A contramando de la decisión tomada en Inodoro Py, el magistrado federal de La Plata Alejo Ramos Padilla sostuvo que debe investigarse la denuncia del gobernador bonaerense contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia de CABA, Marcelo D'Alessandro, por los chats sobre el fallo por la coparticipación porteña.
Explicó que "no es posible dictar el archivo" como hizo en Inodoro Py el juez Sebastián Ramos, a quien cuestionó. A contramano de su colega, Ramos Padilla dijo que no hay "elementos de prueba serios y objetivos que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D'Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal".
Todo esto forma parte de una resolución en la que se declaró incompetente en el caso, y se lo envió a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien ya acumuló las denuncias de otros dos gobernadores, Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).
Críticas a Inodoro Py
Ramos Padilla hizo un repaso de las denuncias sobre el mismo tema, donde queda claro que la de Zamora fue la primera, previa a la que resolvió el juez Ramos, que se inició justo después con una extraña presentación del abogado Gastón Marano (defensor de Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra CFK y ex asesor del PRO en la Comisión Bicameral de inteligencia) que parecía a media de Robles y D'Alessandro. "Un juzgado y una fiscalía de feria, sin siquiera incorporar ni valorar las presentaciones hechas por los gobernadores y lo actuado en las otras causas duplicadas en trámite, habilitaron la feria judicial y dispusieron el inmediato archivo de las actuaciones", cuestionó.
El juez advirtió que se deben aplicar mecanismos para que no haya duplicación de causas por cuestiones de "conexidad" y, en particular, "para evitar las arbitrariedades que pueden sucederse a partir de ello".
También aclaró que "no existen controversias acerca de que el hecho denunciado se ha iniciado, transcurrido y consumado en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", más allá de que -como planteó Kicillof- pudieran tener efecto en las provincias.
El recorrido por el que llegó la causa al juez Ramos es sumamente dudoso. La denuncia de Marano le había tocado por sorteo al juez Ariel Lijo, que estaba de vacaciones. Intervino, como subrogante, María Servini, pero se excusó por entredichos con D'Alessandro -con quién tenía una vieja cercanía- vinculados a su custodia. No está claro cómo ni por qué la Cámara Federal volvió a sortear un juzgado: es decir, le sacó la causa a Lijo en lugar de designar un nuevo suplente. Entonces llegó al juzgado de Capuchetti, que se tomaba vacaciones al día siguiente, y no hizo nada. Tampoco se excusó, pese a trabajar para el Instituto de Seguridad Pública de CABA, que depende de D'Alessandro. Entonces la subrogó Julián Ercolini, que tampoco se excusó pese a que viajó con el ministro porteño a Lago Escondido (por lo que ambos y otros son investigados), pero dejó pasar los días. El siguiente era Ramos, que tardó 24 horas desde que comenzó a intervenir en resolver el archivo. Las denuncias de Quintela y Zamora se sortearon llamativamente recién el 30 de enero.
La resolución de Ramos Padilla se refiere a la acusación de Kicillof por posible tráfico de influencia e incumplimientos de los deberes de funcionario público, pero hace un llamado de atención sobre el fallo de Ramos firmado en medio de la feria, basado en un dictamen del procesado fiscal Carlos Stornelli que señalaba que invocaba otra denuncia de D'Alessandro alegando que las filtraciones eran producto de espionaje ilegal, a lo que el dúo le dio crédito.
Sobre la feria, Ramos Padilla recordó que se habilita en forma excepcional, cuando hay detenidos, para evitar la dispersión de pruebas, en acciones de habeas corpus o de amparo, prescripciones y medidas urgentes. Como es sabido, Ramos y Stornelli no tomaron medidas de investigación. Asimismo, señaló que él habilitó la feria solo para establecer cuántas causas en trámite con el mismo objeto había y contó cinco. También subrayó que la fiscala Laura Roteta sostuvo que se trata de un caso de "gravedad institucional".
Acerca del espionaje fue contundente: "Con las probanzas acumuladas a este expediente, no me es posible dictar el archivo de las actuaciones, tal como ocurrió" con la causa de Ramos. Dijo que la fiscalía tampoco lo pidió ni hay pruebas de tal actividad ilegal. Recordó que el espionaje ilegal según la ley 25.520 se produce cuando es el Estado a través de algún/os funcionarios públicos el que participa en la actividad de espiar que "al menos de momento no ha sido verificada".
Agregó que tampoco debería ser archivada la causa "hasta tanto no se culmine con el procedimiento previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional", es decir el juicio político iniciado en la Comisión de Juicio Político de Diputados. Allí hay acusaciones por mal despeño contra los jueces supremos vinculadas a la negociación e intercambio de información sobre fallos y las consecuencias de la decisión de la Corte, que fijó en una medida cautelar un porcentaje (2,95 por ciento) que debe transferir el Estado Nacional a favor del gobierno porteño. Las denuncias señalan la intromisión en las competencias de otros poderes.
¿Y la Corte?
Por ahora todas las causas, centradas en los reproches de gobernadores, quedarán en manos de la jueza Capuchetti, quien parece tener un imán con causas de alto impacto político. Ramos Padilla deslizó una recomendación: "La cuestión traída a estudio debe ser analizada por el juez o tribunal competente, contando para ello previamente con las posturas de las partes y el resto de la prueba que eventualmente pueda aportarse al caso, y no de manera presurosa".
Pero el juez agregó algo más que cree que se debería considerar y que introduce cierta paradoja, que es la competencia de la propia Corte en este tema, por estar implicados intereses de los Estados provinciales. "En virtud de la naturaleza de las cuestiones denunciadas y el manifiesto interés que determinadas provincias han expresado en el caso, podría resultar competente en este asunto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en instancia originaria y exclusiva", sorprende el fallo. Las provincias, como es conocido, no han sido escuchadas ni tenidas como amicus curiae (amigos del tribunal) por los cortesanos. Ramos Padilla razona: el foco de la denuncia de Kicillof es la "actividad funcional" de la misma Corte por un supuesto tráfico de influencias relacionado con el expediente de la coparticipación y otro ligado a la composición del Consejo de la Magistratura. Ambos tuvieron ya resoluciones pero siguen en trámite ante el alto tribunal. Son decisiones, dice el juez, que hacen a la esencia del sistema federal.
La denuncia de Kicillof planteaba que la medida cautelar favorable a CABA por la coparticipación, precedida por diálogos de Robles con D'Alessandro, “atenta contra el federalismo y la democracia” y “si bien afecta a todas las provincias, impacta de modo especialmente negativo en la provincia de Buenos Aires, habida cuenta de que resulta la jurisdicción más perjudicada por el sistema de coparticipación federal”. Cuestiones similares aparecen en las otras denuncias. Según Ramos Padilla, de la Constitución se desprende que hay que evitar que intervenga un tribunal inferior cuando hay "un marcado interés de las provincias". Los cierto es que si este asunto fuera a parar a la Corte habría otro entuerto, ya que los supremos se deberían excusar.
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