La AFIP inició las ejecuciones fiscales a quienes no pagaron Aporte Solidario

Se trata de 88 contribuyentes, entre ellos empresarios, futbolistas y celebridades que no cumplieron con la Ley 27.605.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició ejecuciones fiscales a 88 contribuyentes que no pagaron el Aporte Solidario y Extraordinario. Entre ellos, se encuentran grandes empresarios, industriales, terratenientes, banqueros, celebridades y jugadores de fútbol.

Las boletas de deuda en cuestión suman más de $ 1200 millones que el fisco reclama a los "mega ricos en tribunales", según definen en el ente recaudador, para que cumplan con el Aporte Solidario y Extraordinario, más conocido como el impuesto a las grandes fortunas.

Las acciones legales respecto al incumplimiento al tributo, fueron iniciadas por la Dirección General Impositiva (DGI), que encabeza Virginia García, en los distintos juzgados del país.

Los contribuyentes a quienes se les inició la ejecución fiscal son personas con patrimonios superiores a $ 200 millones que presentaron la declaración jurada correspondiente, determinaron el monto que debían ingresar pero no hicieron el pago que se les había determinado.

Si bien el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont determinó que las ejecuciones fiscales y la traba de embargos se encuentran suspendidas -como medida para amortiguar el impacto del coronavirus-, en mayo pasado, AFIP habilitó el uso de esta herramienta para aquellas personas alcanzadas por el impuesto a las grandes fortunas que no cumplieron con sus obligaciones.

Hasta el momento, el ente recaudador inició más de 2500 fiscalizaciones sobre esta falta de cumplimiento. De esta manera, el Estado ya recaudó más de $ 240.000 millones, unos $ 20.000 millones más que el monto que había sido informado al momento del vencimiento.

Bajo la Ley 27.605, el aporte "solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia", estableció un pago por única vez para aquellos patrimonios que superan $ 200 millones.

El proyecto fue impulsado por Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y Máximo Kirchner, quien también debió hacer frente al pago.