El último censo de personas en situación de calle realizado por las organizaciones sociales arrojó un total de casi 8000 personas, de las cuales más del 10% son niños. Las advertencias que le hizo el Plenario del Consejo de los Derechos del Niño al régimen de la CABA.
La búsqueda de Maia Yael Beloso, la nena de 7 años desaparecida que está en situación de calle junto a su mamá, pone el foco en la problemática de las personas que viven en esas condiciones en la ciudad de Buenos Aires.
Una población que se agrandó aún más durante la pandemia, con familias que fueron desalojadas junto a sus hijos. Distintas organizaciones de la sociedad civil que asisten a estos grupos reclaman desde hace años una política pública integral, además de un censo certero.
Según el régimen de Horacio Rodríguez Larrata, en el 2019 había 1146 personas sin techo, mientras que el Segundo Censo Popular relevó 7251 para ese año. De ese total, 871 son niños, niñas y adolescentes, y 40 mujeres embarazadas.
En octubre del 2020 el Plenario del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CABA le advirtió a la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, y al ministro de Hacienda, Martín Mura, sobre la necesidad de actualizar el subsidio habitacional para garantizar los derechos de las infancias en situación de calle.
En la recomendación indicaron que los 8.000 pesos mensuales dispuestos para las familias de cuatro personas no eran suficientes. “Según los datos aportados por los trabajadores de los equipos que abordan la temática de familias con niños en situación de calle para grupos familiares con dos hijos o hijas, se solicitan importes de $ 13.500 siendo el valor mínimo para 1 persona $ 9.500”, indica el texto del organismo encargado de monitorear el cumplimiento de los derechos de la niñez. “En numerosas oportunidades, los grupos familiares que atraviesan una situación de emergencia habitacional -por desalojo reciente u otras causales- se encuentran compuestos por un elevado número de personas, de las cuales la mayoría suelen ser niños”, detalló la recomendación.
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) indicaron que las políticas públicas en Capital Federal “son medidas temporales o desintegradas”. La coordinadora del Programa Derecho a la Ciudad, Rosario Fassina, indicó que el caso de Maia “deja en evidencia las condiciones de vulnerabilidad en las que viven más 7200 personas”.
“Si bien la situación de Maia tiene que ver con cosas que exceden la situación de calle (no se puede hacer una conexión lineal) pone en evidencia lo que pasa. La pandemia había puesto de relieve la urgencia con la cual teníamos que abordar esta situación y casos súper lamentables como este nos muestran las condiciones de vulnerabilidad en las que viven muchísimas familias en la Ciudad. Lamentablemente, son cada vez más por las condiciones de la pandemia y por la crisis habitacional que es muy profunda”, dijo.
Según el Censo Popular realizado por diversas organizaciones sociales, el 80% de la población son varones, el 19% mujeres y el 1% restante trans/travesti. Hay 5412 personas que viven a la intemperie porque no tienen lugar en los paradores o acceden a una vivienda a través del subsidio.
“Las dos políticas que tiene el Gobierno para abordar esta situación tiene que ver con un subsidio habitacional con el cual hay muchísimas dificultades para su acceso como para su actualización y los montos resultan insuficientes para poder revertir la condición. La otra medida que se toma tiene que ver con dar alojamiento por una noche en los paradores. Ambas medidas lo que atacan es la emergencia. En ninguna de las dos se está pensando en algo más estructural o a largo plazo que brinde una solución”, agregó Fassina.
Fuente. nota de Celeste del Bianco para Tiempo Argentino
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