Relevaron a la titular de la AFI de la obligación de guardar secreto, para que pueda declarar en la causa por el espionaje ilegal macrifascista

Cristina Caamaño quedó habilitada para testimoniar en la investigación que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. Declarará como testgo en relación a una entrevista publicada por el diario Tiempo Argentino el 25 de diciembre pasado.

El Gobierno relevó a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, de la obligación de guardar secreto y confidencialidad para que declare en una causa en la que se investiga si ex agentes del organismo cometieron maniobras de espionaje ilegal durante la infame administración de Miauricio Macri.

A través del Decreto 139/2022 publicado ayer en el Boletín Oficial, la funcionaria quedó "relevada de la obligación de guardar secreto y confidencialidad en los términos establecidos en la Ley de Inteligencia Nacional 25.520" para que pueda dar testimonio en la investigación que lleva el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

No obstante, la normativa aclara que "la dispensa no contempla la posibilidad de que se pronuncie acerca de nombres de agentes, datos del organismo, servicios colaterales y/o cualquier otra circunstancia que, por no guardar estricta vinculación con el objeto del proceso, pudiera vulnerar la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación".

Leandro Araque y Facundo Melo son los exespías que están acusados de organizar seguimientos ilegales cuando la AFI estaba conducida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La interventora de la AFI estaba citada a declarar ayers, pero hizo saber al juzgado que hará uso de la prerrogativa de hacerlo por escrito y por eso se le enviará un pliego de preguntas, según informaron fuentes judiciales.

A Caamaño se la citó como testigo en relación a un reportaje publicado por el diario Tiempo Argentino el 25 de diciembre pasado y se le informó que para eso "deberá ser relevada de la obligación de guardar secreto en los términos de la Ley 25520", decisión que se adoptó mediante el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.