martes, 19 de julio de 2022

Escándalo con empresas importadoras: la Aduana denunció una maniobra ilegal de “alquiler de cautelares”

El organismo detectó que una firma obtuvo una medida judicial para poder importar sin contar con la variación y luego le dio esa cautelar a otra firma importadora para ingresar mercadería desde China.


La Dirección General de Aduanas descubrió que una empresa obtuvo autorizaciones judiciales -vía medidas cautelares- para importar mercadería sin contar con el requisito de validarlo a través del sistema integral de monitoreo de importaciones (SIMI), pero luego “cedió” la autorización a otra empresa, dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia.

“Estamos trabajando para ver si hay otras maniobras similares de otras empresas”, destacaron en el organismo que dirige Guillermo Michel. La causa está radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo en lo federal número 8, secretaria 15. Aduana también planea hacer una denuncia en el fuero penal económico por estafa procesal y se habla de una multa de, al menos, U$S 200.000, que es lo que prevé el código aduanero.

La maniobra irregular se lleva a cabo por medio de convenios truchos de cesion de marcas. Si bien en la Aduana no saben aún cuántas empresas podrían ser parte de este esquema de “alquileres de cautelares”, prometen revisar toda la lista. “Es un trabajo artesanal”, reconocen y destacan que el universo potencial es grande: en los últimos dos años se importó por medio de cautelares por unos U$S 1.800 millones.

Modus operandi

Guillermo Michel, titular de la Aduana
La empresa podía usufructuar la medida judicial sin tener la SIMI aprobada. La Aduana denunció, en un escrito presentado el pasado viernes, que la empresa Yoko S.A. no utilizó la “cautelar” en los términos que la obtuvo y que “transfirió” la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de la empresa Tropea S.A.

Para esto, la Aduana expuso ante la justicia una simulación de Yoko mediante una “contrato” de autorización para comercializar la marca Tropea solo por un mes: entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022. Justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI preautorizada de Yoko, según detalló en un comunicado.

“En términos llanos, Yoko le alquiló la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería (carteras de origen chino). En definitiva, funcionó como una usina de SIMI”, señalaron.

“La Aduana debe proteger a la industria nacional y al empleo argentino, pero también debe evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado”, señalo Michel.

Luego de la detección de la maniobra, la Aduana bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa que podría ser hasta cinco veces el monto importado. Además, acusó a la empresa de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal.

Por último, se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó al juez que habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la justicia en lo penal económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal.

Cristina apuntó contra el “alquiler de cautelares” para importaciones: “Argentina se vuelve casi una misión imposible”  

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a una maniobra descubierta por la Aduana, a través de la cual una empresa que obtuvo una medida cautelar en su favor se la cedió a otra compañía para que pueda importar mercadería a dólar oficial.

“¿O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía”, tuiteó Cristina y compartió una nota del diario Ámbito Financiero que cuenta la maniobra de defraudación contra la Aduana. Se refiere a una causa que tramita el fuero Contencioso Administrativo Federal contra la empresa Yoko SA.

Según la denuncia de la Aduana, Yoko SA obtuvo una medida judicial que ordenaba que se le habiliten automáticamente las divisas para importar materiales para el rubro de marroquinería. 

Tras varias prórrogas de esa cautelar, se descubrió que esa empresa le “alquiló” la autorización Tropea SA, otra firma dedicada a la importación y venta de marroquinería.

“Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible”, consideró la vicepresidenta, quien, en sus últimas apariciones públicas, había cuestionado el "festival de importaciones" en medio de la falta de divisas y de la suba del dólar.

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