“Vinimos a expresar nuestra preocupación por la gravedad institucional a la que se llegó en los últimos cinco años”, dijo el ministro de Justicia, quien les reprochó a los supremos demorar causas urgentes, habló del funcionamiento de la mesa judicial macrista, criticó el modo en el que se eligió a Rosatti para presidir el organismo y nombró a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón como el principal arquitecto de la política judicial del macrifasismo.
El ministro de Justicia, Martín Soria, mantuvo ayer su primera reunión con los integrantes de la Corte Suprema. El funcionario hizo saber sus críticas por la situación del Poder Judicial en general. “Vinimos a expresar nuestra preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia argentina en los últimos cinco años”, dijo Soria.
El encuentro se produjo horas después de que el Poder Ejecutivo enviara un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura mientras la Corte preparaba un fallo para declarar la inconstitucionalidad de la conformación actual de ese organismo.
La reunión estaba pactada para las diez de la mañana. De un lado del salón se ubicaron los cuatro ministros de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Del otro lado, estaba Soria.
El titular de la cartera de Justicia habló del accionar de la llamada mesa judicial del macrifascismo, cuya investigación él impulsó mientras era diputado: “Se conformó una mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la administración de justicia, se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del ejecutivo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, y se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales inédito en nuestra historia. Todo ello, con el objetivo de llevar a cabo una persecución de dirigentes políticos sin precedentes".
Soria nombró a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón como el principal arquitecto de la política judicial del macrismo y dijo que, paradójicamente, estaba prófugo de la justicia en Uruguay. Hay un dato adicional: “Pepín” fue quien llevó los nombres de Rosenkrantz y Rosatti para la Corte y quien diseñó un mecanismo para que fueran nombrados en comisión, algo que no llegó a materializarse por el rechazo que cultivó.
Pero el mensaje fue más directo cuando habló del funcionamiento del máximo tribunal. “La Corte retrasa durante años fallos de enorme trascendencia social, como el caso (Carlos Pedro Tadeo) Blaquier o como hace ahora con el caso (Santiago) Maldonado. Mientras tanto, resuelve en tiempo récord fallos que sólo son urgentes para la corporación judicial, como el caso de los jueces (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi. La Corte tiene la posibilidad y la responsabilidad institucional de establecer plazos máximos para resolver, más aún cuando esta Corte resuelve más del 70 por ciento de los casos sin dar fundamentos.”
Según informó el Ministerio de Justicia, Soria incluso criticó cómo fue elegido Rosatti para presidir la Corte. “Si la máxima autoridad del Poder Judicial se elige con dos autovotos, difícilmente la sociedad recupere la confianza en la Justicia”, sostuvo el ministro en referencia a que Rosatti y Rosenkrantz se votaron a ellos mismos.
También le reclamó a la Corte por la demora a la hora de resolver causas vinculadas a delitos de lesa humanidad y les entregó a sus integrantes un pedido de informes que realizó el relator de Naciones Unidas Fabián Salvioli, a partir de una presentación de organismos de derechos humanos.
El lunes, el Poder Ejecutivo envió un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección de los jueces. La presentación estuvo orientada a adelantarse a un fallo adverso que preparaban los supremos para el 16 de diciembre. El Gobierno busca que el Consejo pase de trece miembros a 17. Con esa conformación aumentará el número de jueces, abogados y académicos, y, al mismo tiempo, se buscará que contemple la equidad de género.
“El Congreso puede sancionar todas las leyes que sean necesarias para reformar la justicia pero, si en última instancia, la Corte no tiene la voluntad y el compromiso de aplicarlas, seguiremos en la misma situación”, cerró el ministro.
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