La causa conocida como "Vialidad" continuará con una ronda de alegatos finales de los 13 imputados. Se espera un primer fallo para febrero del 2023.
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Los jueces del TOF N° 2 que deben fallar por la Causa Vialidad: Andrés Basso, Jorge Gorín y Rodrigo Giménez Uriburu. |
Tras el pedido de 12 años prisión del patético, impresentable, servil y corrupto fiscal Diego Luciani contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada "Vialidad", ahora el proceso judicial continuará con los alegatos de todos los acusados a partir del próximo 5 de septiembre.
Luciani y su fiscal colaborador Sergio Mola intervinieron en el juicio oral y pidieron penas de prisión de entre 3 y 12 años para los imputados. Además solicitaron la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos a quienes se hayan desempeñado en la función pública.
El Tribunal Oral Federal N° 2 presidido por Rodrigo Giménez Uriburu definió que los alegatos de las defensas comenzarán dentro de 14 días, el lunes 5 de septiembre desde las 8:30 hs. Antes, el TOF 2 finalmente le rechazó este lunes el pedido realizado por la vicepresidenta para ampliar su declaración indagatoria. Era una postura esperable porque no es habitual este permiso en medio de los alegatos en los debates orales.
También hizo lugar a un pedido de prórroga de la defensa de Lázaro Báez, a cargo del abogado Juan Villanueva, por lo que se alteró el orden de las exposiciones de los alegatos finales, antes de pasar a la etapa de veredicto.
En ese marco, el Tribunal dispuso en una resolución que en lo sucesivo las defensas efectúen sus alegatos en el siguiente orden:
1º) Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, con pedido de 3 años de prisión en suspenso, por administración fraudulenta.
2º) Mauricio Collareda, ex responsable del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV, con pedido de 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
3º) Raúl Daruich, ex responsable del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV, con pedido de 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
4º) Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, con pedido de 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público, como organizador de la asociación ilícita y por administración fraudulenta.
5º) Abel Fatala, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, con pedido de 4 años de cárcel.
6º) Cristina Fernández de Kirchner, ex mandataria y actual vicepresidenta, con pedido de 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como supuesta jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada.
7º) Lázaro Báez, empresario, con pedido de 12 años de cárcel por ser organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta, en calidad de partícipe.
8º) Carlos Kirchner, ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal: con pedido de absolución por el delito de asociación ilícita y de condena a dos años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad.
9º) José López, ex secretario de Obras Públicas, con pedido de 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con la administración fraudulenta.
10º) Raúl Pavesi, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, con pedido de 5 años.
11º) Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con pedido de 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita en concurso con la administración fraudulenta.
12º) José Santibañez, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, con pedido de 4 años de prisión.
13º) Juan Carlos Villafañe, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, con pedido de6 años de prisión por administración fraudulenta.
Fuentes judiciales no pueden precisar con exactitud cuándo pueden terminar las rondas de alegatos de los acusados, pero se estiman que podrían llegar hasta fin de año. Cada uno de los acusados posee tres audiencias cada uno para dar su "última palabra". La pueden usar ellos mismos o sus abogados. Luego, será el turno del trabajo de los jueces Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorin, quienes como integrantes del TOF 2 deberán expedirse en un fallo condenatorio o absolutorio, lo que podría ocurrir recién a partir de febrero o marzo de 2023, luego de la feria judicial de verano.
Una vez conocida esa sentencia, los tiempos judiciales se definirán por las posibles apelaciones y recursos de queja, que deberán ser analizados por la Cámara de Casación Penal. Ese plazo se podría extender durante casi todo el año 2023, si es que la Justicia recorre los caminos habituales de los procesos y no acelera por motivos políticos o electorales. En esta instancia se puede abrir un abanico innumerable de opciones, con recusación de jueces, pruebas, procedimientos, etc., lo que podría, incluso, extender los tiempos al 2024.
Una vez que se conozca el fallo de la Cámara de Casación, los acusados tendrán la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, última instancia judicial del país. Si esto sucede, en los pasillos de Inodoro Py estimaron que la sentencia definitiva podría llegar a fines del 2024 o principios de 2025.
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