Tres meses antes del asesinato de Lucas González, ellos fueron cercados por agentes de civil armados, pertenecientes a la Policía de la Ciudad. Ahora, y a raíz de los testimonios, la Procuraduría de Violencia Institucional analizará la actuación de la brigada policial y citará a los jóvenes para que presenten toda la evidencia con la que cuentan.
La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) abrió una investigación preliminar sobre la actuación de la brigada de la Policía de la Ciudad que interviene en la Comuna 1, denunciada por dos jóvenes que contaron a Página/12 cómo fueron cercados por un auto sin identificación, con agentes de civil que les apuntaron con sus armas, en un violento operativo muy similar al que terminó en el asesinato de Lucas González, pero en este caso en la Villa 31, tres meses antes. Lucas V. y Fernando A.G contaron que uno de los hombres disparó y que a ellos se los llevaron detenidos, los pasearon toda la noche por dependencias policiales y les abrieron una causa por tentativa de robo con arma, aunque no se secuestró ninguna. Ese expediente sigue abierto pero nunca fueron indagados, con lo cual hasta ahora no contaron ante la justicia lo que les pasó. Pronto podrán hacerlo ante el organismo especializado y, según como evolucione la pesquisa, existe la posibilidad de que se invierta la acusación.
La publicación de los relatos generó una revisión del expediente penal que se había abierto contra los Lucas, Fernando y dos personas más. El fiscal Juan Pedro Zoni le dio intervención a la Procuvin, que dirige Andrés Heim, y le pidió que constate los relatos y junte pruebas sobre la acción de los policías de la brigada porteña. Por lo pronto, Heim ya pidió todas las actuaciones originales. Los jóvenes serán citados, informaron allegados a la pesquisa, y podrán entregar evidencias, como los videos que tomaron ellos mismos y algunos vecinos y vecinas. Esto podría tener dos efectos, que se abra una causa penal contra los agentes y que se defina en qué situación quedan los pibes, quienes como es evidente esperan un sobreseimiento.
"Podríamos haber sido Lucas González y nos salvamos de milagro", había dicho uno de los jóvenes, Lucas V. Tanto él como su amigo y compañero de trabajo Fernando A.G, con quien vende materiales para la construcción, relataron que le viernes 20 de agosto habían salido a la noche a dar una vuelta en el auto del segundo, algo que les gusta hacer cuando termina la semana laboral. Iban con otros tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, a quien apodan "Polaquito". Habían andado un poco por Retiro, escuchando salsa en el Ford Fiesta azul, incluso cuentan el lugar en el que pararon un rato, frente al supermercado Coto, y al volver al barrio, a poco de entrar, los interceptó un Ford Focus gris sin identificación, que los cruzó y del que se bajaron instantáneamente cuatro hombres armados, de los cuales uno disparó, según relataron los pibes y admitió uno de los policías.
Cristina V., la mamá de Lucas, estaba a una cuadra, en la puerta de su casa y su kiosquito, dejó el mate y salió corriendo. Cuando llegó contó que vio a los policías pegándoles a su hijo y al resto mientras la gente de la cuadra intentaba defenderlos, ya que son conocidos en la zona. Ella también ligó algunos golpes y terminó en un raid de pesadilla hasta la madrugada, cuando pudo saber la última comisaría donde estaban detenidos. Si bien los dejaron en libertad, les abrieron una causa por un delito grave, que es robo con arma, además del clásico "resistencia a la autoridad". En un papel donde le anotaron esto a Lucas, Cristina encontró un número de teléfono del Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad de Buenos Aires, donde terminó denunciando con los chicos todo lo sucedido. Pero esta dependencia corresponde a la jurisdicción de la justicia porteña y no tiene intervención en las causas que tramitan en la justicia nacional criminal y correccional. Los relatos, no obstante, encendieron alarmas ya que son numerosas las denuncias por hechos de violencia institucional que tienen a la policía porteña como protagonista (94 hechos mensuales, 3 diarios por lo menos, la mayoría en las comunas más pobres, según el MPD) y cada vez más las que muestran un patrón de comportamiento de las brigadas, a menudo vinculadas con el delito y con aprietes a jóvenes para robarles o quitarles cosas.
La causa penal que les abrieron a Lucas V., Fernando A.G, al Polaquito y a otro joven a quien apodan "Colombia", quedó a cargo de la jueza Elizabeth Paisán y del fiscal Juan Pedro Zoni. Un auxiliar fiscal pidió en octubre las indagatorias de los pibes sólo en base al relato policial que, sorprendentemente no sólo incluía a la brigada porteña sino a una de Quilmes. Esta hacía tareas de inteligencia en la Villa 31 por un homicidio, y denunció que desde el auto donde iban los jóvenes les apuntaron con un arma y quisieron robarles. La escena descripta es extraña: con el auto supuestamente andando en paralelo y en movimiento se habría dado en intento de robo. Por eso pidieron apoyos y llegó la brigada de la comuna a los tiros. Todos los policías hablan de un intento de robo del que no pueden dar una sola prueba, menos del arma que describen, que adjudican a otro joven que se habría ido corriendo. La abogada de Fernando A.G, pidió la nulidad de todo, porque ni siquiera hubo testigos del procedimiento y la revisión del auto. Se montó otra escena a una cuadras porque, alegó la policía, el ambiente en el barrio "era hostil", en alusión a los vecinos que salieron a defender a los chicos. También pidió que le devuelvan el auto secuestrado, pero hasta ahora no tuvo respuesta.
La publicación de los relatos generó algo interesante: desactivó al menos por un momento el automatismo y las fórmulas con que suelen tratarse estos casos, donde si aparecen pibes en un barrio popular asociados a una situación de sospecha y acusados de robo u otra cosa, el relato que se impone como válido es exclusivamente el de la policía. Acá una madre aguerrida y furiosa por lo que creyó una injusticia se puso a buscar ayuda, logró que algunos la escucharan. ¿Cuántos pibes, cuántas pibas, o adultos y adultas también, terminarán acorralados así y con causas penales que estropean su arduo camino? Además de decisiones judiciales, también hará falta decisión política para empezar a modificar estas lógicas.
Por Irina Hauser Para Página/12
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