Luego de un año y medio de pandemia, la Cámara de Diputados volvió a sesionar de manera presencial. Tras las primeras horas del debate en un ring de cruces y chicanas entre oficialismo y la oposición, con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones, la Cámara Baja aprobó el proyecto que ya tenía media sanción en el Senado.
Luego de más de un año y medio de pandemia, la Cámara de Diputados retomó la presencialidad plena con una sesión que, después de varios idas y vueltas, sancionó finalmente la Ley de Etiquetado Frontal. En una sesión maratónica, que prometía extenderse por más de 30 horas, oficialismo y oposición aprobaron con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones, la ley que brinda información sobre los alimentos que se consumen a partir de un sistema de etiquetado que advierte sobre la presencia de excesos de azúcares, grasas o sodio.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, festejó la sanción desde uno de los palcos del recinto. Al cierre de esta edición, la Cámara se disponía también a tratar otra veintena de proyectos, entre los que se encontraba el de Derechos Humanos de las personas en situación de calle, el Alivio Fiscal, la Ley Ovina, entre otros. Si bien el temario había sido fruto del consenso alcanzado entre el Frente de Todos y Juntos Por el Cambio luego de varias jornadas de negociaciones, la campaña electoral no pudo evitar colarse en la sesión y convirtió las primeras horas del debate en un ring televisado de cruces y chicanas.
"Esta ley no hace más que reafirmar lo que dice la Constitución sobre el derecho de los consumidores a una información clara y veraz. No estamos legislando, por más lobby que haya habido, sobre ninguna industria, no queremos prohibir la comercialización de ningún alimento. Solo queremos asegurarle al consumidor que le estamos dando información concisa de lo que consumimos", explicó Cecilia Moreau, al inicio de la sesión que aprobó la ley de Promoción de la Alimentación Saludable.
El proyecto, mejor conocido como "Etiquetado Frontal", fue sancionado al filo de la medianoche con el apoyo mayoritario de los bloques (a pesar de que muchos de ellos bloquearon el tratamiento hace un par de semanas). Con más de 50 oradores inscriptos, y luego de un festival de apartamientos de reglamento, el debate se extendió durante más de 8 horas.
"Esta ley va a significar una ventaja también para la industria alimentaria, ya que le permite orientarse a una producción más saludable sin incurrir en mayores costos y le va a potenciar la inserción en mercados de consumo", agregó Liliana Schwindt (Frente de Todos), buscando instalar que la iniciativa no iría en contra de los intereses de las empresas de alimentos, la mayoría de las cuales armó un fuerte lobby en contra de la ley. Con un discurso más duro (y más aplaudido), el titular del interbloque Unidad Federal, José Luis Ramón, llamó a "empoderar" a los consumidores "más allá de la presión de doce empresas alimentarias y seis dueños de supermercados que concentran el 80 por ciento de la producción y que no quieren tener un octágono negro en sus productos que nos da el derecho saber lo que comemos".
Por el contrario, la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, llamó a "dejar de jorobar con los discursos incendiarios": "No se trata de que hagamos la revolución, simplemente queremos ponerle un buen etiquetado a los alimentos en la Argentina", exclamó durante su discurso de cierre, interrumpida de vez en cuando por los gritos del diputroll Fernando Iglesias.
Una de las primeras en plantear objeciones a la iniciativa fue la macrifascista Carmen Polledo. "Hay un fanatismo que pretende imponer solo una forma posible del etiquetado: la de los octógonos negros. La discusión que se nos planteó es elegir entre el octógono negro o la obesidad", denunció la diputada del PRO que presentó su propio dictamen de minoría y que fue apoyado por otres legisladores del bloque. Por el contrario, la diputada radical Brenda Austin, una de las principales impulsoras del proyecto por parte de la oposición, destacó la relevancia política de la iniciativa y celebró los acuerdos que habían permitido su sanción: "Es una realidad que la etiqueta que está al dorso resulta absolutamente insuficiente. Apenas un tercio de las personas las leen y, de ellas, sólo la mitad las entienden. No es posible entonces ampararse en el derecho a vender un alimento en base a ocultar el contenido de estos productos", advirtió.
Una de las sorpresas fue el apoyo de les legisladores tucumanos del Frente de Todos, cuya adhesión al proyecto había sido puesto en duda debido al peso de la actividad azucarera en la provincia. "Dijeron que no íbamos a acompañar porque somos tucumanos, que íbamos a defender el azúcar, pero hemos dado el debate correcto atendiendo la salud pública", sostuvo Pablo Yedlin, luego de plantear un par de modificaciones al proyecto, como la explicitación en la letra del proyecto que se hacía referencia a alimentos "procesados y ultraprocesados" (compartida por Consenso Federal). Los tucumanos de Juntos por el Cambio, en cambio, votaron en contra.
La sesión, a su vez, no estuvo exento de argumentos insólitos para justificar el apoyo o el rechazo del proyecto. Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), por ejemplo, comparó al azúcar con la marihuana: "La marihuana también es natural y viene de una plantita, que vemos que últimamente nos quieren imponer junto al alcohol, cafeína y otros tóxicos, para que podamos consumirla, tener placer y adormilarnos", denunció el rionegrino. La correntina del PRO, Ingrid Jetter, finalizó su discurso en rechazo el proyecto yendo en contra de los choripanes: "Los choripanes que se repartieron afuera o en la campaña, ¿le van a poner el octógono?".
Fueron varios los legisladores de la oposición que aprovecharon, con la excusa de reclamar la convocatoria al comité de crisis que contempla la Ley de Seguridad Interior, para criticar a diferentes figuras del Gobierno argumentando que "no estaban haciendo nada" para frenar a "los terroristas pseudo mapuches".
Hubo, inclusive, un pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad por un tuit que le dirigió al caricaturista Nik: "Yo viví en Sicilia y Calabria y sé que es así como funciona la mafia", argumentó el diputroll Fernando Iglesias.
El Frente de Todos también aprovechó el ring para tirar unos golpes. "Tenemos que terminar con el mecanismo de fuga capitales y con los empresarios como el ex presidente Macri, que dice que nadie gana dinero pagando impuestos", disparó el diputado oficialista Pablo Carro, al proponer debatir la Ley Nacional de Prohibición de Ayuda Económica a Empresas Domiciliadas en Paraísos Fiscales.
Por otro lado, la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, también intentó incorporar su proyecto de ley para declarar área protegida marina "Agujero Azul" al lugar donde se encuentran los restos del submarino ARA San Juan, propuesta que, al igual que la veintena de iniciativas que se presentaron durante más de tres horas, fue rechazada.
El festival de la oposición
A las 12.45, les diputados se sentaron en sus bancas y dieron inicio al primer debate presencial desde el comienzo de la pandemia. El contexto electoral y la abstinencia de no sesionar hace más desde tres meses no tardaron en hacerse presentes. Y es que al poco de iniciar la sesión, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio debatieron sobre la posibilidad o no de aplazar los homenajes y las cuestiones de privilegio para el final de la sesión de modo de que pudiera agilizarse el tratamiento del temario.
Si bien el Frente de Todos logró aprobar una moción para aplazarlas, el show de las cuestiones de privilegio fue reemplazado por el show de los apartamientos de reglamento, herramienta que sirve para proponer incorporar nuevos proyectos al temario y que, en este caso, fue utilizado como plataforma de Juntos por el Cambio para embestir contra el gobierno nacional durante más de tres horas.
Ficha limpia, conflicto mapuche, coparticipación de Chubut y un tuit del ministro Aníbal Fernández: estos fueron algunos de los temas que se colaron en el debate. "La sensación en la zona es de desprotección, desamparo, cuando no de complicidad. Protejan a la sociedad de estos grupos violentos", se indignó el chubutense Gustavo Menna (UCR), reflotando el discurso de campaña macrifascista que busca asociar una serie de incendios intencionales a al accionar de un grupo "terrorista" mapuche.
Fueron varios los legisladores de la oposición que aprovecharon, con la excusa de reclamar convocar al comité de crisis que contempla la Ley de Seguridad Interior, para criticar a diferentes figuras del gobierno argumentando que "no estaban haciendo nada" para frenar a "los terroristas pseudo mapuches".
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