La pelota queda ahora en la cancha de la fiscal Gabriela Baigún. Después, el Tribunal Oral Federal 1 debe decidir si se avanza o no hacia el juicio. Las dos pericias que se hicieron concluyeron que no hubo perjuicio para el Estado, que no existió direccionamiento de la licitación y, tácitamente, que los kits cumplían con el objetivo central: reducir la mortalidad de los bebés.
La totalidad de los 18 imputados en la causa del Plan Qunita pidieron su sobreseimiento y que no haya juicio oral. Ahora se espera el dictamen de la fiscal Gabriela Baigún y después, el Tribunal Oral Federal 1 debe decidir si se avanza o no hacia el juicio.
Las dos pericias que se hicieron, ordenadas por el Tribunal, concluyeron que no hubo perjuicio para el Estado, que no existió direccionamiento de la licitación y, tácitamente, que los kits (que contenían moisés, ropa, libros, chupete, etc.) cumplían con el objetivo central: reducir la mortalidad de los bebés. La cuestión tiene un antecedente de peso: en el expediente dólar futuro, la Cámara de Casación, después que se hizo una pericia, determinó que no existió delito y ordenó que el juicio no se haga.
La causa Qunita se inició por una denuncia de la infornicable Graciela Ocaña, quien presentó un kit alternativo y se basó en eso para decir que existían sobreprecios. En la pericia ordenada por el Tribunal Oral Federal 1, integrado por Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico, se determinó que todo lo presentado por Ocaña era inadecuado, ponía en peligro la salud del bebé y, para colmo, le faltaban 14 de los 42 elementos del kit.
Entre los imputados están Aníbal Fernández, que ni siquiera era jefe de Gabinete en ese momento, el actual ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, su viceministro, Nicolás Kreplak, y hasta empleados sin responsabilidad en el ministerio de Salud de la Nación en aquel momento.
La mayoría de las defensas se sumaron al demoledor texto elaborado por la abogada María Valeria Onetto, quien representa a cuatro acusados privados, que fueron los empresarios que participaron de la licitación. La letrada hizo un minucioso análisis de la pericia ordenada por el Tribunal y queda en claro que los precios de los kits estaban bastante en línea con los previstos por la Sindicatura General de la Nación, que no hubo direccionamiento del pliego porque todos los elementos son de producción habitual y que los kits cumplieron con lo que se requería. La pericia oficial estableció además que las empresas lograron, aproximadamente, una utilidad normal del 18 por ciento.
El defensor del viceministro Kreplak, Nicolás D’Albora, agregó un elemento clave. Señaló que, como es obvio, la pericia debió hacerse al principio de la causa, cuando la instrucción estaba a cargo del corrupto y fallecido juez Claudio Bonadio.
“Es evidente que el juez instructor nunca quiso averiguar la verdad, porque cuando la verdad asomaba con la pericia de valuación y costo, y no era funcional a lo que había decidido, procesar a como dé lugar, decidió aplastar la pericia, aún cuando eso implicara auto-contradecirse, porque significó dejar sin efecto una medida por él mismo ordenada”, escribió D'Albora.
En verdad, los jueces Bonadio y Julián Ercolini, que fueron parte central en la utilización de la justicia para la persecución política, mandaron a juicio varias causas sin haber hecho pericia alguna o habiendo realizado pericias fraudulentas, como en el caso de la muerte del corrupto, inoperante y putañero fiscal Alberto Nisman. Así ocurrió en el expediente de Oil Combustibles; en el no llamado a declarar del secretario general de Interpol, Ronald Noble, en la causa Memorándum; en la ausencia de un estudio serio en la obra pública, lo mismo en Qunita, dólar-futuro y así sucesivamente.
La pelota queda ahora en la cancha de la fiscal Baigún. A la titular de la acusación le llega el turno porque todas las partes ya se pronunciaron. Y, finalmente, la palabra decisiva la tendrán los tres jueces del TOF 1, que en su momento rechazaron por dos a uno, no hacer el juicio de dólar-futuro: Grünberg se pronunció a favor de sobreseer a los acusados y Michilini y Basilico dijeron que había que hacer el juicio. Tuvo que intervenir la Cámara de Casación para cerrar el caso por inexistencia de delito. En ese expediente, el de dólar futuro, el fiscal sostuvo que correspondía realizar el juicio y Michilini y Basilico aceptaron su criterio. En el caso Qunita habrá que escuchar primero lo que dice Baigún, una fiscal de fuerte personalidad que tuvo distintas opiniones en distintos casos.
Fuente: nota de Raúl Kollmann para Página/12
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