El ministro de Justicia se refirió al fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura. "Es una extorsión sin precedentes en la historia del país", afirmó ante un plenario de Comisiones de la Cámara de Senadores que trata los proyectos sobre el tema.
Martín Soria dijo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura "es una extorsión sin precedentes en la historia del país".
"El fallo de Corte pone en jaque la división de poderes. Es un acto político extorsivo", expresó el ministro de Justicia y Derechos Humanos ante los senadores.
Un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta comenzó a debatir ayer a la tarde proyectos de ley que apuntan a introducir cambios en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación. La reunión contó además con la presencia del del presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.
El proyecto
El Frente de Todos impulsa el tratamiento de la iniciativa enviada por la administración de Alberto Fernández sobre la composición del cuerpo de juristas que tiene el deber constitucional de controlar y sancionar, si es necesario, la actividad de los magistrados del sistema judicial.
El interbloque de Juntos por el Cambio adelantó que irá a la reunión con un proyecto propio que amplía el Consejo a 20 miembros (actualmente son 13), y establece que la presidencia esté cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, algo a lo que el oficialismo se opone.
La oposición también propone como miembros a cuatro jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación, elegidos por sistema D'Hont, ocho legisladores nacionales, cuatro por cada Cámara, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Gobierno, y otros dos del ámbito académico y científico.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y sobre el que girará la discusión en las comisiones, propone en tanto elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo.
La iniciativa oficial suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que actualmente cuenta el Consejo, e incorpora la perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a convencionales internacionales.
Establece que haya además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres.
El estamento de los abogados tendrá cuatro representantes (hasta el momento eran tres) elegidos por el voto directo, según el sistema D'Hont, de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las cámaras federales con asiento en las provincias. De ellos al menos dos deberán ser mujeres.
También integrará el organismo un representante del Poder Ejecutivo nacional, y dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo). Uno de ellos, al menos, será mujer.
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