Gasto social, jubilaciones, subsidios a las tarifas y obra pública son las cuestiones más ríspidas. Necesidades fiscales versus urgencias políticas.
La derrota del oficialismo en las PASO cambió completamente el mapa político. A tal punto que al revés de lo que ocurre habitualmente, el ministro de Economía tendrá que poner más énfasis en defender el proyecto de presupuesto ante los legisladores de su propio sector que ante los de la oposición.
Por eso, a diferencia de otras ocasiones, Martín Guzmán se tomó unos días antes de concurrir a la Cámara Baja a explicar los aspectos generales de la iniciativa.
La idea es esperar a que baje la espuma desatada por los resultados del 12 de septiembre y recién después sentarse ante los diputados. Mientras tanto, se intensifican los mensajes cruzados sobre la suerte parlamentaria que le espera al proyecto; o mejor dicho, las presiones para que haya cambios en la política económica del Gobierno.
“Creo que es razonable que conozcamos los anuncios en materia económica y social, ya que algunos o muchos van a tener impacto presupuestario más allá del 31 de diciembre. Antes, probablemente, el propio Ejecutivo haga ajustes al presupuesto sobre la base del impacto de las próximas medidas”, dijo el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, preparando el terreno para posibles modificaciones.
En el Frente de Todos, la lectura (la principal, aunque no la única) sobre el resultado de los comicios es que la gente mostró su disconformismo con la falta de empleo y los magros ingresos. Por eso insisten con la necesidad de inyectar dinero en la economía, asegurándose de que la ayuda llegue a los sectores más necesitados, más allá de la búsqueda de Guzmán por reducir el déficit fiscal de 4,5% a 3,4% del PBI. “Los números de la economía tienen que cerrar con la gente adentro”, afirmó en las últimas horas Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y referente camporista.
Buena parte de las críticas se la lleva la licuación en los fondos destinados al pago de prestaciones sociales y en particular de haberes a jubilados y pensionados, que en agosto de este año cayeron 12,6% y 4,2% con relación al año pasado, descontada ya la inflación. En los polémicos audios que se filtraron (y por los que luego pidió disculpas públicas), la diputada Fernanda Vallejos había reclamado que “lo mínimo que (Guzmán) puede hacer es modificar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para las jubilaciones y calzarla con la recaudación general”.
En el Palacio de Hacienda contraatacan con los números de las planillas anexas al Presupuesto: dicen que para el año entrante los gastos en Seguridad Social suben 3,8% por encima de la inflación proyectada y que en Promoción y Asistencia Social la mejora real es de 12,5%. También mencionan la asistencia directa a familias en el marco de lo que llaman “paquete Covid segunda ola”, que entre tarjetas Alimentar, planes Potenciar, becas Progresar y bonos extraordinarios a jubilados y pensionados insumieron $ 315 mil millones en 2021.
Otro tema que preocupa al Frente de Todos es la pretendida reducción en los subsidios al uso de servicios públicos, lo que podría redundar en fuertes incrementos en los cuadros tarifarios de electricidad, gas y transporte. “Uno puede prever matemáticamente cuál debería ser el aumento, pero también tiene que ver cómo está la sociedad”, dijo el presidente del bloque de Diputados, Máximo Kirchner. Para no confrontar con él, desde Economía dijeron que se plantea una “segmentación en el subsidio de las tarifas que permita construir un esquema más progresivo y seguir acompañando a los sectores que lo requieren a través de un uso eficiente de los recursos del Estado”.
En cuanto a la obra pública, rubro que siempre es considerado un dinamizador de la economía, las dudas no están en los fondos destinados a ese fin (pasarán de 2,2% a 2,4% del PBI) sino en el ritmo con que se lleva adelante: en agosto el grado de ejecución del Presupuesto 2021 no superaba el 50%. El lunes hubo una reunión entre Guzmán y su par del área, Gabriel Katopodis, para buscar maneras de optimizar la gestión.
Con tal grado de ebullición en el seno del oficialismo, a Juntos por el Cambio sólo le quedó cuestionar las previsiones macroeconómicas. La mayoría de los legisladores opositores desconfía de que la inflación anual se mantenga en el 33% comprometido. El mal antecedente de este año (la suba de precios de 29% anual que preveía el gobierno se agotó en apenas siete meses) siembra más dudas al respecto.
Por Marcelo Di Bari para Tiempo Argentino
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