Legisladores porteños de la oposición presentaron un proyecto de ley para que deje de funcionar el sistema hasta que se licite nuevamente, luego de quese conociera que la empresa que tiene el contrato vencido paga sólo 55.000 pesos de canon por mes.
Los legisladores porteños del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para que se suspenda la concesión de acarreo de vehículos que tiene la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa fue realizada por el legislador Juan Manuel Valdés, del bloque de la oposición, como consecuencia de una publicación periodística en laque se señaló que la empresa concesionaria solo paga $ 55.000 mensuales de canon, entre otras irregularidades.
El proyecto de ley cuenta con solo dos artículos y en el primero establece que se suspende la concesión del acarreo de vehículos en la ciudad de Buenos Aires hasta que se concrete una nueva licitación.
En el segundo artículo se establece que la Ciudad deberá arbitrar “los medios necesarios para garantizar el acarreo de los vehículos que obstaculicen las rampas, las plazas de estacionamiento y/o cualquier espacio destinado a la accesibilidad de las personas con discapacidad”.
Valdés, que es presidente de la Comisión de Discapacidad de la Legislatura porteña, hizo la presentación señalando que tiene como intención “frenar el negociado de las grúas”.
“Presenté un proyecto para suspender el acarreo hasta que Larreta regularice a las 2 empresas a cargo con concesiones vencidas hace 20 años. Juntan millones, molestan a los vecinos y sus papeles no están en regla”, publicó en las redes sociales con el hashtag “La recaudación no para”, en alusión a la compaña publicitaria de la administración de Horacio Rodríguez Larrata que dice “la transformación no para”.
Detrás de la operación de las dos empresas concesionarias del servicio de grúas –que levantan hasta 14 autos por hora a un costo de $6.525 cada uno– hay un negocio privado que mueve millones, pero que le deja migajas al gobierno porteño. Las distintas gestiones, desde Carlos Grosso hasta Horacio Rodríguez Larrata, no pudieron -o no quisieron- avanzar en dos décadas con una nueva licitación que invierta la ecuación económica en favor del Estado.
La concesión del acarreo en la ciudad de Buenos Aires está en manos de dos empresas Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI), que operan el negocio con el contrato vencido desde hace 21 años.
Asimismo, estas empresas le pagan al régimen porteño un canon mensual de sólo $ 55.000 cada una para operar el servicio, según confirmaron fuentes oficiales. El monto está congelado desde 2014 y, hasta hace apenas dos semanas, esa cifra también incluía la concesión de los viejos parquímetros y máquinas tickeadoras para el cobro del estacionamiento medido.
La información fue confirmada por el Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Calandri, un hombre de la Coalición Cínica, quien señaló que la concesión de las empresas Dakota y BRD, que acarrean autos en infracción, venció hace 21 años. “El precio está congelado desde 2014, cuando la tasa de acarreo salía $ 350. Hoy cuesta más de $ 6.000″.
Calandri señaló que el régimen porteño no solo se hace cargo de pagar el sueldo de los agentes de tránsito que van a bordo de la grúa para labrar las infracciones de tránsito sino que también se hace cargo de pagar el 20% de los salarios de los trabajadores de ambas concesionarias.
Desde el Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires explicaron que la próxima licitación se lanzará en agosto y que será la administración porteña la encargada de cobrar el acarreo. El jefe de Gabinete, Felipe Miguel, había dicho que “estamos avanzando en la licitación para que la Ciudad tenga un nuevo servicio de acarreo, después de muchos años de una concesión vencida que se mantenía a base de amparos judiciales. Ya logramos avanzar con el nuevo servicio de estacionamiento y ahora, en la misma línea, vamos a mejorar las condiciones en este servicio tan importante para el ordenamiento del tránsito y la convivencia ciudadana”.
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