“No puede la más alta magistratura del Estado, atropellar los postulados de nuestra Constitución Nacional”, destacó el legislador nacional y agregó que modificar los derechos de exportación es potestad del Congreso y no del Ejecutivo.
“Acabo de denunciar penalmente al presidente Alberto Fernández por su atropello a la Constitución Nacional. La suba de retenciones anunciada es facultad del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Soy Diputado para representar y defender a los argentinos y no voy a tolerar el abuso de poder”. Ese es el texto que tuiteó ayer a la tarde el servil diputado Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía y uno de los referentes económicos del interbloque de Juntos por el Cambio. Además, fue el único legislador de ese espacio que votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario en la Cámara Baja.
“Acabo de denunciar penalmente al presidente Alberto Fernández por su atropello a la Constitución Nacional. La suba de retenciones anunciada es facultad del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Soy Diputado para representar y defender a los argentinos y no voy a tolerar el abuso de poder”, agregó el hijo de puta.
Para el sorete, el jefe de Estadoo violó el artículo 248 del Código Penal, que expresamente establece: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Y explica que la potestad excepcional de la llamada ley de emergencia tuvo vigencias hasta el 31 de diciembre de 2021. Es el mismo argumento que ya había usado el campo para impugnar la suba de retenciones.
Además de las cuestiones técnicas, dice López Murphy, existen obligaciones éticas por parte de los funcionarios públicos, como ”cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno”.
El sábado pasado, por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial, y con el objetivo de “mitigar el impacto de la situación” en Ucrania y evitar que la invasión a ese país afecte a los precios locales de los alimentos, el Gobierno confirmó el aumento a las retenciones para la harina y el aceite de soja y creó un Fondo de Estabilización del Trigo, para controlar “el costo de la tonelada” de ese producto.
El primero de estos documentos fue firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Así, hasta el próximo 31 de diciembre, se incrementó la alícuota del derecho de exportación que pagan determinados alimentos, entre los cuales están la harina y el aceite de soja, que pasarán de abonar el 31% al 33 por ciento. Además, aumentó en un 1% las retenciones al biodiésel que ahora pasará a tributar 30%.
En los considerandos, las autoridades nacionales sostuvieron que “la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania ha afectado en forma significativa el abastecimiento global de productos agrícolas”. Al respecto, señalaron que “ambas naciones aportan a la seguridad alimentaria total mundial el 28% del comercio internacional de trigo, el 19% del de maíz y el 78% del de aceite de girasol, afectando, particularmente, a dichos mercados, impactando sus precios internacionales y alcanzado alzas históricas”.
“Siendo la República Argentina un relevante proveedor global de estos productos, se hace necesario alentar a los productores” a que “continúen creciendo” en la venta al exterior de estos cereales y esta oleaginosa “que el mundo demanda”, agregaron.
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