El Gobierno hará una licitación para la operación transitoria del canal y más adelante otra, definitiva, con más exigencias.
Tras varias semanas de silencio y a un mes y medio del llamado a licitación para la explotación transitoria de la Hidrovía, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el Gobierno hará tiempo después una segunda licitación internacional con un sistema más preciso para definir el rol del Estado, a la vez que creará un ente de control con la participación de todas las provincias involucradas en el trayecto.
"Se realizará un llamado a licitación corta para el mantenimiento, hasta tanto se defina la licitación larga. Para nosotros es central avanzar en una licitación transparente que quite cualquier tipo de ruido", declaró Cafiero.
Las condiciones para la nueva licitación se armarán en conjunto con las provincias, el Consejo Consultivo creado para este fin y la participación ciudadana de las organizaciones.
La nueva licitación incluirá parámetros que no contempla la actual, sobre todo en torno al rol del Estado. Una de las principales definiciones en este sentido la dio el presidente Alberto Fernández hace unas semanas. Aseguró que el Estado será responsable de cobrar el peaje y a partir de ahí pagar la concesión.
Todo el corredor litoral
La definición de Fernández resulta clave en un contexto de importantes denuncias de subfacturación de exportaciones que generan un deterioro en la recaudación fiscal: “La criminalidad organizada navega en la opacidad, en el silencio, navega en distraernos de los problemas importantes que hay que abordar. El Corredor Litoral es sustancial para la economía y la sociedad argentina. Si hay dos temas importantes para el futuro argentino, para las próximas generaciones, los mismos son cómo resolvemos el tema de la deuda externa y poder articular acciones de recupero del dinero fugado ilegalmente al exterior con participación ilícita de funcionarios y empresarios y cómo resolvemos el control en el Corredor Litoral", reflexionó al respecto Carlos Cruz, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La UIF tiene como tareas específicas investigar la evasión, el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas para luego presentarse como querellante en causas penales. Al crearse el Consejo Federal de la Hidrovía en diciembre del 2020, solicitó formar parte y presentó cuatro documentos técnicos referidos a cuestiones estratégicas del Corredor Litoral, atinentes a la preservación del medioambiente, la creación de una “Base Federal de Información Económica” que centralice la información sobre las operaciones que desarrollan sobre el cauce Paraná-Paraguay y sobre la conveniencia de proceder a la apertura del Canal Magdalena.
El presidente de la UIF destacó la intención del Gobierno para llevar adelante una licitación transparente, "pero el cobro de peajes en la misma implica un monto de alrededor de 500 millones de dólares mientras que el contrabando estimado es de 10 mil y 20 mil millones de dólares anuales. No es solo la hidrovía, miremos el corredor litoral y el comercio fluvial, marítimo, terrestre y aéreo”.
En el Corredor Litoral circulan un 75 por ciento de las exportaciones agroindustriales y permite, según los volúmenes exportados y los precios internacionales, un ingreso de alrededor de 45 y 65 mil millones de dólares.
Cruz expuso que estas cuestiones constituyen un problema histórico y recordó que en 1975 inició “una investigación sobre contrabando e ilícitos de exportación en momentos en que se estimaba que toda la cosecha de soja de ese periodo había salido vía Formosa/Paraguay hacia Brasil. Ya en ese momento había una red muy eficiente de contrabando que se ha acrecentado y llevó, sin eufemismos, a que la economía de la Argentina esté altamente concentrada en un núcleo de empresas trasnacionales que manejan la economía, la cotización de divisas, el acceso a alimentos, los precios de bienes de consumo masivo, y esto merece ser tenido en cuenta sin perderse por los laterales”.
Por Natalí Risso para Página/12
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