Identificar a las familias que no retiran a sus hijos de la protesta y fotografiar los daños que producen al "patrimonio escolar", son algunas de las acciones que le exige la cartera de Soledad Acuña a las autoridades frente al reclamo de los estudiantes.
El protocolo que el abyecto Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires aplica cuando los estudiantes toman un colegio ordena a las autoridades de cada establecimiento, entre otras acciones, identificar a las familias que no retiran a sus hijos de la protesta y fotografiar los daños que producen al "patrimonio escolar", para luego "elevar" esa información a la Procuración General.
El protocolo de intervención antitomas, aprobado a través de la Resolución 643/MEGC/18 del 14 de febrero de 2018, ordena a los directivos de los colegios "labrar un acta" y enviarla a la "máxima autoridad" del Ministerio de Educación porteño, es decir Soledad Acuña, que luego "elevará" el "expediente administrativo para intervención de las áreas de la Procuración General".
"Ante la situación de toma de establecimientos educativos de gestión estatal, que impiden el normal dictado de clases e implican la pérdida de gobierno por parte de las máximas autoridades, resulta menester asegurar con absoluta prioridad la efectivización del derecho a la integridad de los niñas, niños y adolescentes, mediante la corresponsabilidad de las familias ante dichas situaciones", agrega.
El acta que se labre debe incluir los "datos de los padres o de quienes ejerzan la responsabilidad parental que no hayan retirado a los jóvenes a su cargo del establecimiento educativo, dejando constancia de los motivos y de haberles hecho saber que la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre el adulto".
También debe proporcionar un "relato de los hechos por los que se efectivizó la toma y el estado del patrimonio escolar, documentado con fotografías" que, de ser posible, estén "certificadas por escribano público o con la presencia de dos testigos individualizados". Además, los directivos deben "dejar constancia" de que no se pueden dar clases ni realizar tareas administrativas debido a la toma.
De acuerdo al protocolo, al comenzar la protesta, las autoridades de la escuela deben dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Servicio de Asistencia Médica de Emergencia (SAME). También tienen la obligación de citar "de manera inmediata" a los familiares responsables "para que retiren" a los jóvenes del colegio.
En tanto, al finalizar la protesta, los directivos del establecimiento deberán labrar otra acta, que también será elevada a la ministra, consignando el "estado detallado del patrimonio escolar al momento de cesar la toma del establecimiento educativo, que además deberá ser documentado fotográficamente".
El protocolo, además, pide a los directivos "identificar los daños en el patrimonio que podrían haberse ocasionado por la toma" del establecimiento.
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