El tribunal rechazó las nulidades presentadas por Javier Iguacel, Bernardo Saravia Frías y Guillermo Javier Dietrich, los ex funcionarios del nefasto régimen de Miauricio Macri Blanco Villegasi que están imputados en la causa.
La Cámara Federal porteña validó las indagatorias de la causa Peajes al confirmar el rechazo a las nulidades intentadas por los ex funcionarios macrifascistas imputados.
El fallo que avala investigación fue dictado por la Sala II de la Cámara al rechazar planteos de nulidad de sus declaraciones indagatorias, interpuestos por el ex titular de Vialidad Javier Iguacel, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el entonces Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.
Tras la anulación dispuesta por la propia Cámara Federal de los procesamientos que había dictado el ex juez Rodolfo Canicoba Corral antes de jubilarse, la causa sobre el fraude con los peajes y la concesión de autopistas parecía correr riesgo de muerte.
Pero luego la jueza a cargo del caso María Eugenia Capuchetti validó las indagatorias que se llevaron a cabo en la causa. Además antes de la feria judicial ingresó al juzgado documentación clave de empresas sospechadas que está siendo analizada y que activa la investigación, según confirmaron fuentes judiciales.
Los camaristas Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah confirmaron ahora que “en los actos se describieron correctamente los cargos formulados y se enumeraron las pruebas. Con ello se cumplieron los requisitos específicamente exigidos” por las leyes.
“En este momento están a disposición de las partes las evidencias del caso. Y por ello, tienen modo de ejercer de forma cierta su facultad de analizar tales elementos con el detenimiento que estimen adecuado, así como de realizar las peticiones o presentaciones que consideren pertinentes”, fue la respuesta de la Cámara a los planteos de los imputados. Para los jueces “no hay en un contexto así ningún perjuicio actual, real y concreto que dé lugar a la invalidez propiciada”.
Antes, la jueza Capuchetti había refutado los argumentos y aseguró que todas las partes tuvieron acceso a la prueba, pudieron verla y además se cargó al sistema, por lo que no se ha violado el derecho de defensa.
En cambio, Capuchetti por ahora decidió por ahora no hacer lugar al pedido de medidas cautelares de embargos e inhibiciones realizado por el procesado fiscal Carlos Stornelli, y la UIF.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante junto a Vialidad, requirió la inhibición de bienes de Ausol, GCO y Albertis, empresas sospechadas y que estuvieron vinculadas a los Macri.
Stornelli tabién pidió que se dicten embargos preventivos y la inhibición general de bienes de los ex funcionarios y de las empresas vinculadas al ex presidente. A la vez requirió en un incidente que se investiguen maniobras de lavado de activos de acuerdo a lo denunciado por la Unidad de Información Financiera (UIF).
El corrupto fiscal considera que debe dictarse medidas cautelares, esto es el embargo preventivo sobre los imputados y las empresas Autopistas del Sol S.A., Grupo Concesionario del Oeste S.A. y Abertis Infraestructuras S.A, y que “hasta tanto se integre el mismo”, proceder a la inhibición general de bienes”.
En la causa habían sido procesados -aunque esa medida después fue anulada- el ex titular de Vialidad Iguacel y los ex funcionarios Dietrich, Nicolás Dujovne y el ex Procurador del Tesoro Saravia Frías, entre otros, los que siguen estando imputados.
El caso primero estuvo en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. Cuando este magistrado se jubiló, pasó a su colega Julián Ercolini y actualmente lo lleva adelante María Eugenia Capuchetti.
Para Stornelli “la maniobra que se les endilga podría implicar, de acreditarse finalmente su materialidad, un perjuicio al erario público o bien una obligación abusiva en detrimento de éste que, podría prima facie ascender a las sumas de U$S4 99.000.000 (relacionados con la renegociación con Autopistas del Sol S.A.) y U$S 247.000.000 (vinculados con la renegociación con Grupo Concesionario del Oeste S.A.); ello con más su actualización conforme las pautas del acuerdo de renegociación integral, que incluso podría llegar a incrementarse, eventualmente y de ser acreditado, en virtud de otras posibles condiciones que hubieran sido pactadas en detrimento estatal”.
Con respecto a las maniobras de lavado de activos, la UIF había solicitado la formación de una nueva causa para profundizar acerca de las operaciones de naturaleza económica y financiera que se habrían llevado a cabo para la inserción en el mercado formal de los fondos presuntamente espurios obtenidos mediante los hechos investigados.
Esto es, aquellos derivados de los procesos de renegociación integral del contrato de concesión del Acceso Norte de la CABA y del contrato de concesión del Acceso Oeste a la CABA.
Según se denuncia, AUSOL S.A., GCO S.A. y ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., como accionista principal de ambas empresas concesionarias, habrían sido las destinatarias del beneficio económico ilícito, producto de la valorización de sus acciones, habiéndose desprendido de su capital accionario y obteniendo exorbitantes ganancias económicas que tuvieron origen ilícito en los hechos investigados.
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