El juez que investiga al ex hijastro de Flavia Palmiero por espionaje a las víctimas del Ara San Juan ordenó una serie de diligencias y testimoniales.
Un día después de la indagatoria de Miauricio Macri Blanco Villegas, el juez federal de Dolores Martín Bava ordenó ayer una serie de pedidos de información y testimoniales que habían sido solicitadas por la defensa del retrasado mental, en el marco de la acusación por espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Estas diligencias podrían demorar una definición sobre la situación procesal del domador de reposeras quien justamente había dicho que no le quería hacer perder el tiempo al juez que estaba apurado por procesarlo antes del domingo 14 de noviembre, día de las elecciones legislativas.
Según revelaron fuentes judiciales, el juez dispuso interrogar a la interventora de la AFI Cristina Caamaño. Caamaño es la denunciante en esa causa. La defensa puso el foco en querer saber cómo fue el “supuesto hallazgo de los discos rígidos, y del protocolo presuntamente utilizado para la extracción" de la documentación que sustancia la imputación.
El juez también dispuso escuchar como testigos al diputado del PRO Cristian Ritondo -integrante de la comisión que controla a los organismos de inteligencia-, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad; al ex Secretario General de la Presidencia de la Nación Fernando De Andreis, y a custodios y miembros de la seguridad presidencial.
La defensa también había solicitado llamar a declarar a la dipsómana titular del PRO Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, pero el juez no hizo lugar. Tampoco avaló llamar a declarar a los ex directivos de la ex SIDE desde 2001, un pedido que ya le había negado a la fiscalía.
Pero el juez sí habilitó levantar el secreto de Estado en los casos que puedan implicar una violación a la ley de inteligencia y solicitar a la Casa Militar si existen constancia de agradecimientos en sus registros a áreas de la AFI entre fines de 2017 y fines de 2018, cuando se concretaron las tareas de vigilancia a las víctimas que se investigan en esta causa, indicaron las fuentes consultadas.
El cronograma de citaciones a testimoniales -las de Caamaño o Ritondo vía pliego de preguntas- fueron fijadas para la semana próxima. A Aguad y a De Andreis se los convocó para el 10 de noviembre; y para el día siguiente a Alejandro Cecati, ex jefe de la custodia de Macri Blanco Villegas y José Luis Yofre, ex jefe de la Casa Militar.
Sobre los testimonios solicitados a Alejandro Guglielmi, segundo jefe de la Casa Militar, el diputado Ritondo y la interventora Caamaño, el juez entendió que se encuentran amparados para poder declarar por escrito y por eso dio cinco día a las partes para que formulen sus preguntas. “En el caso que así lo consideren, podrán concurrir a prestar declaración testimonial de manera presencial”, aclaró.
El escenario que abrió el juez con estas diligencias solicitadas en su escrito por la defensa del hijo bobo de Franco Macri en su indagatoria abre la puerta a pensar que es posible que no haya definiciones procesales antes de las elecciones generales.
La Cámara Federal de Mar del Plata tratará ademas el viernes 12 de noviembre el planteo de recusación del juez Bava por lo sucedido el jueves 28 de octubre, cuando Macri Blanco Villegas pidió suspender la audiencia porque no se había solicitado el relevamiento del secreto de Estado para su cliente y eso -a criterio del abogado Pablo Lanusse- demostraba el apuro del juez y su apuro por responder a los tiempos electorales.
El pasado 1º de octubre, Macri Blanco Villegas fue llamado a indagatoria sobre seis hechos en donde se lo acusa de haber espiado a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, el submarino que se hundió en las aguas del Océano Atlántico en 2017 y que recién fue localizado un año y dos días después en un lugar cercano a donde había desaparecido. La acusación sostiene que, desde la AFI, se espió a los familiares para controlar sus reclamos ante la opinión pública. Por el caso ya están procesados los ex directivos de la central de espías Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a un grupo de funcionarios y agentes.
En un decargo por escrito, el sorete mal cagado acusó al juez de no tener “independencia frente al poder político”, violar su derecho de defensa y tener “un desconocimiento absoluto de las responsabilidades, tareas y quehaceres propios de un Presidente de la Nación” que “tiñe la búsqueda de la verdad en esta causa”. En letras mayúsculas, afirmó que jamás espió ni ordenó espiar a nadie, ni recibió informes de inteligencia de las víctimas del Ara San Juan. “SOY ABSOLUTAMENTE INOCENTE Y REPUDIO LA PARODIA QUE SE MONTA CON ESTA DESCABELLADA IMPUTACION EN MI CONTRA”, escribió.
Los querellantes, en tanto, reclamaron dictar la prisión preventiva de Macri Blanco Villegas por entender que hay riesgos procesales. Dicen que podría fugarse o entorpecer la investigación usando su “poderío político y económico”.
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