Iván Lima, ministro de Justicia de Bolivia, afirmó que hubo "un evidente y flagrante incumplimiento sobre las acciones pactadas entre Bolivia y la OEA, por parte de la OEA y Luis Almagro".
El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, anunció ayer que su gobierno decidió llevar a juicio al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por "incumplimientos" de convenios de la entidad con la nación andina.
"Ha habido un evidente y flagrante incumplimiento sobre las acciones pactadas entre Bolivia y la OEA, por parte de la OEA y Luis Almagro", afirmó Lima.
El titular de la cartera de Justicia detalló que el Gobierno se encuentra "evaluando los caminos jurídicos", que "probablemente no sean excluyentes y podamos seguir todos simultáneamente" y que pretenden llegar hasta "las instancias que correspondan".
Lima aludió al informe preliminar que la OEA publicó sobre las elecciones de octubre de 2019, que, en última instancia, provocaron una crisis política en Bolivia y la dimisión del expresidente Evo Morales. Según el informe, hubo "irregularidades" en los comicios.
A juicio del ministro, el informe no era parte de un convenio suscrito entre el Estado boliviano y el organismo y, "peor aún", el informe final se publicó en diciembre de 2019, fuera de plazo.
El ministro de Justicia adelantó que se emprenderá acciones legales contra Almagro, ante lo que considera como "persistentes acciones de injerencia" en el país y por las declaraciones hechas por Almagro sobre el supuesto fraude electoral de 2019. Así, espera que rinda cuentas por la "gravedad de sus afirmaciones y la irresponsabilidad" que supuso el informe realizado por la organización.
La OEA ha planteado recientemente crear una comisión internacional que investigue los casos de corrupción en Bolivia desde el gobierno de Morales hasta la actualidad, incluyendo el periodo de la tilinga derechosa Jeanine Áñez.
Por otra parte, la organización cuestinó el sistema judicial boliviano y afirmó que no existen garantías de un juicio "justo", de "imparcialidad ni debido proceso" contra los antiguos altos cargos del régimen.
Morales, por su parte, acusó a Almagro de cometer crímenes de lesa humanidad. "Nunca se pronunció por los 36 asesinatos, los más de 800 heridos, los 1.500 detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos".
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