Dos jubilaciones en la Cámara de Casación abren el calendario electoral

Eduardo Riggi y Ana María Figueroa cumplen 75 años (edad de jubilarse) pero anticiparon que quieren continuar en sus cargos durante cinco años más. La decisión depende del Ejecutivo y requiere acuerdo del Senado. El dilema del "mal menor" que evalúa el Gobierno con actores que definen causas claves en un año de elecciones y en la cancha de la justicia anti-gobierno.

Eduardo Riggi y Ana María Figueroa

En este año atravesado por el calendario electoral la Cámara de Casación Penal Federal podría convertirse en un actor clave del escenario político, donde la execrable Corte Suprema ya viene jugando su propio partido a la cabeza de una campaña judicial anti-gobierno. 

Las y los casadores conforman el máximo tribunal penal del país. Para cuando termine la feria de verano habrá grandes asuntos a definir. 

Por empezar, el 16 de febrero cumple 75 años, la edad jubilatoria, Eduardo Riggi, su integrante más antiguo. Para agosto le tocaría jubilarse también a la nueva presidenta, Ana María Figueroa. 

Ambos ya pidieron que les extiendan el acuerdo, como habilita la Constitución Nacional, por cinco años más. Pero esto quedará sujeto a que los postule el Poder Ejecutivo y luego les de un nuevo acuerdo el Senado. En la Sala I, que Figueroa seguirá integrando para casos donde ya hubo audiencias, quedaron dos decisiones cruciales pendientes: el destino de las causas conocidas como "Memorándum" y "Hotesur-Los Sauces", donde Cristina Fernández de Kircher y otros imputados habían sido sobreseídos. 

En otras salas hay más expedientes de alto impacto: en uno se debe definir si se revoca o mantiene sobreseimiento de Miauricio Macri por el espionaje a los familiares del ARA San Juan; en otro los jueces deben revisar las condenas de la causa Vialidad.

¿Alguien se jubila?

Riggi es el juez más antiguo de la Casación. Lo designó el turco mufa cuando inauguró ese tribunal en 1992. Al conocer ese y otros nombres, el entonces ministro de Justicia, León Arslanián, los calificó de "esperpentos" y renunció. El casador había forjado su carrera en la Cámara Federal en lo Penal conocida como "el camarón", creada en 1971 por la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. En 1978 fue designado juez por el dictador Jorge Rafael Videla. Riggi estuvo involucrado en una trama de presuntas coimas en la causa sobre el asesinato de Mariano Ferreyra a manos de una patota de la Unión Ferroviaria. En pleno macrifascismo la Corte cerró esa investigación. Firmó fallos regresivos en causas de lesa humanidad, y benefició en particular a civiles acusados por crímenes dictatoriales, como Carlos Blaquier. Durante el macrismo firmó con Gustavo Hornos la detención de los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Este magistrado debería jubilarse a mediados de febrero. Pero ya planteó que quisiera que el Senado le prolongue su ya larga estadía en tribunales por cinco años más. Para eso necesita el respaldo de Alberto Fernández. Al Gobierno la posible salida de Riggi le genera algunas dudas y contradicciones. No es el perfil de juez que les gustaría apoyar. Pero cualquier nuevo espacio vacante en Casación tiene probabilidades de ser subrogado por jueces llamados, con ironía, "amarillos" (por su afinidad con el PRO o la oposición) que son mayoría en el tribunal. La generación o mantenimiento de lugares vacíos para ser ocupados por ese sector ha sido una estrategia de la derecha política: es lo que explica que se haya fomentado, incluso desde la Corte, la parálisis del Consejo de la Magistratura, lo que ha permitido mantener -por ejemplo- a jueces designados a dedo como los okupas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal, o a Germán Castelli en el Tribunal Oral 7 (que tiene a causa de los cuadernos), tres lugares vacantes de jueces de instrucción de Inodoro Py que son cubiertos por los que siguen en funciones, y un lugar vacante ya en Casación que dejo Liliana Catucci al jubilarse. Un sector de la Casa Rosada evalúa que la permanencia de Riggi cinco años más podría ser un mal menor. 

La continuidad de Figueroa, que cumple 75 el 9 de agosto y también ya pidió un nuevo acuerdo por cinco años, se perfila menos conflictiva. Esta jueza, designada en noviembre de 2011, es una especialista en derechos humanos, académica, profesora de derecho constitucional y defensora de los derechos de las mujeres. A fines de 2022 fue elegida presidenta de Casación contra los pronósticos que vaticinaban que sería Mariano Borinsky, quien carga con la mancha de sus frecuentes visitas a la Quinta de Olivos -igual que Hornos- a veces con la excusa del fútbol o el paddle, durante la gestión de Macri y tenía a su cargo causas que le interesaban al ex hijastro de Flavia Palmiero porque podrían salpicar a CFK. En 2020 Figueroa denunció presiones del macrifascismo: la habían visitado en su despacho para apurar una resolución en la causa del Memorándum. La jueza lo declaró en la causa sobre la mesa judicial macrista y dijo que las presiones fueron no sólo del nefasto régimen de la alianza de derecha Cambiemos sino de los medios aliados.

Causas pesadas en puerta

Como presidenta, Figueroa dejará la Sala I, que compartía con Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, pero intervendrá en la resolución de causas donde ya hubo audiencia. Entre ellas, "Memorándum" y "Hotesur-Los Sauces". En ambos, dos tribunales orales dictaron los sobreseimientos de CFK y el resto de los imputados. Casación debe decidir si sostiene o no esa decisión. En el fallo del Tribunal Oral Federal 8 el caso "Memorándum" quedó exhibido como una especie de paradigma de causa armada y sin sustento. Hasta hace unos meses, todo hacía suponer que la Sala I sostendría esa decisión, pero había más dudas sobre el caso de los hoteles y asuntos inmobiliarios. En diciembre, se empezó a inclinar la balanza de los debates internos en ambos casos en contra de la vicepresidenta. Hay que leer esta cuestión en el contexto de, por ejemplo, del fallo del juicio de la obra pública, en el que fue condenada, y envalentonó al sector más afín al macrifascismo de Inodoro Py.

Pero en medio de esas tensiones internas de Casación, la Sala I decidió postergar los fallos. Cuanto más pasa el tiempo, más se calienta la pelea política y el mensaje de las sentencias hace su efecto. Un factor que vino a ejercer algo de contrapeso es el escándalo de los jueces que viajaron a Lago Escondido, junto con el ministro de seguridad porteño (ahora de licencia), un exagente de inteligencia, un consultor, el actual jefe de los fiscales de la CABA, y que fueron recibidos allí por directivos de un medio y el administrador del predio de Joe Lewis. Uno de los jueces es Carlos Mahiques, de Casación, padre del jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires, todos expuestos en la filtración de los chats de Telegram posteriores a que este diario revelara la existencia del viaje, donde aparecen planeando como camuflar la invitación con facturas truchas y versiones para los medios amigos sobre la travesía.

Mahiques padre pasará al lugar de Figueroa en la Sala I. Su compañero Barroetaveña ahora es Consejero de la Magistratura, donde hay denuncias por el asunto de Lago Escondido. El otro es Daniel Petrone. Un tema que tendrán que resolver es el cuestionamiento de CFK a la excarcelación de Jonathan Morel en la causa sobre Revolución Federal, y todo lo que llegue de ese expediente. Antes de fin de año Mahiques fue recusado, como parte de la Sala II, en la causa donde se debe revisar el sobreseimiento de Macri por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. Los otros integrantes son Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Es otro de los grande asuntos pendientes para 2023. A esa sala vuelve Alejandro Slokar, al dejar la presidencia. Otro tema que tendrán es la causa del atentado contra la vicepresidenta (lo primero será la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti). La Sala IV -con los cuestionados Borinsky y Hornos, junto con Javier Carbajo- tendrá para revisar las condenas del juicio de Vialidad, entre ellas la de CFK.

Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12