Cálculos preliminares del Ministerio de Economía arrojan que por el dólar soja se obtendría una recaudación adicional superior a los $ 170 mil millones. De esta cifra la mitad se destinará a ayuda alimentaria -la mayor parte- y al desarrollo de economías regionales.
Los últimos números de la pobreza y la indigencia del primer semestre del año (36,5% y 8,8%, respectivamente) volvieron a poner en el centro del debate la discusión sobre el otorgamiento de una ayuda extraordinaria para los sectores más vulnerables, tema que ya estaba contemplado en el decreto de necesidad y urgencia que estableció el dólar soja.
Este viernes concluye el dólar especial de 200 pesos para los exportadores de la oleaginosa, tal como confirmó el ministro de Economía, Sergio Massa, vía redes el domingo. Dado que el programa superó el compromiso inicial de liquidar unos U$S 5.000 millones (estimaciones privadas calculan que se podría llegar a U$S 7.000 millones) esos U$S 2.000 millones, aproximadamente, tendrán como destino una ayuda para los sectores más vulnerables y financiamientos de programas para las economías regionales.
Los últimos datos del Palacio de Hacienda, con la recaudación hasta este jueves a los que tuvo acceso Ámbito, proyectan que el programa podría alcanzar una recaudación total de unos 150.000 a 170.000 millones de pesos, aunque aclaran, que el número final recién se conocerá el primero de octubre.
Se calcula que el monto incremental que surge de haber superado la liquidación de los 5.000 millones de dólares, en principio, sería de unos 70/75 millones de pesos. Tal como establece el decreto de necesidad y urgencia que definió el régimen, el Ministerio de Economía definirá qué porcentaje de este monto se destinará para la ayuda social. En principio, en los pasillos del Palacio de Hacienda estiman destinar la mayor parte de estos recursos para los más vulnerables.
Aún resta conocer qué tipo de ayuda será, pero fuentes oficiales aseguran que, “será un instrumento nuevo”, descartando de esta manera que se vaya a implementar un nuevo ingreso familiar de emergencia (IFE) o mediante un bono para los beneficiarios de asignación universal por hijo (AUH).
El decreto establece que será “una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”.
El Gobierno está analizando los criterios que se tendrán en cuenta para que la ayuda monetaria realmente llegue a las “personas que sufren extrema vulnerabilidad”.
Seguramente, una vez determinado el instrumento y los beneficiarios, será el ANSeS el que se ocupe de los temas operativos. No está definido todavía si se tratará de uno o dos pagos, pero las autoridades señalan que trabajan “para que la ayuda llegue lo más rápido posible” en estos meses.
En tanto, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo viene analizando con las diversas entidades el programa para estimular la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales.
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