El abogado Luis Alonso Martínez aseguró que la absolución es la única solución posible para definir la situación de Mauricio Collareda. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una condena a seis años de cárcel.
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| Mauricio Colladera |
El juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz se reanudó ayer con el alegato final de la defensa de otro de los acusados, el ex responsable del distrito 23 de Vialidad Nacional con jurisdicción en esa provincia, Mauricio Collareda, cuyo representante legal sostuvo que la maniobra que se le imputa "no está probada".
El defensor Luis Alonso Martínez argumentó que Collareda "no tuvo ninguna intervención relevante en la maniobra que fue descripta que, por otro lado, tampoco considero que se encuentre probada", al iniciar su alegato en la llamada causa "Vialidad"
"La única solución posible es la absolución", adelantó, a poco de comenzar a exponer ante el Tribunal Oral Federal 2, en el que remarcó que Collareda "no tenía ninguna afinidad con el empresario Lázaro Báez", otro de los acusados.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron en su alegato condenar al exfuncionario de Vialidad Nacional a seis años de cárcel por haber omitido el control de las adjudicaciones de 51 obras a empresas de Báez, entre ellas Austral Construcciones.
Además aseguró que "nadie" del "entorno empresarial" de Báez tenía "injerencia en la gestión del distrito 23", la jurisdicción Santa Cruz de Vialidad Nacional.
La fiscalía pidió a Collareda "la máxima pena" por el delito de defraudación a la administración pública pero "no alcanza la prueba para arribar a un veredicto condenatorio", afirmó el abogado ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
En su acusación los fiscales argumentaron que Collareda debía ser "los ojos" de Vialidad Nacional en Santa Cruz pero que, por el contrario, habría "cumplido a rajatabla la orden de beneficiar a Báez" como parte de la supuesta asociación ilícita que funcionó entre 2003 y 2015, según el alegato acusador.
La fiscalía pidió además 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Báez y diez años para el exministro de Planificación. Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros acusados.
Antes de ayer, el abogado de otro acusado el ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro abrió la etapa de alegatos defensistas y aseguró que la fiscalía "violó la Constitución" al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados. El letrado aludió a una causa penal que se llevó adelante en la Justicia de Santa Cruz y que concluyó que no hubo delito.
La defensa de la vicepresidenta, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, está sexta en la lista elaborada por el Tribunal para el orden de las exposiciones.
Tanto ella como los restantes acusados podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Inodoro Py, en el juicio que se realiza de manera virtual, con las partes conectadas a través de Zoom.
En esta etapa de los alegatos, la ex presidenta también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo. El mes pasado el Tribunal rechazó un pedido de la defensa de Fernández de Kirchner para que ampliara su declaración indagatoria.
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