"Esta decisión de echar a funcionarios valiosos, con vocación de trabajo y compromiso público, nos resulta dolorosa e inaceptable", lanzó la agrupación de Máximo Kirchner en una carta pública. El conflicto muestra la pugna del año electoral y comenzó antes del regreso del exministro a su intendencia.
El año electoral comenzó complejo para el oficialismo en el municipio bonaerense de Hurlingham. Allí hay una fuerte interna entre el actual intendente Juan Zabaleta, y Damian Selci de La Cámpora que estuvo frente al distrito mientras Zabaleta se desempeñó como ministro de Desarrollo Social. El conflicto estalló esta semana cuando el actual intendente decidió desplazar del gobierno a cuatro secretarios: el de Obras Públicas, el de Cultura, el de Comercio y el de Medio Ambiente. También despidió a Patricia Danna, directora de Derechos Humanos del municipio. Como respuesta, y en repudio a los despidos, al día siguiente once funcionarios de La Cámpora renunciaron a sus cargos. Se trató de secretarios, subsecretarios y directores.
Desde el entorno de Zabaleta argumentaron que "tuvieron que realizar los cambios" porque los funcionarios que ingresaron a la gestión municipal de la mano de Selci "trababan" la gestión impidiendo el avance de distintas políticas, por ejemplo, en la obra pública. Además, justificaron el desplazamiento diciendo que se trataba de "cargos políticos". Por último, destacaron que el conflicto se circunscribe "simplemente a lo local", y que no tendría repercusiones más allá del distrito. "Había acuerdo de volver y trabajar juntos, pero eso no funcionó", resumieron.
Según explicaron en una carta los once funcionarios que decidieron dejar el gobierno municipal luego de los despidos que realizó Zabaleta, para ellos el motivo de los desplazamientos estuvo vinculado a un episodio de "persecución política".
"Esta decisión de echar a funcionarios valiosos, con vocación de trabajo y compromiso público, nos resulta dolorosa e inaceptable. No podemos convalidar con nuestra presencia en el gabinete ninguna maniobra de persecución política contra peronistas, justo cuando Cristina y el peronismo están siendo terriblemente perseguidos y hostigados", expresaron. Además, añadieron que "lamentamos la división de nuestro frente político que produce Zabaleta echando de su gobierno a peronistas históricos, congresales del PJ, referentes sindicales y compañeros de las distintas expresiones del peronismo".
En el sector que se referencia con Máximo Kirchner y con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, consideran que este comportamiento de Zabaleta "no es novedoso". Las peleas vienen desde antes. Selci reemplazó a Zabaleta en la intendencia en agosto de 2021, cuando él decidió tomarse una licencia para conducir el ministerio de Desarrollo Social por pedido del presidente Alberto Fernández.
El ex ministro tuvo la ilusión de poder construir bajo la figura del presidente algo que junto con algunos intendentes, gobernadores y otros actores sociales como la CGT y los movimientos sociales solían denominar "peronismo territorial", para disputarle poder al kirchnerismo. Eso finalmente nunca se concretó y Zabaleta decidió volver a la intendencia.
El retorno no fue sencillo. Zabaleta volvió en octubre del año pasado y en noviembre Selci quiso regresar a la presidencia del Concejo Deliberante, cargo que ocupaba antes de llegar a la intendencia. Los concejales de la Cámpora (ocho) convocaron a una sesión para debatir las autoridades legislativas y los legisladores que responden a Zabaleta (cuatro), en acuerdo con los de la oposición (otros ocho), no dieron el quórum necesario para que el tema sea discutido en el recinto y Selci no pudo regresar a su cargo. Eso fue el comienzo de la batalla que tuvo su epicentro esta semana.
En contraposición a los argumentos que esgrimen cerca del intendente, desde el otro sector aseguran que nunca hubo una reunión entre los funcionarios que fueron despedidos y Zabaleta si el problema y lo que él consideraba-- era que había "trabas a la gestión". En esa línea, sostienen que uno de los despedidos fue el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Facundo Cadavid, que es un arquitecto que no es militante de La Cámpora, y con el cuál no había problemas porque, según dicen ellos, las obras se venían desarrollando en tiempo y forma.
Cerca de la agrupación que lidera Máximo subrayan que justificar los despidos con el argumento de que se hicieron porque los funcionarios "trababan la gestión" y a la vez decir que fueron desplazados porque se trataba de "cargos políticos", "es una contradicción". "Es complejo que crean que tienen potestad para hacer lo que quieran con el gobierno como si fuese una propiedad de ellos y no producto de una trabajosa alianza que costó años construir", expresaron.
Por último, remarcaron que para ese sector no se trató de "una cuestión de funcionamiento" sino de "una cuestión contra el kirchnerismo y contra la expresión de CFK en Hurlingham". Cerca de La Cámpora también aclaran que no fue una cuestión solo contra la agrupación porque el secretario de Comercio, Ariel Simoni, por ejemplo, pertenece al Frente Renovador. Las otras dos funcionarias despedidas que sí son parte de La Cámpora son la secretaria de Cultura, Daniela Campisi, y la de Ambiente, Abril Kopriva.
Por Melisa Molina para Página/12
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