La misma magistrada la había decretado la semana pasada. Su nueva decisión vuelve a dilatar un proceso que lleva 20 años y va en línea con la estrategia de los Macri. La reacción del procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
Una situación escandalosa envuelve al expediente comercial del Correo Argentino. Marta Cirulli, la misma jueza que la semana pasada decretó la quiebra de la empresa, dejó ahora el proceso en suspenso ante la apelación de la firma de los Macri.
Se supone que esta situación se prolongará cuanto menos hasta que la Cámara Comercial tome una resolución, pero todo hace suponer que el plan es que este proceso que ya lleva 20 años se dilate por mucho tiempo más y continúe impaga la deuda millonaria.
"¡Es algo inexplicable! Hace seis días la jueza desconoció personería a los directivos de la sociedad y los trató de ´ex´ y ahora hace esto. Recurriremos", dijo el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Tanto Cirulli como las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, que también comenzaron a retroceder esta semana, habían sido presionadas públicamente por Miauricio Macri Blanco Villegas.
La semana pasada la jueza Cirulli decretó la quiebra del Correo Argentino en duros términos, en un fallo donde adjudicaba a la empresa y sus accionistas un intento por perjudicar al Estado al reclamar excluirlo del proceso como acreedor y donde enumeraba una gran cantidad de maniobras y manejos en el expediente. Además ponía en evidencia las operaciones de vaciamiento en favor de otras empresas del grupo como Socma y Sideco, la posible manipulación de balances y el acuerdo sospechoso con el Meinl Bank, que compró en 2005 la mayor parte de la deuda privada y hoy es un banco acusado de lavado que no puede operar.
Son todas cuestiones que hace tiempo venía denunciando la fiscala Gabriela Boquin. Se suponía que después de esa sentencia, el Correo sería desapoderado de sus bienes, de sus cuentas y de la posibilidad de seguir juicios contra el Estado por sí mismo (una apuesta fuerte que hizo después de la expropiación en 2003). Todo esto permitiría investigar mejor y la perspectiva sería la extensión de la quiebra al menos a Socma. Pero ahora quedará todo entre paréntesis.
El presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y el representante Jaime Kleidermacher, apelaron la quiebra como era esperable, pidieron la nulidad y expresamente que "el recurso sea concedido en relación y con efecto suspensivo". La jueza aceptó este miércoles esa petición, pese a que podría entrar en contradicción con lo que dice el artículo 97 de la Ley de Concursos y Quiebras: "La interposición del recurso no impide la prosecución del proceso...". Pero Cirulli ahora dice: "...me encuentro constreñida -por sobre cualquier otra interpretación- a observar el mandato jurisdiccional referido. En su declaración de quiebra, como reflejó este diario, había dicho: “Invertí todos los esfuerzos jurisdiccionales imaginables para tutelar el interés de la totalidad de los sujetos comprendidos en el procedimiento, cual se puede percibir fácilmente de una detenida lectura de la causa principal y de los Incidentes de Investigación aún en trámite (...) Concluyo la cuestión de la única forma legal posible, sin ningún margen de duda”.
La nueva concesión de la jueza al Correo ocurre, además, un día después de que se conociera un nuevo informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) presentado en la causa penal que tramita en Inodoro Py donde se investiga el acuerdo por el cual el nefasto régimen del propio hijo bobo de Franco Macri apostó a condonar la deuda. Ese informe insiste dato crucial: se intentó una quita de por lo menos el 92% de todo lo adeudado por la empresa y a ese número se llaga aún con 126 fórmulas que analizan escenarios variables con distintas tasas de interés. Dos de los imputados en esa causa son los propios Cibils Robirosa y Kleidermacher, que consiguieron ahora la suspensión de la quiebra. También está imputado el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y su ex director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa.
La sala B de la Cámara Comercial tiene, formalmente, 60 días para resolver la apelación. Antes le deben correr vista a la fiscala de Cámara, Boquin. Pueden ser 60 días más, que siempre para la justicia son hábiles, por ende son bastante más de cuatro meses mínimo. Lo cierto es que todo está enrarecido en esta causa y ya antes de la decisión de Cirulli una resolución de las camaristas Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini del martes a última hora, que también reveló este diario, hacía suponer que se venía otro capítulo de grandes embrollos y dilaciones, siempre favorables al Grupo Macri que siegue sin pagar su deuda calculada en 6000 millones de pesos.
Con todo esto, ahora se abren dos capítulos cruciales, que podrían seguir generando enormes demoras:
🔴 Queda pendiente un fallo de la Corte Suprema que defina si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, al que los Macri recurrieron en busca de jueces/zas afines, hizo bien en meterse por la ventana en el expediente del concurso de acreedores del Correo y si podría incluso intervenir hasta en la revisión de la quiebra. Queda pendiente en esta discusión también el pedido ante los cortesanos y cortesanas de la Ciudad para lograr el apartamiento de Cirulli y a la fiscala Boquin.
🔴 La Cámara Comercial deberá resolver la apelación de la quiebra, pedida por le Correo. El antecedente más alarmante es que este misma sala del tribunal, con las dos juezas señaladas por Macri Blanco Villegas como para ejercer presión sobre ellas, tuvieron el expediente del concurso de acreedores en un cajón durante 9 años, parte del juego desde el propio Poder Judicial, que permitió que el caso haya cumplido dos décadas sin resolución.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
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