Belén San Román, de 26 años, murió en un hospital de Bragado luego de 4 días de agonía. La familia pide una ley con duras penas contra la difusión no consentida de contenidos sexuales íntimos.
La policía Belén San Román, que se pegó un tiro con su arma luego que su ex pareja viralizó videos y fotos íntimas, falleció en un hospital de la localidad de Bragado luego de agonizar cuatro días.
San Román tenía 26 años y dos hijos pequeños. Según reveló su familia, la joven policía del Comando de Patrullas Rural decidió quitarse la vida luego que Asuntos Internos, del Ministerio de Seguridad Bonaerense, abrió un sumario para indagar el origen de los videos y fotos, que fueron difundidos por su ex novio.
La familia de San Román identificó al hombre como Tobías Villarruel, de 25 años, oriundo de Chivilcoy, y con antecedentes penales.
“Que la muerte de Belén y otras Belén no sean impunes. Que la celeridad prime por sobre lo conveniente, la violencia machista en distintas modalidades MATA”, escribió Jorge San Román, el padre de Belén, el día que murió su hija.
Graciela Álvarez, la madre de la policía que murió, acusó en su cuenta de Facebook a Tobías Villarruel: “Él que viralizó fotos y videos de mi hija, hostigándola y amenazándola, hizo que ella termine con su vida”, posteó. “Tan culpable es esta lacra como todos aquellos que viralizaron”, agregó.
Cuando Belén se enteró de la viralización de videos y del sumario administrativo, le escribió mensajes a sus compañeros de la fuerza policial donde habría adelantado que tomaría una trágica decisión, y alertados por la situación, los uniformados fueron inmediatamente a su casa y la encontraron desvanecida en el suelo. La joven fue llevada de urgencia al Hospital San Luis, donde le realizaron una cirugía y estuvo internada cuatro días, pero finalmente falleció.
Su familia ahora pide a los diputados impulsar un proyecto de ley contra la denominada “pornovenganza” para incorporar como delito “la difusión no consentida de contenidos sexuales íntimos”, aun si estas imágenes fueron obtenidas con el consentimiento y aprobación de la víctima, que según el texto ya aprobado por el Senado, tiene una pena de prisión de tres a ocho años y multas de hasta $ 100.000.
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