viernes, 16 de septiembre de 2022

Un "paquete sospechoso" en lo del juez Jorge Gorini que terminó siendo fruta

La custodia de Gorini dio cuenta de un paquete caracterizado como “sospechoso” en la calle Llavallol al 2400, del barrio porteño de Villa del Parque, donde vive el magistrado. La policía realizó una detonación controlada.


Un paquete caracterizado como “sospechoso” fue hallado ayer a la mañana sobre el frente donde vive Jorge Gorini, uno de los jueces a cargo de la causa Vialidad que juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner. 

El hallazgo despertó las alertas, concitó la atención de la prensa y hasta allí se movilizó el Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad. Se cerró la zona, valló un perímetro prudencial y aplicó la técnica de “explosión controlada” sobre el bulto: tenía frutas.

El hecho ocurrió en la vivienda ubicada sobre la calle Llavallol al 2400, del barrio porteño de Villa del Parque, cuando alrededor de las 8:30 fue visto en el ingreso al garaje de la casa del magistrado un envoltorio cilíndrico negro embalado con cinta.

La custodia de Gorini dio cuenta de ello a la Comisaría Vecinal 11 que arribó al lugar, constató la presencia del paquete, interpretó que podría tratarse de artefacto amenazante y ante la duda dio aviso al escuadrón especializado en explosivos.

Los expertos en seguridad y bombas constataron la presencia del objeto, lo caracterizaron como "sospechoso", despejaron el lugar de curiosos, periodistas y camarógrafos que se habían convocado con premura y realizaron los pasos del protocolo establecido para los casos de amenazas.

Una vez ratificada la sospecha, se procedió a la detonación controlada del envoltorio para saber si su contenido era peligroso. Era fruta o bien, como lo dijeron los voceros policiales, “sustancias símiles a frutos”.

Al momento de los hechos, se informó que en la vivienda estaban los dos hijos de Gorini, quien junto con Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso integra el Tribunal Oral Federal número 2 que tiene a su cargo la causa por presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz por la que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos.

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