La concesión se venció hace 20 años, pero Dakota y BRD siguen operando el servicio con una recaudación millonaria. Desde la nefasta administración de Rodríguez Larrata aseguran que en las próximas semanas estarán listos los pliegos de una nueva licitación.
Las grúas circulan por el centro de la ciudad de Buenos Aires dejando a su paso un tendal de disgustos. Primero, los dueños de los coches se asustan porque sus autos ya no están estacionados y, después, se enojan porque tendrán que ir hasta una playa de estacionamiento para recuperar el auto y pagar el acarreo más la multa por mal estacionamiento.
Detrás de la operatoria de la grúas -que levantan hasta 14 autos por hora a un costo de $ 6.525 cada uno- hay un negocio privado que mueve millones, pero que le deja migajas al gobierno porteño. Las distintas gestiones, desde Carlos Grosso hasta Horacio Rodríguez Larrata, no pudieron -o no quisieron- avanzar en dos décadas con una nueva licitación que invierta la ecuación económica en favor del Estado.
La concesión del acarreo en la ciudad de Buenos Aires está en manos de Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI), dos empresas que operan el negocio con el contrato vencido desde hace 21 años. A cargo de los acarreos desde 1990, estas empresas le pagan al gobierno porteño un canon mensual de solamente $ 55.000 cada una para operar el servicio, según confirmaron fuentes oficiales. El monto está congelado desde 2014 y, hasta hace apenas dos semanas, esa cifra también incluía la concesión de los viejos parquímetros y máquinas tickeadoras para el cobro del estacionamiento medido.
Toda la recaudación por levantar autos en infracción son ingresos para BRD y Dakota, empresa que no presentó balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en los últimos 4 años. En 2021, fueron 125.000 los acarreos realizados por estas dos concesionarias, lo que elevó su facturación a $5 47 millones, según el cálculo en base a datos oficiales y el costo del acarreo el año pasado. Sin embargo, el gobierno porteño apenas recibió $ 1,3 millones de esos fondos, el 0,2%.
A pesar de que el PRO lleva 14 años al frente de la CABA y Rodríguez Larrata más de seis como jefe de Gobierno, la concesión todavía no fue renovada. La Auditoría General de la Ciudad ya había advertido sobre las irregularidades en el acarreo: “El canon abonado por las concesionarias resulta irrelevante en relación a los pagos”, indicó el último informe publicado en marzo de 2021, que analizó la situación hasta el 31 de diciembre de 2016, y fue aprobado por unanimidad.
Juan Calandri, auditor general de la Ciudad, asegura que “siempre pagaron un canon bajo, pero el actual es ridículo” y agregó que “no se actualiza desde el año 2014, pero la tasa de acarreo, en cambio, sí se incrementó en muchas oportunidades. En tan solo media hora de trabajo, las empresas logran recaudar el canon mensual”. En 2016, cuando un auto era removido por una grúa había que pagar $750 en 2016; el número hoy es ocho veces más caro, con un costo de $6.525.
En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte explicaron que “no hay una relación directa” entre lo recaudado y la cuota mensual que pagan las concesionarias porque el canon -sin actualizar- “refleja los costos de la concesión al momento de su vencimiento”, en base a la estimación que se hizo en el primer contrato de 1990.
Sin embargo, las autoridades porteñas destacaron que se están elaborando los pliegos para un nuevo proceso licitatorio para el acarreo, cuyo servicio se separó del estacionamiento medido. “Estamos avanzando en la licitación para que la Ciudad tenga un nuevo servicio de acarreo, después de muchos años de una concesión vencida que se mantenía a base de amparos judiciales. Ya logramos avanzar con el nuevo servicio de estacionamiento y ahora, en la misma línea, vamos a mejorar las condiciones en este servicio tan importante para el ordenamiento del tránsito y la convivencia ciudadana”, sostuvo Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Rodríguez Larrata.
Explicó que el nuevo sistema de acarreo tendrá un cambio fundamental: el gobierno porteño recibirá toda la recaudación que generen las remociones de autos, realizada por las tres empresas privadas adjudicatarias para las distintas zonas.El Estado le pagará, a cambio de su servicio, un monto fijo a determinar.
La confección de los nuevos pliegos está exclusivamente en manos del Ejecutivo de la Ciudad. “No tenemos información en la Legislatura de cómo se están elaborando los pliegos del nuevo servicio de acarreo”, señaló Juan Modarelli (Frente de Todos), integrante de la Comisión de Transporte de ese cuerpo.
Pago de adicionales
Hubo más beneficios para Dakota y BRD en las últimas décadas. El ex jefe de gobierno porteño Jorge Telerman, a partir de 2007, al hacerse cargo de un pago extra del 20% salarial para los dos empleados que se suben por turno a cada grúa, encuadrados en Camioneros, un gremio con influencia en las empresas encargadas del acarreo. La infame gestión de Rodríguez Larrata mantendrá esa medida vigente hasta que se firme el nuevo contrato. “Era una adicional por lo que llamaban multiplicidad de tareas. En el nuevo pliego ya no va a estar”, destacaron desde el Ejecutivo porteño.
Esto implica que, en la práctica, la concesión del acarreo es una cuenta negativa para el régimen capitalino, que destina mucho más dinero al pago de este beneficio salarial de que lo que recibe por el canon. Al mes, ese adicional le implica a las arcas de la CABA una erogación de $ 1,5 millones por empresa, contra los $55.000 que le aporta cada una.
Asimismo, la nefasta gestión porteña paga los sueldos de los agentes de tránsito que pone a disposición para acompañar a los conductores de las grúas, y quienes se encargan de labrar las multas. Según los datos brindados desde esa cartera, son 25 agentes que trabajan en distintos turnos.
Los números del acarreo
La calle Viamonte oficia de frontera entre el norte y el sur del centro de la Ciudad, las dos zonas en que se dividen su radio de cobertura. Dakota con sus grúas identificadas como Servicio de Tránsito Ordenado (STO), y BRD con el nombre de Servicio de Estacionamiento Controlado (SEC), en el sector sur. En total, suman más de 30 las grúas que operan a la caza de autos en infracción.
La cantidad de acarreos venía en crecimiento en los últimos años, aunque la pandemia frenó esa tendencia. En 2016, fueron 161.000, según los números de la Auditoría General de la Ciudad, pero esa cifra cayó en 2020 cuando se permitió el libre estacionamiento durante la cuarentena. También hubo restricciones a la circulación en 2021, por eso el número bajó a 125.000. Pese a la menor cantidad de acarreos, con el ajuste del precio para los automovilistas, la recaudación de las empresas alcanzó en 2021 una cifra de alrededor de $ 547 millones.
Para conocer sus márgenes de ganancias, este medio requirió los últimos balances presentados por ambas empresas ante la Inspección General de Justicia. Llamativamente, Dakota SA no presentó balances desde 2018 hasta la actualidad. El último es el correspondiente al ejercicio que cerró el 31 de julio de 2017. En ese documento, informó “ingresos por servicios” -correspondientes al acarreo y al estacionamiento medido en el Sector II que tenía asignado hasta este año - por $ 203 millones, que a dinero de hoy, equivaldrían a $ 1.600 millones. Y declaró ganancias netas ese año por $ 4,4 millones, unos $30 millones a valor actual.
BRD sí presentó balances todos los años. En el último, con cierre del ejercicio al 30 de junio de 2021, declaró ingresos por “ventas y servicios” por $ 177 millones (unos $ 292 millones a dinero de hoy) y un resultado negativo de -$ 15 millones (casi - $25 millones a valor actual). Atribuyó ese déficit a que el régimen porteño desactivó el estacionamiento medido durante la pandemia, y las grúas tuvieron un retorno gradual y acotado a determinadas infracciones.
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