El Gobierno envía al Congreso una norma de fomento a la agroindustria. Se articuló con el Consejo Agroindustrial, la rama negociadora del sector, y prevé beneficios impositivos para las exportaciones con agregado de valor.
El Gobierno busca cerrar una semana de nuevos vínculos con el sector rural con un proyecto que le apunta directo al campo negociador y generador de valor agregado.
Tras cerrar un acuerdo por las exportaciones de carne con los productores primarios, enviará este jueves al Congreso un ley que venía trabada por la evaluación de costos fiscales: la referencia es al "Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador", un texto que casi todas las patas del Frente de Todos consensuaron con el Consejo Agroindustrial (CAA), una entidad joven que agrupa a los exportadores de cereales de CIARA-CEC, a las Bolsas de granos de todo el país , a parte de la Unión Industrial, a tres de las patas de la Mesa de Enlace y casi la totalidad de las economías regionales. A grandes rasgos, la norma se enfoca en pasar de exportar 65 mil millones de dólares anuales a 100 mil millones en el mediano plazo; y la creación de 700 mil empleos adicionales.
La iniciativa, que prevé incentivos impositivos para las exportaciones con agregado de valor para salir de la primarización agropecuaria, se destrabó tras la llegada de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura y luego de varias reuniones que mantuvo con sus pares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán.
La primera funcionaria que recibió la norma en sus manos fue la vicepresidenta, Cristina Fernández, cuando la visitaron los popes del CAA, entre ellos José Martins, titular de la Bolsa de Cereales, y Gustavo Idigoras, el jefe de los exportadores de granos. De allí corrió a un encuentro con el presidente, Alberto, Fernández, en la Quinta de Olivos, y hasta las oficinas de Sergio Massa en la avenida del Libertador. En paralelo, los autores se la acercaron a 11 gobernadores del interior y a referentes parlamentarios de la oposición, con la idea de tener una ley consensuada ampliamente.
En este contexto, el Gobierno hará un acto este jueves por la tarde en el Museo el Bicentenario, junto al sector y dirigentes empresarios de varios rubros, para firmar el envío de la norma al Parlamento. "Es importantísimo, sobre todo por el tiempo de trabajo que tiene. Queremos que todo lo que sea de debate, se haga en el Congreso, para así avanzar", sintetizó una fuente de la Casa Rosada.
La norma incluye reducciones impositivas para la compra de semillas fiscalizadas y fertilizantes, diferimiento anticipado de IVA para nuevas inversiones y amortización acelerada de proyectos de inversión en generación de valor. Naturalmente, la ley tiene objetivos de cumplimiento, como los volúmenes de venta, producción física, exportaciones, cantidad de personal ocupado e inversiones realizadas. Un paquete para lograr la desprimarización del campo. Desde el ámbito oficial aseguran que, a priori, "la letra final va a ser la misma, quizás con algun cambio mínimo".
El sector agroindustrial representa hoy el 17 por ciento del PBI en todo el país y el 65 por ciento de las exportaciones nacionales. Ergo, es una máquina de generar divisas, factor que por los precios internacionales récord le permitió al Gobierno reforzar este año las arcas del BCRA con ingresos genuinos. Además, el incremento en las exportaciones y cantidad de empleos de la ley podrían contribuir a sacar al país del problema eterno de la restricción externa.
Pero el acuerdo por la norma es, además, un win-win político para los privados y el Gobierno Nacional. El Consejo Agroindustrial es un organismo que, en plena balacera del Ejecutivo y los productores, se erigió como interlocutor posible con la política y rompió lo que otrora era un agro 100 por ciento opositor al peronismo.
No fue poco para el Gobierno, habiéndose comprobado en hechos la penetración de Cambiemos en una parte de la Mesa de Enlace y en los autoconvocados.
El Consejo puso en debate la hegemonía de representación que tenía la ruralidad, para constituirse en un actor que, como todo el establishment, persigue intereses propios, pero con una particularidad: el consenso con los que toman decisiones en la política. En este escenario, le facilitó al Gobierno una tarea que le hubiese costado apoyos y relaciones.
En su momento, el armado del CAA generó ruido porque entró a la cancha tirando caños con el partido 5 a 0: su primera aparición fue con una foto de los directivos en el despacho de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, todo un golpe de efecto simbólico para un sector que lo tomó como una afrenta.
Por Leandro Renou para Página/12
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