Tres días después de que anunciara su alejamiento temporario del ministerio de Justicia y Seguridad porteña, se publicó la designación como docente del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), el mismo organismo que tiene dentro de su staff a la jueza María Eugenia Capuchetti.
Marcelo D’Alessandro debió tomarse licencia como ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires después de que una filtración de chats lo llevara al centro del escándalo político. Los mensajes que se difundieron y que se le atribuyen lo muestran supuestamente recibiendo asesoramiento del principal consejero del presidente de la execrable Corte Suprema, pidiéndole información ilegal a un fiscal que terminó condenado por extorsión y hablando de miles de dólares con un empresario que se dedica al millonario negocio de las grúas y los estacionamientos en el distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larrata.
Sin embargo, el bochorno no lo sacará de las aulas. Según apareció publicado en el Boletín Oficial porteño, D’Alessandro estará a cargo de una materia troncal que deberán aprobar quienes quieran incorporarse como policías de la Ciudad. La asignatura se dicta en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), el organismo que se supo que tiene entre su staff de docentes e investigadores a María Eugenia Capuchetti, la jueza que tiene a su cargo la causa sobre el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner.
En el Boletín Oficial del viernes último –que lleva el número 6535–, se publicó una resolución del director del ISSP, Gabriel Unrein, en la que designa a los profesores titulares de las materias que integran el ciclo inicial de los aspirantes a oficiales de la Policía de la Ciudad. Entre ellos, aparece D’Alessandro como profesor titular de “Seguridad Pública Ciudadana”.
La resolución de Unrein se firmó el 2 de enero, cuando el escándalo de los chats ya estaba desatado y un día antes de que D’Alessandro anunciara que se iba a tomar “licencia temporaria” a su cargo el ministerio de Justicia y Seguridad para ocuparse técnicamente de desmentir lo que surgiría de los intercambios y de atender a su familia.
Ante la consulta con el equipo de D’Alessandro para saber si su licencia se extendería también al instituto de formación de las nuevas camadas de policías, la respuesta fue que, como las clases se inician en marzo, no se sabe qué hará el funcionario que tuvo, por el momento, una salida elegante del régimen de Rodríguez Larrata.
“Me parece increíble que no se planteen que el último lugar que hoy debería ocupar D'Alessandro es el de docente del Instituto de Seguridad Pública”, dijo la legisladora del Frente de Todos Claudia Neira. “Claramente tuvo que pedir licencia porque era insostenible seguir en el cargo sin ninguna autoridad frente a la ciudadanía. Me pregunto cómo se les ocurre que, en medio de este escándalo, forme a los policías”, añadió.
“Con el bloque del Frente de Todos exigimos que informen sobre el funcionamiento del Instituto de la Policía y presentaremos un pedido de interpelación a su director”, adelantó el legislador Matías Barroetaveña. “Es inaceptable que la jueza que tiene a su cargo una de las causas más importantes en términos institucionales de los cuarenta años de democracia esté cobrando un sueldo del ministro de Seguridad responsable de la seguridad del distrito donde ocurrió el intento de magnicidio”, remarcó.
“Es evidente que la licencia de D’Alessandro fue para garantizar su impunidad, sino tendría que haber venido a la Legislatura a dar explicaciones como exigimos”, reclamó la legisladora Alejandrina Barry, del Frente del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT)-Unidad. “Que siga siendo docente de policías muestra que mantiene su poder”, dijo. Desde ese bloque impulsan una interpelación a Rodríguez Larrata por encubrimiento.
En defensa de Capuchetti
El viernes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, denunció que la jueza Capuchetti ejercía como docente e investigadora del ISSP. Para Soria la situación exhibía dos irregularidades: por un lado, la jueza podría ejercer la docencia pero no la investigación, según el decreto ley 1285/1958; por otro, esa relación exhibiría cierto vínculo de la magistrada -que debe investigar el intento de magnicidio a CFK, la mesa judicial macrista y el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- con el PRO.
El ISSP confirmó a través de un comunicado que distribuyó el régimen de la CABA que Capuchetti es docente desde 2014 y que desde 2017 es investigadora en un observatorio que depende del mismo Instituto. Por la tarea de investigación, recibiría una remuneración de 73.924,23 pesos –según lo informado por el ISSP–. En el juzgado también explicaban que Capuchetti da clases y confecciona informes para el instituto de seguridad de la Ciudad como lo hizo antes para la Policía Federal Argentina (PFA). Según pudo saber este diario, Capuchetti impartió seminarios para esa fuerza entre 2006 y 2019, antes de ser designada titular del juzgado federal 5 de Inodoro Py.
Quien salió al cruce de Soria fue el propio D’Alessandro, que había bajado su exposición después de que el martes anunció su “licencia temporaria”. Desde Twitter, denunció que Soria estaba llevando adelante una “operación de inteligencia miserable” y que era un “gesto de obsecuencia con Cristina, la única vicepresidenta en ejercicio condenada por corrupción en la historia de la democracia”.
D’Alessandro está desde hace meses en un loop de denuncias de “operaciones de inteligencia”. Fue la explicación que ensayó después de que Página/12 revelara que en octubre había viajado a Lago Escondido con un grupo de magistrados federales, un ex espía y dos directivos del Grupo Clarín.
“La falta de límites y las relaciones promiscuas entre Juntos por el Cambio y Comodoro Py es tal que ahora son los propios ministros de Larreta los que ofician de voceros de los jueces involucrados en los escándalos de las últimas semanas”, replicó el ministro Soria.
“Sería bueno que ahora que está en uso de licencia se tome el tiempo de leer la resolución en la que designan a la jueza Capuchetti como investigadora senior en el Instituto Superior de Seguridad de la Ciudad, que según la propia resolución es una instancia de apoyo a la conducción política del sistema de seguridad a cargo del Ministerio de D'Alessandro. No tengo dudas de que este contrato como investigadora de la Ciudad que le dieron a la jueza Capuchetti explica por qué no tiene tiempo de investigar de verdad las causas que tiene en su juzgado”, insiste Soria. “Antes que seguir perdiendo el tiempo inventando excusas absurdas, el ministro D'Alessandro, junto con todos los que chateaba, deberían ponerse a derecho y entregar sus teléfonos celulares. No vaya a ser que se les pierdan o los cambien como a las asesoras del diputado Gerardo Milman”, remata.
Los otros docentes
El ISSP se creó en 2008, tiempo después de que Miauricio Macri accedió a la jefatura de Gobierno porteño, y como parte de la estrategia para conformar la Policía Metropolitana –que quiso dejar en manos del comisario de la PFA Jorge “Fino” Palacios, uno de los involucrados en el desvío de la investigación del atentado a la AMIA–.
Si bien desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño se ocupan de resaltar que el ISSP es autárquico y que las designaciones corren por cuenta de su director –Unrein–, los vínculos con el régimen de la CABA parecen indiscutibles. El 13 de diciembre pasado, D’Alessandro y Felipe Miguel –jefe de gabinete de Rodríguez Larrata– estuvieron en la ceremonia de egreso de los nuevos policías. El 27 de octubre, D’Alessandro fue el principal orador en el acto por el día del cadete. Ocho días antes, había estado en la apertura del seminario sobre “buenas prácticas para implementar la seguridad de los fiscales” junto con Unrein; el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques; el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General, Juan Manuel Olima; el fiscal federal Carlos Rívolo y el encargado jurídico de la embajada de Estados Unidos, Ricardo Fernández, entre otros. El 22 de agosto, D’Alessandro también ejerció de anfitrión en una visita que hizo el senador Martín Lousteau al ISSP.
Cada ingresante a la Policía de la Ciudad debe aprobar un ciclo de formación inicial que está compuesto –según surge de la resolución publicada en el Boletín Oficial porteño– de siete asignaturas –entre las que se encuentra la de D’Alessandro–, que son impartidas por docentes con claros vínculos con el macrifascismo.
✒ Marcela de Langhe es la docente a cargo de “Marco legal de actuación policial”. De Langhe –que tiene una larga trayectoria al frente del ISSP– integra el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, donde Rodríguez Larreta tiene una mayoría asegurada.
✒ Juan Bautista Mahiques dicta clases –de manera ad honorem– de “Marco legal de la actuación policial: módulo Derecho Procesal Penal”. Mahiques es el fiscal general de la Ciudad y fue durante el gobierno de Macri el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Tenía a su cargo la subsecretaría del Ministerio de Justicia que se ocupaba de las cárceles y de la relación con los tribunales. Fue uno de los que viajó con D’Alessandro a Lago Escondido.
✒ Néstor Nicolás imparte clases de “Actuación policial frente a emergencias y siniestros”. Es el subsecretario de Emergencias de Rodríguez Larrata.
✒ Martín Ocampo es el profesor responsable de “Marco Legal de Actuación Policial: Módulo Derecho para la Deontología Policial”. Exfiscal general de la Ciudad, Ocampo antecedió en el cargo de ministro a Diego Santilli y a D’Alessandro. Renunció en 2018 después del escándalo por el operativo de seguridad en la superfinal entre River y Boca.
✒ Carlos Francisco Balbín da clases de “Marco legal de la actuación policial: módulo Derecho Administrativo”. Balbín fue el primer procurador del Tesoro del gobierno de Macri, que terminó renunciando después de dictaminar en contra de los intereses del entonces presidente en la causa del Correo.
✒ El penalista Marcelo Sancinetti está a cargo de los módulos de Derecho Penal I y II. Sancinetti tomó la representación del camarista Gustavo Hornos después de que se conocieran sus encuentros con Macri. Antes, había hecho un trabajo para la familia de Alfredo Yabrán sobre el crimen de José Luis Cabezas.
Fuente: nota de Luciana Bertoia para Página/12
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