, el Senado la sancionaría el 27.
Alberto Fernández demorará hasta este martes el envío a Diputados de la ley de emergencia que contempla subas de impuestos y autorización para mover partidas del presupuesto a gusto, con la esperanza de que sea aprobada el jueves y el Senado lo sancione el viernes 27.
Máximo Kirchner le había garantizado a la oposición que los textos finales llegarían ayer y que el martes se tratarían en comisión y en el recinto al día siguiente, pero los tiempos no dieron y después de una cumbre en la Casa Rosada los funcionarios a cargo de la redacción del proyecto necesitaban un día más para pulir el texto final, que según fuentes del Congreso arribaría hoy.
Molesto con la demora, pasado el mediodía los jefes de Cambiemos Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro le enviaron una carta al presidente de la Cámara Sergio Massa para solicitarle suspender el plenario de comisiones de hoy.
Desde el domingo sabían que la redacción no venía sencilla. La reunión pautada para el mediodía entre los líderes de la oposición y los ministros Martín Guzmán (Hacienda), Ginés González García (Salud) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social) se pasó a las 19 horas, pero cuando pasaba el tiempo ni siquiera había un borrador para discutir y tampoco estaban constituidas las comisiones de Presupuesto y Legislación General.
Massa y Máximo entendieron el planteo y postergaron hasta el miércoles el plenario con el objetivo de aprobar el paquete en el recinto el jueves con los votos de los dos bloques minoritarios: el presidido por el mendocino José Luis Ramón con 8 miembros; y el referenciado en Roberto Lavagna y Juan Schiaretti, con 10. El oficialismo necesita sólo 9 para consolidar una mayoría propia.
Lavagna y Schiaretti se convirtieron en figuras claves en las negociaciones de estos días y algunos de sus referentes se reunirían esta noche con el economista para fijar una posición, aun cuando nadie conoce la ley en cuestión.
En el Congreso no descartaban diálogos entre el economista y funcionarios del Gobierno para garantizar al menos el voto de sus tres diputados más cercanos, sobre todo porque su hijo, Marco, asumió la semana como presidente del INDEC.
Schiaretti hizo saber su voluntad de colaborar con el Gobierno pero sus diputados habían reclamado que las retenciones a las exportaciones agropecuarias se definieran por decreto para no enfrentarse a los productores cordobeses. Le cumplieron. Tanta era la voluntad de esta bancada con Fernández que Graciela Camaño se negó a presidirla y advirtió que en muchas sesiones no estará para votar.
El bloque de Ramón aclaró el viernes en un comunicado que no avalaría la emergencia a libro cerrado, pero reconoció que el país necesita medidas de urgencia y por lo tanto están dispuestos a negociar. No sin antes leer lo que mandan.
Antes necesitan leer el proyecto que no llega por la demora en las puntadas finales de los ministros y, sobre todo, los retoques de Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica y responsable de cada texto que arribe al Congreso.
Otra voz de peso es la de Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete y una de las economistas de mayor confianza con Fernández. Ayer al mediodía recibió a Massa para ponerlo al tanto de la redacción.
La ley contemplaría la emergencia económica, sanitaria y social (las dos últimas vigentes hasta enero), que en esencia es la facultad al presidente para reasignar partidas en esas áreas.
Pero vendría acompañada de nuevos impuestos, como a las compras en el exterior, aumento a los gravámenes de bienes personales, una sobre tasa para empresas que quieran retirar grandes sumas de efectivo y la suspensión temporaria del consenso fiscal para habilitar subas de ingresos brutos, una medida clave para sumar aliados como los cordobeses, o los 3 misioneros y el rionegrino que integran el bloque de Ramón.
No así a Juntos por el Cambio, donde sus referentes defienden aquel pacto firmado en 2017 y aprobado por ley y advierte que una suba irresponsable de Ingresos Brutos afectaría a la clase media.
Para evitar esas acusaciones, en el Gobierno estudian que los gobernadores deban firmar un acuerdo antes de subir un impuesto local en función de su situación productiva y fiscal. Alberto se los comunicó a los tres mandatarios radicales en la Casa Rosada, con la esperanza de ablandar a sus legisladores.
Los ex diputados oficialistas tampoco están dispuestos a avalar que el presidente pueda reasignar más del 5% de las partidas, el límite impuesto a Macri Blanco Villegas en el presupuesto de este año, que Alberto prorrogará al menos para los primeros meses de 2020.
Un dato: en el medio de las negociaciones, se conoció que será funcionaria de la cancillería la hermana de Emilio Monzó, quien en la única reunión del bloque PRO logró juntar 17 diputados molestos con la conducción de Cristian Ritondo. El oficialismo confía en tenerlos de su lado al menos para garantizar algún artículo de la ley.
Entre las medidas expansivas estaría la devolución de IVA de $ 700 a los jubilados y beneficiarios de AUH, una moratoria de todas las deudas de pymes que gozarán de un refinanciamiento a 10 años y una revisión de las tarifas de servicios públicos.
En el Senado reina la calma con la mayoría consolidada por Cristina Fernández de Kirchner con Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Menem. Ni siquiera se constituyeron las comisiones que el viernes deberían dictaminar lo aprobado por Diputados para debatirlo una semana después, el tiempo mínimo requerido en la Cámara alta.
No es posible tratar un proyecto al día siguiente de un dictamen de comisión sin una mayoría especial de dos tercios, mientras que los vecinos pueden hacerlo con un simple llamado a sesión especial, como el que harían para el jueves. Un día más tarde de lo previsto.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario