Expertos en derecho plantearon sus diferencias respecto al proyecto de ley y en torno a si se debe proteger o no la vida desde la concepción. También fueron eje la objeción de conciencia y la mortalidad de mujeres por la práctica de manera clandestina.
Expertos en derecho plantearon sus diferencias respecto al proyecto de ley y en torno a si se debe proteger o no la vida desde la concepción. También fueron eje la objeción de conciencia y la mortalidad de mujeres por la práctica de manera clandestina.
Ursula Basset, especialista en derecho de familia, afirmó que "nuestra Constitución protege la vida desde la concepción", señaló que el Estado "debe ofrecer opciones" a la mujer gestante que no desee la maternidad, como la adopción y consideró que este proyecto "da derecho a abortar pero no a decidir".
"Lo peor de todo son las discriminaciones invisibles. No está regulado pensando en las mujeres y se criminaliza a los médicos en desacuerdo con la práctica", dijo la abogada.
Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional, aseguró que "no hay ningún tipo de incompatibilidad" entre el proyecto de ley en discusión y la Convención sobre los Derechos del Niño sino que "por el contrario, con esta iniciativa se está honrando el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes".
Para el abogado Alberto Bianchi, doctor en derecho de UBA, la ley se contrapone en el orden constitucional y con el Código Civil y Comercial, que entienden que hay vida humana desde el momento de la concepción y cuestionó que la ley "pase de despenalizar a la mujer que aborta a penalizar a los médicos que se oponen".
Gala Díaz langou, directora de protección social de CIPPEC, consideró que la iniciativa "puede saldar una deuda y, a la vez, contribuir al desarrollo con equidad" y advirtió que "la criminalización repercute sobre las trayectorias vitales de las personas y afecta a las mujeres más pobres".
María Elena Critto, socióloga, señaló que "hay muchos mitos respecto al aborto" como el hecho de que "la muerte por aborto es la principal causa de muerte materna" en el país o la idea de que "la legalización del aborto reduce la mortalidad".
Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, hizo hincapié en el hecho de que la penalización del aborto conlleva "maltratos y discriminación", mientras que Luciana Sánchez, abogada penalista, se refirió a la cantidad de mujeres de bajos recursos en peligro por no poder acceder al misoprostol, el medicamento utilizado para la interrupción del embarazo.
La primera parte de la segunda audiencia de debate en el plenario de las comisiones de la Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales, que continuó por la tarde con otros diez expositores, se desarrolló durante cerca de cuatro horas sin contratiempos ni cruces verbales entre los senadores.
El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, que el lunes se había quejado de aspectos de la ley, elogió el clima de la videoconferencia pero pidió "no increpar" a los expositores en alusión a la senadora Beatriz Mirkin, que interrumpió a uno de los oradores, el abogado Bianchi, en desacuerdo con sus expresiones contrarias al aborto.
La senadora opositora Silvia Elías de Pérez cuestionó, en el turno de las preguntas, aspectos de la normativa que implican consagrar "el derecho al aborto" y reprobó que no se tenga en cuenta en la propuesta "los derechos del padre".
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