Emisarios del Presidente y de su vice fueron coordinando las propuestas, también con la intervención del ministro de Economía, Sergio Massa, para consensuar los 27 proyectos que finalmente se enviaron al Congreso. Quiénes participaron.
El llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, que se publicó ayer en el Boletín Oficial mediante el Decreto 17/2023, contiene 27 proyectos, varios de ellos que impulsan reformas dentro de la Justicia. Las propuestas fueron producto de una tregua política que pactaron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Todos los temas se consensuaron luego de largos días de negociaciones, en los que jugaron un rol preponderante intermediarios de ambos lados.
Como representante del jefe de Estado actuó Juan Manuel Olmos, actual vicejefe de Gabinete y uno de sus hombres de consulta permanente. Y con CFK en El Calafate, su interlocutora fue la diputada Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara baja. Por supuesto, Olmos y Moreau hicieron sus aportes y también transmitieron las intenciones de uno y de otro lado. Se sucedieron las comunicaciones para que ninguno de los proyectos que el Gobierno considera como prioritarios quedara al margen.
“No habló directamente con Cristina. Se encargó Cecilia (Moreau) de hacerle llegar cada una de las propuestas”, contó un allegado al ex jefe de asesores del primer mandatario en Casa Rosada.
En el Parlamento también el titular del bloque oficialista, el santafesino Germán Martínez, y la legisladora kirchnerista Paula Penacca, tuvieron un rol preponderante para acordar el temario a tratarse entre el 23 de enero y el 28 de febrero. En tanto, Sergio Massa, el otro socio clave del Frente de Todos y con interés en que varias iniciativas económicas avancen en el terreno legislativo, participó activamente de las conversaciones.
La tregua que se selló entre el presidente y la vice, además de incluir el pedido de juicio político contra los cuatro integrantes de la execrable Corte Suprema, permitió sumar otros ítems que reforzarán la estrategia gubernamental. Por eso se incluyeron el proyecto de la ampliación de miembros de la Corte Suprema, la iniciativa para modificar el Consejo de la Magistratura y también la que propone el nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación, cargo en el que el oficialismo propone al juez federal Daniel Rafecas. Sobre este último tópico que lleva un largo tiempo sin resolución, si llegara a tratarse, se espera un arduo debate ya que la oposición manifestó en reiteradas ocasiones que no acepta a ese candidato.
Asimismo, Alberto y Cristina consensuaron que es necesario actualizar la ley de Presupuesto General de gastos y cálculos de recursos de la administración nacional. Esta última medida se da en el marco de la discusión con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los fondos de coparticipación. El máximo tribunal recientemente ordenó restituir el porcentaje que la administración porteña tenía antes de la pandemia y que debería pasar a un 2,95 por ciento.
El propio jefe de Estado había cuestionado este fallo y a fines de diciembre pasado anticipó que, para cumplir con la medida, iba a tener que “mandar la ley (de Presupuesto) nuevamente al Congreso” para que los diputados y senadores le “digan de dónde se va a sacar la plata, si se van a aumentar impuestos o si el país se va a endeudar”.
Por ello, Olmos debió establecer contactos con varios de los gobernadores y también negociar reservadamente con los integrantes de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El Gobierno teme que si no consigue los recursos para pagar la coparticipación según lo que establece el fallo, queden embargadas las cuentas del Estado.
A Massa le interesan particularmente que avancen varios proyectos económicos y por eso también intervino en el armado del temario, que encontrará fuertes obstáculos en el recinto ya que el diálogo con la oposición está casi en punto muerto.
El ministro de Economía logró “colar” para este período de extraordinarias su pretensión de reformar el funcionamiento del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y también un paquete de medidas en las que insiste desde que suscribió un acuerdo de intercambio fiscal con autoridades del gobierno de Estados Unidos, el FATCA. Allí entran el blanqueo de capitales (“Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado”), el de la licuefacción de gas licuado (GNL), las modificaciones en la legislación vigente tendiente a la represión y prevención de lavado de activos, la Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, la promoción de nuevas energías, el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial y el régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos.
A menos de dos semanas de que se reanude la actividad en la Cámara de Diputados, el panorama parece adverso para el Frente de Todos, que tiene los votos justos para avanzar en la comisión de Juicio Político pero no podrá ratificar la acusación contra los jueces de la Corte en el recinto. Al mismo tiempo, la agenda de proyectos económicos y productivos caería víctima de la polarización extrema y el inicio adelantado de la campaña electoral.
“El año pasado, con 18 temas, no pudieron tratar ninguno. Ahora deberán elegir: si no elige priorizar los consensos, chocará con las trabas que se autoimpuso”, agregó el diputado lavagnista, Alejandro “Topo” Rodríguez. Un síntoma de lo que le espera al oficialismo en el Congreso.
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