La Cámara no pudo prohibir que la audiencia sea pública, pero rechazó el pedido de la ex presidenta de ejercer su defensa cara a cara con los jueces. Argumentó razones sanitarias. Lo mismo aplica para Axel Kicillof y el resto de los acusados.
El abogado de Cristina, Carlos Alberto Beraldi, había presentado el lunes un escrito reclamando que los recursos se traten de forma presencial porque tanto la vicepresidenta como el gobernador van a ejercer su propia defensa. Los magistrados alegaron razones de la pandemia para rechazar la presencialidad, pero le dieron visto bueno a la transmisión abierta. O sea que la audiencia será pública.
Los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña resolvieron el pedido presentado por Beraldi. La Sala I había enviado el viernes pasado un instructivo en el que se adelantaba una restricción total: “queda prohibido retransmitir la audiencia por cualquier medio tecnológico, total o parcialmente, así como la difusión de videos, imágenes, capturas de pantalla o audios de dicho acto procesal por cualquier otro medio o dispositivo, simultáneamente o con posterioridad a su ocurrencia”. Se trata de una acordada de mayo de 2020.
Pero Beraldi les señaló a los magistrados que en Inodoro Py se hacen audiencias presenciales, como por ejemplo en la causa conocida como Vialidad u obra pública de Santa Cruz. En las audiencias están presentes los jueces y todos sus colaboradores. Además, el letrado sostuvo que la metodología del zoom debe tener la conformidad de las partes, por lo que la audiencia del jueves corresponde que se haga en forma presencial.
Finalmente, la Casación atendió a una sola de las demandas. Dijeron que se acojen a las acordadas de la Corte Suprema y a resoluciones de la Cámara de Casación referidas a las audiencias en tiempos de covid y por lo tanto ratificaron que la audiencia será por zoom.
Los magistrados afirman que hubo otros pedidos de presencialidad, pero que eso implica exponer a los jueces -alguno mayor de 70 años-, empleados y funcionarios. Y también a sus familias, ya que ninguno está vacunado. Al mismo tiempo, aceptaron la transmisión y, por lo tanto, los alegatos de Cristina y Kicillof serán públicos.
Beraldi señaló en su escrito que “es imperativo que la gente pueda ver de primera mano y sin intermediarios en qué consisten los conflictos que se someten ante los Tribunales, cuáles son los argumentos que presentan las partes y de qué manera tales litigios son resueltos por los jueces”.
La audiencia es de máxima importancia porque en la causa dólar-futuro se concretó una pericia, realizada por especialistas de la Corte Suprema, que determinó que no hubo ningún perjuicio para el estado, que la política de dólar-futuro se aplicó en numerosos países, que evitó una corrida cambiaria y que, en cambio, permitió evitar una caída en las reservas del Banco Central.
La firma de la pericia de 82 páginas fue unánime y sobre esa base los imputados -CFK, Kicillof, los directores del Banco Central y el extitular de esa institución, Alejandro Vanoli- pidieron que se cierre la causa por inexistencia de delito. Uno de los jueces del tribunal oral, Adrián Grünberg, sostuvo que el juicio no debía hacerse, mientras que los otros dos, más alineados con el macrifascismo, Ricardo Basílico y Juan Michilini, dictaminaron lo contrario.
El caso fue tan, pero tan grotesco que está claro que ningún funcionario se llevó dinero a su bolsillo y en cambio los que hicieron ganancias significativas fueron muchos de los empresarios y funcionarios vinculados al macrifascismo. Algunos de ellos terminaron siendo ministros. En la nómina de los que operaron con dólar futuro están Nicolás Caputo, Luis Caputo, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui y varios más. Cuando la alianza de derecha Cambiemos llegó al poder, produjo la devaluación y con eso ganaron sus propios funcionarios.
Fuente: nota de Raúl Kollmann para Página/12
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