Ante el pedido del juez Bava, Alberto Fernández firmó el decreto que relevó a Miauricio Macri Blanco Villegas del secreto de Estado para poder declarar en la causa por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan

Lo autorizó el presidente ante el requerimiento del juzgado de Dolores para que se concrete la frustrada declaración indagatoria. 

Luego de una espectacular puesta en escena, con caravanas, militantes, dirigentes y ex funcionarios del nefasto régimen de la alianza de derecha de Cambiemos, Miauricio Macri Blanco Villegas no pudo declarar ante el juez Martín Bava por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan porque la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reconoció, en un legajo reservado y restringido a las partes, que el organismo no tenía entidad suficiente para relevarlo del secreto de Estado a un ex jefe de la Nación.

Nadie se había percatado de esta situación y el ex hijastro de Flavia Palmiero se retiró de Dolores sin emitir una palabra ante el magistrado y logró así aplazar su indagatoria. Por eso, rápidamente el juzgado tomó cartas en el asunto y como es Alberto Fernández quien debe relevar al pelotudo del secreto de Estado por la Ley de Inteligencia, ya ingresó a la Casa Rosada el pedido para que esto suceda.

Pasadas las 18, el jefe de Estado dispuso el relevamiento para que se pueda efectuar la declaración y tenían previsto en el Gobierno presentarlo a primera hora a fin de que Martín Bava tenga despejado cualquier inconveniente para que se pueda efectuar la indagatoria, el principal acto de defensa de cualquier ciudadano en un proceso penal.

El pedido que había hecho el magistrado lo trabajó de manera urgente la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, ya que se había decidido acelerar el trámite para que el jefe de Estado rubricara el decreto simple -no DNU- ayer antes de irse a Roma por la cumbre del G20. El apuro se debió a que si no se hacía antes de anoche, quien debería firmarlo es Cristina Fernández de Kirchner porque quedará a cargo del Ejecutivo.

Según pudo saberse, el traspié en el trámite de la causa se debió a que la titular de la AFI, Cristina Caamaño respondió un oficio del juez Bava vinculado a la preservación del secretado de Estado sin notificar, previamente, a la Casa Rosada. Esa requisitoria fue hace tres semanas.