El diputado del Frente de Todos cuestionó la decisión del máximo tribunal de justicia y dijo que es "más grave" la regulación de retrotraer la integración del Congreso con 20 miembros en lugar de los 13 actuales.
Leopoldo Moreau calificó ayer como "una aberración institucional" el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el Consejo de la Magistratura, que obliga al Congreso a sancionar una nueva ley para regular el organismo y elegir a sus nuevos miembros en un plazo de 120 días, y que se cumplen el viernes próximo.
"Que cuatro individuos que integran la Corte Suprema le impongan al Parlamento con día y hora, que fue votado por 25 millones de ciudadanos, la obligación de sancionar una ley es una aberración institucional que sólo debe ocurrir en la Argentina", advirtió el legislador a través de su cuenta de Twitter.
Moreau consideró que "más grave aún" es que el fallo se haya establecido "bajo la coacción" de retrotraer la integración del Congreso de la Magistratura a la que establecía la Ley 24.937, derogada en el 2006, con 20 miembros en lugar de los 13 actuales.
"Para completar este dantesco juego hay que decir que el objetivo es que (Horacio) Rosatti se autocorone, como si fuera un Napoleón de pacotilla, titular del Consejo de la Magistratura", denunció el diputado, al referir que la ley del 2006 disponía que el organismo estuviera encabezado por el presidente de la Corte.
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El plazo de 120 días que había ordenado la Corte tras su fallo en diciembre pasado se cumplirá el próximo viernes 15 -que es feriado nacional por el Viernes Santo-, para que el Consejo equilibre su composición entre miembros técnicos (abogados, jueces y académicos) y políticos (legisladores y representante del Poder Ejecutivo).
En el caso de que no se volviera a la integración de 20 miembros antes de dicha fecha, el Consejo quedaría anulado para tomar las decisiones que tienen que ver con concursos para cubrir vacantes en juzgados, sanciones y actos administrativos, entre otras competencias.
En paralelo, el Senado dio media sanción la semana pasada a una propuesta de 17 miembros, sin la presidencia a cargo del presidente de la Corte a diferencia de lo que marcaba la ley vigente hasta 2006, cuando fue reformada por iniciativa del kirchnerismo y se redujo sus miembros a 13.
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