La ex presidenta de facto fue detenida por su participación en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019 y la acusación es por "sedición, terrorismo y conspiración".
La Fiscalía general de Bolivia solicitó ayer la prisión preventiva de Jeanine Áñez por seis meses, luego de que la tilinga ex presidenta de facto fuera detenida el sábado último por su participación en el golpe de Estado contra el ex mandatario Evo Morales en 2019.
Los principales partidos opositores, de derecha, que niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019, condenaron la detención y exigieron que Áñez sea juzgada por el Parlamento y no por tribunales ordinarios.
El ministro de Justicia rechazó acusaciones de Áñez de "persecución política", dijo que el proceso se ajusta a derecho y que a la ex presidenta y ex senadora le corresponde un juicio ante un tribunal ordinario.
La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) pidieron que se respeten las garantías del debido proceso y se dé transparencia a todos los procedimientos legales.
Las denuncias de fraude desataron protestas en las calles y motín policial, y en medio de esta convulsión, las Fuerzas Armadas le hicieron a Morales, en el poder desde hacía 14 años, la "sugerencia" de dimitir.
Morales, del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) salió exiliado a México, se trasladó un mes después a Argentina como refugiado y volvió a su país en noviembre de 2020, tras la elección presidencial ganada por Luis Arce, su delfín y ex ministro de Economía.
Áñez, de 53 años, fue detenida la madrugada del sábado en Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, 600 kilómetros al noreste de La Paz.
Como la tilinga, fueron detenidos también en Trinidad sus ex ministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, y todos fueron trasladados en avión a La Paz, para ser interrogados por la Fiscalía.
La Fiscalía publicó ayer la acusación formal por "sedición, terrorismo y conspiración" contra los tres detenidos y pidió que Áñez permanezca en prisión preventiva al menos seis meses, mientras dure la investigación. Argumenta que de estar libres los imputados, existe el peligro de fuga porque podrían salir del país, pero también podrían influir en otros implicados o testigos.
El requerimiento, que debe ser resuelto por un juez cautelar en el curso de las próximas horas, incluye a los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, para quienes se solicita la detención en una penitenciaría, informó el diario El Deber.
La imputación afirma que Áñez asumió la Presidencia de "forma amañada" por considerar que en ese momento aún era vicepresidenta segunda del Senado y rechazando que hubiera sido elegida presidenta del Senado horas antes.
Áñez está detenida en las celdas de un cuartel de la policía y fue trasladada por unas horas a la Fiscalía, pero se acogió al derecho al silencio y fue devuelta a la unidad de los uniformados. La Fiscalía espera tomarle declaraciones en las próximas horas y decidir en qué condición legal la remite a un juez, para la apertura del proceso legal.
Dirigentes de derecha convocaron desde el próximo lunes protestas contra estas detenciones, calificadas como una "persecución política", informó la agencia de noticias AFP.
En la demanda figuran cinco ex ministros de Áñez, jefes policiales y militares y civiles.
El ministro de Justicia, Iván Lima, rechazó las denuncias opositoras de que hay un manejo político de la fiscalía y señaló que se está actuando a derecho. Explicó que a Áñez no le corresponde un juicio de responsabilidades o de privilegio, por su condición de exgobernante, sino un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de haber asumido la primera magistratura.
Un juicio de privilegio significa que la Fiscalía de la Nación pide al Parlamento autorizar el juicio y luego desarrollar el proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia.
La detención de Áñez motivó que el Alto Representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijera desde Twitter que "las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas".
Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, António Guterres, pidió "mantener las garantías del debido proceso y la plena transparencia en todos los procedimientos legales".
La subsecretaria interina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, solicitó por Twitter que Bolivia defienda todos los derechos civiles y garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana.
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